La práctica sin teoría es ciega. Esta lección, que nos dejó al filósofo alemán Immanuel Kant, nos recuerda que teoría y práctica son elementos indisolubles y su interrelación se vuelve fundamental para el progreso. En el ámbito normativo, las leyes proporcionan el marco para garantizar el ámbito de actuación efectiva. La falta de un marco regulador actualizado, ha sido, por desgracia, como han operado las cámaras de comercio catalanas durante la última década.
Esta situación se remonta al año 2014, cuando el Estado aprobó un nuevo marco normativo sobre estas organizaciones que consolidaba algunos cambios sustanciales en su funcionamiento y financiación. Esta Ley permitía a las comunidades autónomas regular la actividad cameral según las particularidades territoriales. No obstante, Catalunya, no efectuó esta actualización.
El vacío normativo ha castigado las cámaras, teniendo que operar sin la legislación adecuada que definiera claramente sus funciones y competencias, pero muy especialmente, su sistema de financiación. Su función público-privada requiere la garantía de una financiación estructural básica por parte de la Generalitat que cubra parcialmente sus gastos, sin esta, su misión, primordial para el tejido empresarial, se ha dificultado bastante y no todo el mundo ha sido consciente.
Durante todo este tiempo, el tejido cameral ha solicitado una ley actualizada, pero no se encontró el consenso fuera del parlamento, ni la voluntad política suficiente para reivindicar su papel troncal en la economía y en el mundo empresarial. Un proceso tan largo y complejo como infructuoso, que, por suerte, parece que ha cambiado de signo. A pesar de haber vivido este déficit histórico, las cámaras han seguido operando con recursos limitados, pero este hecho no ha hecho temblar a los centenares de empresarios que las gobiernan y participan, dedicando un tiempo de carácter altruista, demostrando su comprometida vocación de servicio.
Es importante que recordemos que la empresa es el pilar central de la economía. Las cámaras son las organizaciones más estrechamente vinculadas al desarrollo empresarial y promueven la defensa de los intereses generales de la economía, por lo tanto, garantes de la mejora de la sociedad y de la calidad de vida de los ciudadanos del país. Un país empresarialmente fuerte es un país mejor para trabajar y vivir.
Hoy tenemos motivos para ser optimistas, las trece cámaras catalanas han consensuado una propuesta de ley, que no solo desarrolla con detalle la misión y las funciones de las cámaras, sino que resuelve aspectos fundamentales para seguir prestando servicios. Hay que felicitarse, pues esta, es una propuesta dialogada y consensuada con las principales organizaciones patronales y sindicatos de Catalunya, después de una larga interlocución, y que cuenta también con el apoyo del Govern, estando presentada conjuntamente por los cuatro partidos mayoritarios del Parlament, que representan al 90% de los diputados.
Ahora queda el último paso: su tramitación y, esperamos, aprobación definitiva.
El prestigio de las cámaras de comercio es ampliamente reconocido en todo el mundo. Nacidas hace casi 150 años, herederas del Consulat de Mar y de las Juntes Generals de Comerç, una tradición de siete siglos que ha contribuido a hacer de Catalunya una economía abierta y adelantada, son corporaciones de una gran resiliencia que se han adaptado a las necesidades que demandaban a las empresas, porque son gobernadas para las mismas empresas y hablan, no solo, en nombre de los empresarios, sino también lo hacen en nombre de sus trabajadores y del conjunto del tejido económico. Como decía el presidente Negre, las cámaras son el parlamento de las empresas.
