El presidente golpista de Corea del Sur cuenta los días que faltan para el regreso de Trump. El destituido Yoon Suk Yeol, atrincherado en su residencia oficial, sigue ignorando las citaciones para declarar sobre su anacrónica y efímera ley marcial de hace un mes.
Sus compinches en el autogolpe están siendo procesados -algunos generales, desde el viernes- y el círculo se estrecha, pero Yoon no está solo.
Pudieron comprobarlo los 120 policías y 30 agentes de la Oficina Anticorrupción enviados el mismo viernes con una orden de arresto, que no pudo ser ejecutada. Frente a ellos había doscientos soldados de una brigada de élite, confundidos con la Guardia Presidencial. El encaramiento duró más de cinco horas, con una segunda línea de tensión formada por decenas de miles de detractores y partidarios de Yoon, separados por 2.700 policías.
Ya entonces el acceso a su residencia estaba bloqueado con autobuses, coches y algún blindado, a escasos metros de la residencia del general Kang, número 2 del Comando de Fuerzas Combinadas Corea-EE.UU.
Este lunes a medianoche expira el mandato de arresto y Anticorrupción barajaba horas antes tres opciones: otro intento, su prórroga o la obtención de una nueva orden judicial. El sábado, un tribunal desestimó la petición de los abogados de Yoon, que la consideraban ilegal.
El mismo sábado, los dos comandantes al mando de la seguridad presidencial desobedecieron la citación para declarar por desacato, alegando estar “muy ocupados”. Han vuelto a ser citados, por separado, el martes y el miércoles.
Sus partidarios agitan banderas de EE.UU. y sugieren sin pruebas que les robaron las legislativas
El presidente en funciones, Choi Sang Mok -antes exministro de Finanzas de Yoon-, ha dicho que se buscará la aplicación de la ley, pero sin violencia
Las nevadas sobre Seúl no han disuadido a miles de manifestantes de uno y otro signo. Aunque son bastantes más -y bastante más jóvenes- los que piden la detención del presidente que pretendía clausurar el Parlamento y disolver los partidos. Casi enfrente tienen a sus defensores, que son los mismos que en 2017 ya salieron a la calle para intentar evitar la destitución de la presidenta Park Geun Hye. Y que, por edad, debieron celebrar también la dictadura desarrollista del padre de esta, el general Park.
Yoon Suk Yeol ha llamado a estos elementos “a luchar” con él “hasta el final”. El círculo de Yoon considera que la orden de detención es “ilegal” y anima a la multitud a reducir a los policías que intenten ejecutarla. El choque de legitimidades es flagrante y la oposición advierte del riesgo de guerra civil.
La prudencia de esta contrasta con las órdenes que dio el propio Yoon para desarticularla, aquella noche del 3 de diciembre. Fue entonces cuando el presidente gritó al comandante de las fuerzas especiales que derribara las puertas del Parlamento y que sacara a rastras a los diputados. Su objetivo era evitar el quórum que podía tumbar su ley marcial, como efectivamente sucedió.
Aquel día también ordenó el asalto a la Comisión Electoral Central, dando pábulo a los youtubers de extrema derecha que propagan sin pruebas que la oposición ganó de forma fraudulenta las legislativas de la primavera pasada.
Un punto de encuentro más entre los partidarios de Yoon y los de Donald Trump. Los primeros ondean ya, junto a la bandera estadounidense, el lema trumpiano “Stop the steal” (Alto al robo). Se trata, en su mayoría, de jubilados que las iglesias evangélicas de matriz estadounidense envían en autocares. También de veteranos anticomunistas.
El presidente golpista es protegido por soldados, mientrasla policía busca en vano su detención
Pocos dudan de que Yoon Suk Yeol -que tiene prohibido salir del país– cometió alta traición, pero este exfiscal general le pone una vela a la judicatura y otra a Trump. El Parlamento no ha logrado aún nombrar a los tres magistrados del Constitucional que podrían decantar la balanza.
Y esta madrugada ha aterrizado en Seúl el secretario de Estado, Antony Blinken, en su última gira, que también le llevará a Tokio. Un tridente frente a Corea del Norte y China que raramente había sido tan afilado. La acusación de “insurrección” -que acarrea cadena perpetua- ya ha sido rebajada a “violación de la Constitución”.
