La jueza federal de distrito Stephanie Gallagher, de Maryland y nombrada por Donald Trump durante su primer mandato, ha ordenado a la Casa Blanca que devuelva a Estados Unidos a un inmigrante deportado indebidamente el mes pasado a El Salvador. El expulsado, un venezolano de 20 años identificado como Cristian, entró al país de forma irregular siendo un menor de edad no acompañado y solicitó asilo en diciembre del 2022, aunque su solicitud seguía pendiente cuando fue deportado.
Gallagher ha considerado que la Administración Trump ha violado un acuerdo judicial vinculante y aprobado el año pasado por un tribunal, en virtud del cual EE.UU. se comprometió durante el mandato de Joe Biden a no deportar a los inmigrantes que llegaran al país como menores no acompañados hasta que se resolvieran sus solicitudes de asilo.
Su deportación indebida se asemeja al mediático caso del salvadoreño Kilmar Ábrego García, residente en Maryland, que también fue expulsado por un “error administrativo” a El Salvador a pesar de que otra orden judicial del 2019 prohibía al Gobierno enviarlo allí, donde enfrenta amenazas de muerte.
A pesar de que el caso llegó al Tribunal Supremo, que ordenó a la Casa Blanca que “facilitara” su retorno a EE.UU., la Administración Trump se ha negado a hacerlo, alegando que no tiene autoridad para traerlo de vuelta, y el gobierno salvadoreño liderado por Nayib Bukele tampoco tiene ninguna intención de liberarlo, como expresó la semana pasada desde el despacho oval.
La jueza de este nuevo caso ha citado el de Ábrego García en su fallo. Tanto Cristian como Kilmar estaban entre los cientos de inmigrantes que fueron enviados sin el debido proceso a la megaprisión antiterrorista de El Salvador, el Cecot, en aviones el pasado 15 de marzo.
Trump los deportó en virtud de la ley de Enemigos Extranjeros, de 1798, prevista para tiempos de guerra y que permite la deportación sumaria de personas de países con los que EE.UU. está en guerra, que han invadido el país o que han participado en “incursiones depredadoras”. Tan solo se había utilizado hasta el momento durante la guerra con Reino Unido en 1812 y las dos guerras mundiales.
Después de que un juez federal bloqueara dichas deportaciones, la Casa Blanca desobedeció la orden alegando que el presidente tiene la autoridad sobre la Seguridad Nacional. Trump alega que los deportados pertenecen a las bandas criminales del Tren de Aragua y la MS-13, a las que designó como organizaciones terroristas, aunque no ha presentado evidencia de ello, según la justicia. El viernes pasado, el Tribunal Supremo frenó la deportación de otro grupo de venezolanos a El Salvador en virtud de esta ley.
A diferencia de Ábrego García, que nunca ha sido acusado de ningún delito, Cristian sí fue condenado por posesión de cocaína
En el caso de Cristian, el Departamento de Justicia argumentó que la invocación de esta ley del siglo XVIII sustituía al acuerdo judicial del año pasado que protegía al venezolano de su deportación mientras tramitaba su solicitud de asilo. Sin embargo, la magistrada Gallagher rechazó el argumento, ordenando a la Administración a “facilitar el regreso de Cristian a EE.UU. para que pueda recibir el proceso al que tiene derecho”.
Ha usado, de este modo, la misma palabra que el Supremo en la orden de retorno de Ábrego García: “facilitar”. La Casa Blanca alega que eso requiere la voluntad del Gobierno de El Salvador para que el salvadoreño regrese al país, pero en el caso del venezolano, Gallagher se ha encargado de rechazar esa interpretación.
“Quedarse de brazos cruzados y no tomar medidas no es facilitar. En casos anteriores de personas expulsadas indebidamente, los tribunales han ordenado, y el Gobierno ha tomado, medidas afirmativas para facilitar el regreso”, escribe la magistrada en su fallo. De este modo, la Administración Trump debe presentar “una solicitud de buena fe al Gobierno de El Salvador para que libere a Cristian y lo ponga bajo custodia estadounidense”.
A diferencia de Ábrego García, que nunca ha sido acusado de ningún delito, Cristian sí fue condenado en Texas por posesión de cocaína. Tras ser declarado culpable, los agentes migratorios lo detuvieron en enero de este año, pocos días antes de la investidura de Trump. Sin embargo, eso no lo convierte en un terrorista, o un “enemigo extranjero”, ni le destripa del derecho al debido proceso, es decir, a presentar su caso ante un juez y resolver su solicitud de asilo antes de ser deportado.
