El Tribunal Constitucional previsiblemente avalará el grueso de la ley de Amnistía en la primera sentencia que dictará sobre la norma. El borrador de la sentencia señala la constitucionalidad de la ley pactada por el Gobierno y los partidos independentistas y sólo estima el recurso presentado por el PP en tres cuestiones menores que no afectan a los líderes del procés. La sentencia se empezará a debatir la próxima semana en medio de gran tensión política, judicial y mediática desde hace dos años, cuando arrancaron las negociaciones para su elaboración.
Siete meses después de que el órgano de garantías admitiese a trámite el primer recurso contra la ley del olvido aprobada hace un año para borrar todos los procesos judiciales, contables y administrativos vinculados al procés durante la última década, el borrador ya está preparado. El texto de la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, del bloque progresista, da luz verde al contenido de la norma.
Según fuentes del tribunal, la ponencia sí considera algunas cuestiones planteadas por el PP como resolver si la amnistía supone una desigualdad ante la ley por suprimir procesos judiciales solo a quienes estén relacionados con el procés. En este caso, el borrador señala que se debe tener en cuenta en el texto de la ley que también son amnistiables presuntos delitos atribuidos a quienes se manifestaron en contra de la independencia.
Asimismo, acotará el arco temporal de aplicación. La ley establece que se amnistiarán actos cometidos entre noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023 y aquellos cuya fecha de ejecución finalizase más tarde. La sentencia señala que sólo se pueden amnistiar hechos pasados y, por tanto, quedarán limitados al 13 de noviembre del 2023. Se trata de una concesión al PP sin efectos prácticos sobre los líderes independentistas.
El borrador también hace una referencia al procedimiento abierto en el Tribunal de Cuentas y la participación de todas las partes a la hora de posicionarse en el proceso contable.
Por contra, el borrador de la magistrada defiende que la ley no vulnera la separación de poderes, ni es contraria al derecho europeo.
El escollo planteado por el Supremo sobre la amnistía del delito de malversación no se resuelve en el borrador de la sentencia
El nombre que sobrevuela es el de Carles Puigdemont, quien, como presidente de la Generalitat, fue el máximo ideólogo y ejecutor del proceso independentista. Hoy por hoy se encuentra fugado de la justicia y pesa sobre él una orden nacional de detención. Espera en Waterloo (Bélgica) para poder regresar con la garantías de no ser arrestado. Fuentes jurídicas apuntan que todavía quedan algunos flecos por aclarar. En esta primera sentencia no va a quedar resuelto el escollo del delito de malversación. El Tribunal Supremo ha concluido que no es amnistiable, pero el TC tendrá que resolverlo en otra sentencia posterior. Mientras tanto, el Alto Tribunal decidirá si acude al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para refutar la ley.
Esta magistrada, anteriormente vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tenía el encargo del presidente del órgano, Cándido Conde-Pumpido, de que el documento de la sentencia estuviese preparado para antes de junio. La magistrada ha cumplido con los plazos.
La previsión con la que cuenta el tribunal es que en el próximo pleno convocado para el día 10 de junio, Montalbán expondrá sucintamente su ponencia, donde explicará por qué considera que la ley elaborada por el PSOE, con la aquiescencia de los partidos independentistas, es constitucional, o, en su caso, qué partes estima que son contrarias a la Carta Magna.
Tras escuchar su criterio, los magistrados tendrán quince días para estudiar todo el texto, que ya tendrán previamente, para debatirlo durante los días 24 y 26 de junio. En esas fechas se votará.
Inmaculada Montalban.
El temor que existe es que durante las votaciones no salga una mayoría y el texto quede bloqueado a modo de revival de la sentencia del Estatut de Catalunya, que estuvo cuatro año deliberándose. No obstante, fuentes del tribunal confían en que no haya ninguna fuga en el voto del bloque progresista y la sentencia pueda salir adelante el mismo día 26 con los votos de seis magistrados, frente a cuatro de los conservadores –hay dos magistrados que no participan: Campo y Macias–. Tres del sector conservador ya han intentado, sin éxito, que Conde-Pumpido frene esta sentencia y que sea la justicia europea la que se pronuncie. Una de las magistradas consideradas del bloque progresista, María Luisa Segoviano, fue elegida por el anterior CGPJ teniendo este mayoría conservadora. Pero la realidad es que desde su aterrizaje en el órgano ha votado con los progresistas en los asuntos más peliagudos.
Si las previsiones no fallan, la primera sentencia sobre la amnistía podrá ver la luz a finales de junio y dará un respiro al Gobierno de Pedro Sánchez.
El Ejecutivo en general y su ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en particular han defendido en todo momento que esta ley, junto a los indultos previos concedidos a los líderes independentistas condenados por sedición, ha traído la normalización a Catalunya, después de toda la tensión y la ruptura generadas durante el procés .
Esta sentencia marcará la senda para los próximos movimientos judiciales, sobre todo el que está pendiente en el Tribunal Supremo. Para el círculo de Sánchez, si esta sentencia avala la amnistía, o por lo menos en su práctica totalidad, supone un espaldarazo a su decisión tomada en el 2023 tras las elecciones generales como paso para poder formar Gobierno. Aun así, desde la oposición ya están calentando motores para señalar al Constitucional como un tribunal politizado y ocupado por los socialistas.
Según fuentes internas, son conscientes de la presión y el daño institucional que va a ocasionar la aprobación de la sentencia, sea el resultado que sea, por unos o por otros, y por eso se espera que el texto pueda salir adelante lo antes posible para reducir al mínimo ese desgaste.
