El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este viernes que el Gobierno se opondrá con “absoluta firmeza” a que haya un recorte de la Política Agraria Común (PAC) propuesto por la Comisión Europea para el periodo 2028-2034. Planas ha insistido en la necesidad de “unidad” entre administraciones y sector para defender los intereses del campo español.
En concreto, Bruselas ha asignado a España 79.900 millones para distribuir entre fondos regionales y ayudas agrícolas en el periodo entre 2028 y 2034, según la reciente propuesta de presupuesto de la UE presentada por la Comisión Europea, lo que supone casi un 20 % menos de lo que tiene asignado en el periodo de siete años actual.
España tendrá que reservar al menos 16.300 millones de su propio montante para las regiones menos desarrolladas
Además, España tendrá que reservar al menos 16.300 millones de su propio montante para las regiones menos desarrolladas, es decir, aquellas con un PIB per cápita inferior al 75 % de la media comunitaria (actualmente Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla).
El ministro criticó ante los medios la propuesta, asegurando que se siente “defraudado” porque va en contra, según su opinión, de lo que han defendido tanto España como otros 20 Gobiernos europeos. “España y otros Estados miembros nos vamos a oponer con absoluta firmeza a que haya un recorte de la PAC”, reiteró, subrayando que “no discutimos que haya otras prioridades en la Unión Europea, pero para eso hay fondos y si no, hay que aumentar las aportaciones”.

“Los objetivos de la política agraria común siguen vigentes y la Unión Europea tiene que cumplirlos”, ha defendido el ministro, que ha precisado que “comienza ahora una negociación global del presupuesto y su estructura entre los gobiernos, que previsiblemente durará entre 18 y 24 meses”.
De hecho, una amplia mayoría de gobiernos europeos rechazó hoy los recortes a la asignación de la Política Agraria Común (PAC) y los fondos regionales de Cohesión que ha planteado la Comisión Europea pero cuentan con la oposición de países tradicionalmente más frugales como Alemania o Países Bajos advierten de que se deben tomar “decisiones dolorosas”.
Aunque han reconocido que aún necesitan tiempo para analizar en profundidad los planteamientos de Bruselas, que presentó su propuesta hace sólo dos días, la gran mayoría de gobiernos europeos ha advertido de la necesidad de blindar los que consideran dos programas “existenciales” para la UE.
La asignación total para España asciende a 88.100 millones de euros, de acuerdo con el nuevo documento que ha publicado el Ejecutivo comunitario con el reparto de fondos por Estado miembro del nuevo ‘megafondo’ para los planes nacionales y regionales que incluirán las futuras cuentas comunitarias.
La asignación total para España asciende a 88.100 millones de euros
Pero unos 3.000 millones de esa cantidad tienen que destinarse a medidas relacionadas con el ámbito de la migración y la gestión de fronteras y otros 5.300 al Fondo Social por el Clima, el instrumento del bloque para apoyar a los ciudadanos más afectados por la transición energética.
Así, la asignación “general” para España, descontadas estas dos partidas, es de 79.000 millones de euros y representa el montante que los Estados miembros tendrán que destinar a partir de 2028 a lo que ahora va a la Política de Cohesión y la Política Agrícola Común (PAC), así como al sector pesquero.
Esta cantidad es casi un 20 % inferior a lo que España tiene asignado en el presupuesto actual, puesto que el equivalente en la actualidad ascendería a casi 100.000 millones de euros entre fondos regionales y ayudas agrícolas y pesqueras.
En concreto, y según los últimos datos de la Comisión, a España le corresponden del presupuesto actual de Cohesión hasta 2027 unos 29.000 millones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), unos 13.000 millones del Fondo Social Europeo (FSE), 1.000 millones del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y 2.800 de la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ).
Por el lado de la PAC, España tiene ahora asignados unos 11.400 millones del Fondo Europeo de Desarrollo Rural (Feader) y unos 40.000 millones de pagos directos a agricultores y ganaderos (37.400 millones a precios de 2021, una cantidad mayor si se ajusta con la inflación).
La propuesta de marco financiero de la UE presentada esta semana por la Comisión Europea supone un cambio significativo en la distribución presupuestaria para el periodo 2028-2034. El plan eleva el techo de gasto hasta los 2 billones de euros (un 1,26% de la renta nacional bruta del bloque), priorizando áreas como la defensa y la competitividad.
Para ello, la Comisión plantea quintuplicar el gasto en defensa, destinando unos 131.000 millones de euros a este rubro, mientras que acomete un recorte sustancial en la Política Agraria Común (PAC), que baja aproximadamente un 20%, hasta unos 300.000 millones de euros.
Este replanteamiento responde a los retos geopolíticos actuales (como la guerra en Ucrania) y deriva en una centralización del presupuesto en grandes fondos estratégicos, reduciendo la flexibilidad presupuestaria de regiones y provocando críticas en el sector agrícola por la pérdida de peso de la PAC frente a nuevas prioridades políticas, especialmente la inversión en defensa y seguridad.