La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) se ha personado en defensa de los consumidores y usuarios en los procedimientos judiciales contencioso administrativos seguidos con motivo de las sanciones impuestas a las compañías aéreas Ryanair, Vueling, Easyjet, Norgewian y Volotea por presuntas prácticas abusivas como, por ejemplo, exigir el pago de un suplemento por el transporte de equipaje de mano en cabina. El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 impuso sanciones a cinco compañías aéreas de bajo coste por prácticas abusivas.
El total de la multa, combinando las sanciones de todas las aerolíneas, es de 179 millones de euros y Ryanair es quien ha recibido una sanción de mayor cuantía, con 107 millones de euros. El resto se reparte en 39 millones para Vueling, 29 millones para easyJet, 1,6 para Norwegian y 1,18 para Volotea.
El Ministerio Fiscal ha detallado en un comunicado que también sería abusivo la exigencia del pago de un sobrecoste sobre el precio del billete por la reserva de asientos contiguos en el caso de menores y personas dependientes y de sus acompañantes.
La Fiscalía apunta como práctica abusiva el hecho de que no se permita el pago en metálico en los aeropuertos españoles, y que se imponga “una tasa desproporcionada y abusiva a los pasajeros por la impresión de la tarjeta de embarque”.
El comunicado pone el foco en las “omisiones engañosas de información y falta de claridad en los precios publicados tanto en su propia web como de terceros, dificultando la comparabilidad de ofertas de precios a las personas consumidoras y la toma de decisión por estas”.
Por último, la Fiscalía recuerda que las sanciones impuestas por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 fueron impugnadas por las compañías aéreas ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.
Consumo ha valorado positivamente la decisión de la Fiscalía. En declaraciones a La Vanguardia, fuentes de Consumo han reiterado su determinación de defender los derechos de los consumidores “hasta el final y ante cualquier institución e instancia” con el objetivo de que “ningún ciudadanos tenga que volver a pagar lo que la ley dice que es un derecho”. Asimismo, recalcan que su actuación también está dirigida a defender a aquellas empresas que cumplen la legislación.
El Ministerio ya ha recibido apoyo de 44 organizaciones de consumidores de 31 países de Europa.
Las sanciones han sido recurridas por las aerolíneas ante la Audiencia Nacional, quienes las tachan de “ilegales”, y no se espera que la resolución se dé antes de mayo.
De salir favorable a la posición del Gobierno, además de abonar el importe, las compañías estarán obligadas a dejar de ejecutar estas prácticas, entre las que se encuentran cobrar por el equipaje de mano o por reservar asientos contiguos si se viaja con un menor o con una persona dependiente.
