La lentitud en la liberación de los presos políticos en Venezuela desde que Jorge Rodríguez anunciara la excarcelación de un “número importante” de privados de libertad por delitos de conciencia, lejos de satisfacer las expectativas, ha comenzado a generar una nueva señal de frustración.
A pesar de que el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario del régimen de Venezuela dijo haber puesto en libertad a 116 presos políticos durante los últimos días, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos como el Foro Penal, sólo han podido confirmar unas 40 excarcelaciones, que no son libertades plenas.
Abrazo entre dos familiares que aguardan la liberación de presos políticos en el exterior del centro de detención Zona 7 de Caracas.
Discrepancias
Caracas cifra en 116 las personas liberadas pero las oenegés locales solo han podido confirmar entre 40 y 53 casos
Otra organización denominada Caleidoscopio Humano habla de 53 presos políticos excarcelados, pero en todo caso las cifras de ambas difieren de las oficiales y son bajas si se toma en cuenta el número de detenidos por ese motivo en cárceles venezolanas.
Pero el problema con la liberación de presos políticos es más complejo que la emisión de órdenes de excarcelación. “Un buen número de miembros del chavismo tiene sus propios presos políticos. Cada brazo del poder, cada grupo, tiene sus propios jueces, fiscales, grupos represores y cárceles. Por lo tanto también tiene sus presos. Son su mercancía”, ha dicho en sus redes sociales el activista y periodista venezolano Luis Carlos Díaz.
Para el exfiscal venezolano, Zair Mundaray, la lentitud de las liberaciones también viene motivada por el desconcierto que hay en el Poder Judicial con la salida de Cilia Flores, quien según él era la que lo controlaba. “La ausencia de Cilia Flores es determinante en estas horas”, dijo el abogado en un mensaje en la plataforma X.
Retrasos
El exfiscal Zair Mundaray afirma que la ausencia de Cilia Flroes es clave, pues la esposa de Maduro, ahora en EE.UU., era la controladora de las detenciones
Quienes pagan el coste de esta parálisis son los detenidos y sus familias. El proceso está plagado de sombras: la discrecionalidad en las listas y la permanencia de figuras clave tras las rejas sugieren que el Palacio de Miraflores aún intenta conservar “fichas de negociación”. Tal parece que el valor de los presos políticos es hoy más estratégico que el del propio petróleo, cuyo control fue cedido con mayor celeridad.
La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela afirmó que las excarcelaciones de presos políticos, anunciadas por el gobierno venezolano “están lejos de cumplir con las obligaciones internacionales” en materia de derechos humanos. “Los familiares deben recibir información clara y oportuna sobre el destino, el paradero y la situación jurídica de sus seres queridos”. Nada de eso ha ocurrido hasta ahora y el Gobierno intenta controlar la narrativa de las excarcelaciones.
La imagen de familiares concentrados en las afueras de los penales donde hay presos políticos se repite todas las noches en distintos penales del país desde que se hizo el anuncio difuso de la liberación. No se conoce una lista de quiénes serían beneficiados con la medida ni en qué condiciones sería. Pero hay algo todavía más grave: Según las ONG, entre los presos políticos hay al menos 120 detenidos de los que no hay información sobre su paradero y los familiares no saben ni a cuál cárcel ir porque preguntan y se los niegan.
Las más recientes liberaciones ocurrieron en la madrugada y otras como la de los dirigentes políticos Enrique Márquez y Biaggio Pilieri se produjeron en una plaza del este de Caracas, lejos de su penal de reclusión.
Comunicado
Según la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, la liberación de presos políticos “está lejos de cumplir con las obligaciones internacionales”
En todo este tablero, vuelve a sonar el nombre del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero como mediador. Su cercanía a la cúpula chavista habría sido clave no solo en procesos previos, sino en la salida del país de los cinco ciudadanos españoles recientemente liberados, entre ellos la activista Rocío San Miguel.
Sin embargo, la mayoría todavía no corre la misma suerte. Cerca de 800 personas siguen esperando, entre ellos, los efectivos de la extinta Policía Metropolitana Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina, quienes cumplen ya 23 años en prisión por los sucesos del Golpe de 11 abril de 2002. Son los presos políticos más antiguos de Venezuela y a pesar de tener derecho a beneficios procesales, el sistema les niega sistemáticamente la libertad.
La comunidad internacional observa con cautela un tema que ha generado mucha expectativa por lo que pudiera indicar del devenir del gobierno de Delcy Rodríguez y su posible apertura hacia un proceso de transición democrática. El mismo Donald Trump, que no se caracteriza precisamente por la paciencia diplomática, se ha referido a las excarcelaciones, ha pedido celeridad y lo ha señalado como una victoria personal que le debe ser agradecida por aquellos que han conseguido la libertad.
Pero la lentitud con la que se han producido las liberaciones comienza a levantar suspicacias sobre la efectividad del pacto Washington-Caracas y hasta qué punto la administración postmadurista encabezada por Rodríguez será capaz o estará dispuesta a obedecer al cien por cien las órdenes de la Casa Blanca.
