María Jesús Montero es una mala elección como candidata socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía. Compatibilizar su papel de agitadora política con el de hasta esta semana vicepresidenta primera y ministra de Hacienda casaba mal, sobre todo si además es la número dos del PSOE. Que quien te pida el voto sea la misma persona que te sube los impuestos no es fácil de asumir. La gestión de esta dirigente ha estado marcada por diversos desafíos. Durante su mandato no presentó ningún presupuesto estatal en toda la legislatura, pese a la obligación constitucional. Además, no logró avanzar en un nuevo modelo de financiación autonómica y defendió una propuesta de financiación singular para Catalunya que fue rechazada por otros territorios, especialmente Andalucía.
Durante casi ocho años de gestión en Hacienda, la deuda pública de España ha aumentado en 500.000 millones de euros, pasando de 1,2 billones en el 2018 a 1,7 billones en la actualidad. El gasto público ha crecido considerablemente, lo que ha sido señalado como “derroche socialista” por sectores de la oposición conservadora. Si bien se han afrontado diversas crisis y situaciones excepcionales, también se ha producido un incremento significativo en la recaudación fiscal al no haberse deflactado los impuestos. Esta situación ha elevado la presión fiscal sobre la clase media trabajadora, ha afectado a su poder adquisitivo y ha repercutido negativamente en la percepción pública de las políticas fiscales implementadas. Como vicepresidenta del PSOE, su desempeño ha sido cuestionado en relación con los casos de corrupción que involucran a José Luis Ábalos, a quien inicialmente defendió, y Santos Cerdán, sobre quien llegó a afirmar que “ponía la mano en el fuego”. Ni ella ni Pedro Sánchez, asumieron responsabilidad alguna; únicamente afirmó que desconocía los fraudes cometidos y el impago de impuestos a Hacienda. Respecto a los casos de acoso y abusos sexuales denunciados, otro tanto de lo mismo.
Por el contexto histórico, Montero enfrenta dificultades. El PSOE gobernó Andalucía durante 36 años seguidos, pero en el 2019 se desplomó electoralmente tras los escándalos de corrupción, incluido el caso ERE, con una malversación de fondos públicos por 679,4 millones de euros. Aunque ella no fue implicada judicialmente, su paso por la Junta mientras ocurría el fraude afecta a su imagen como candidata.
Las últimas encuestas muestran que el PSOE podría ser la tercera fuerza en Andalucía por detrás de Vox en cuatro provincias. El PP de Juanma Moreno está cerca de alcanzar la mayoría absoluta el 17 de mayo. Solo el liderazgo de Pedro Sánchez aglutinando el voto de la izquierda bajo el lema “No a la guerra” podría revertir esta situación. Montero fue elegida por Pedro Sánchez como candidata en Andalucía, a pesar de tener pocas posibilidades de ganar. El mismo patrón que usó con Pilar Alegría en Aragón y probablemente utilizará con Óscar López en Madrid.
¿Por qué esta operación territorial? Según me comentó Jordi Sevilla, que fue su hombre de máxima confianza, el presidente del Gobierno sabe que va a perder las próximas elecciones generales y que tendrá que dejar el poder para convertirse en jefe de la oposición. En ese momento, el PSOE celebrará un congreso que Sánchez pretenderá ganar por amplia mayoría. Para eso tiene que eliminar a los dirigentes críticos a su gestión y controlar sus territorios como Extremadura, Madrid, Andalucía o Aragón. Dirigentes socialistas afirman que Pedro Sánchez está convencido de que un gobierno encabezado por Feijóo y Abascal duraría poco más de una legislatura, obligando al PP a seguir los intereses de Vox. Creen que la izquierda tiene la oportunidad de aprovecharlo para oponerse con fuerza y preparar el regreso al poder, donde Sánchez, más joven y experimentado que el líder popular, podría liderar otro mandato del PSOE. Feijóo solo sería un alto en el camino.
