Vox quiere recuperar el protagonismo y seguir marcando el paso y la agenda al nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Tras unos días en que el nuevo jefe del Consell ha logrado con su nombramiento la configuración de su nuevo equipo y sus primeras visitas institucionales, la formación de extrema derecha quiere volver a imponer sus prioridades en el debate público valenciano. Al contrario que en otras autonomías donde los ultras han forzado las elecciones (la última, Aragón), en la Comunidad Valenciana, han apostado por la continuidad del PP y ahora quieren empezar a sacar partido de su arriesgada apuesta.
Sin haber mermado su confianza en Pérez Llorca, Vox ha esprintado esta semana para presentar una serie de iniciativas en las Corts Valencianes, donde más fuerte se siente, para fiscalizar al Consell y recordarle a Llorca, por ejemplo, que tiene que cumplir con lo que prometió en su discurso de investidura respecto a la inmigración.
Así, el jueves el grupo parlamentario que dirige José María Llanos presentaba una Proposición No de Ley (PNL) en la que pedía al Consell “promover la ubicación de los centros de menores extranjeros no acompañados a las afueras de los centros urbanos, con el fin de que los MENAs no generen problemas de convivencia ni seguridad”. En esta línea, reclamaba “reforzar los protocolos de intervención y disciplina en los centros de internamiento para garantizar la disciplina, el orden y una atención humanitaria, pero en ningún caso privilegiada”. También que los menores extranjeros no acompañados tuvieran la obligación de “asistir a clases de español y de formación básica”.
En una iniciativa parlamentaria, Vox reclama reforzar la disciplina en los centros de menores extranjros
Además, insistía en la necesidad de “publicar estadísticas periódicas relativas a la delincuencia e inseguridad asociada con la inmigración masiva en la Comunitat Valenciana”.
Minutos después, el grupo parlamentario presentaba una batería de preguntas para conocer el coste de la campaña realizada por la Generalitat Valenciana relativa al 25 de noviembre de 2025, ‘Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres’ cuyo lema era ‘Ahora tú’. Y exigía al Consell conocer “las actividades que han realizado durante este último año la ‘Casa de la Diversidad’ y las oficinas del servicio ORIENTA, ubicadas en las provincias de la Comunidad Valenciana y cuál ha sido el importe total de las mismas”.
Una fiscalización que no acaba ahí. Esta semana ha llamado la atención la petición de Vox para que comparezcan en la comisión de investigación de la dana de les Corts Valencianes el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, y dos responsables de la presa de Buseo, una infraestructura titularidad de la Generalitat que se vio seriamente dañada con la riada de hace algo más de un año. Una petición que en su día realizó el PSPV y a la que Vox se opuso.
Un cambio de criterio que ayer el propio afectado, el conseller de Agua y portavoz del Ejecutivo autonómico dijo que no le preocupaba. En la rueda de prensa posterior al pleno del gobierno valenciano, Barrachina explicó que “estará encantado” de acudir pero que poca información podrá él trasladar porque la gestión de la presa está privatizada desde los tiempos del Botànic y es el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, quien preside el comité permanente de gestión de esta instalación. “La información la tiene que dar él”, argumentó. Sin embargo, la petición de comparecencia de Vox va dirigida a él, veremos si el dirigente del PP convence a sus socios.
