Los sindicatos cuentan con dos buenas cartas para forzar la revisión de la legislación española sobre la indemnización por despido, las dos resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) del Consejo de Europea emitidas a petición de UGT y CC.OO., pero topan con la oposición frontal de la patronal y, más importante, con un Gobierno en el que la parte socialista no tiene ningunas ganas de abrir un nuevo melón. El Ministerio de Trabajo, el más implicado, sí que ha manifestado su intención de convocar una reunión de la mesa de diálogo.
Ante este panorama, Unai Sordo, secretario general de CC.OO., ha instado a la CEOE a obrir una mesa de negociación formal, con la advertencia de que, si no se avienen, se abrirá “una guerra de guerrillas judicial, una batalla jurídica” que, considera que supondrá “condenar a las empresas a un escenario de inseguridad jurídica”. Es el argumento que quiere hacer valer el sindicato. Sin cambios en la legislación, confía en que los tribunales ya tengan en cuenta las resoluciones del CEDS, que califican de insuficiente y no disuasorio la actual indemnización por despido improcedente y que apliquen ya estas resoluciones en sus sentencias.
Esta advertencia sería el plan B y que podría estar en parte condicionada por el pronunciamiento que se espera en julio del Tribunal Supremo sobre la aplicación por los jueces españoles de las resoluciones del CEDS sobre la indemnización por despido. Aunque en CC.OO. insisten en que “si no nos dan la razón, no se acaba ahí”, porque consideran que sea cual sea la posición del Supremo, no puede impedir a los jueces tener en cuenta las resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales.
Sin embargo, el plan inicial pasa por negociar primero con UGT una propuesta conjunta para modificar el despido en España, en la cual se incorporará dotar a los jueces la posibilidad de que la reparación del despido improcedente pueda resolverse con la readmisión del trabajador, que la indemnización sea suficiente y con efetos disuasorios, y también que se recuperen los salarios de tramitación, que se perdieron en la reforma laboral del 2012.
Mientras, se presionará al Gobierno para que convoque la mesa de negociación. “Hay que abrir inmediatamente una mesa, le encaje o no al Gobierno en su calendario”, ha afirmado Unai Sordo. Un calendario complicado en el terreno laboral, especialmente por la votación en julio en el Congreso de la enmienda a la totalidad de Junts que podría retornar al Consejo de Ministros el proyecto de ley de la reducción de jornada.
Es una ofensiva de los sindicatos para modificar la indemnización por despido a raíz de la resolución que se conoció el viernes del CEDS que consideraba que la legislación española sobre el despido improcedente va en contra de la Carta Social Europea. Lo argumentaba en dos grandes elementos. Uno, que la indeminación prevista es insuficiente y además, no tiene efectos disuasorios; y el segundo, que los tribunales tendrían que tener la opción de decidir la readmisicón del trabajador, una posibilidad que ahora queda exclusivamente en las manos del empresario.
