El Gobierno cubano adoptó el martes un decreto que establece un marco jurídico para crear empresas mixtas entre entidades estatales y actores privados, algo inédito en la isla comunista.
El decreto-ley 114/2025, publicado en el Diario Oficial, prevé varios mecanismos de colaboración entre el sector público y el privado, entre ellos la creación de “sociedades de responsabilidad limitada mixtas” con aportación de bienes o patrimonio por ambas partes.
Según el texto, que entrará en vigor a comienzos de abril, estas nuevas entidades gozan de “autonomía” empresarial, pueden determinar el número de empleados y sus salarios, y también abrir establecimientos comerciales en Cuba y en el extranjero.
Las pequeñas y medianas empresas privadas, de hasta 100 trabajadores, fueron autorizadas de nuevo en la isla en 2021
Estas empresas mixtas Estado-privadas podrán ejercer todo tipo de actividades, salvo los servicios de salud, educación y las actividades relacionadas con instituciones del ejército, precisa el texto. Además, no estarán sometidas al principio de planificación estatal que rige gran parte de la economía cubana.
Las pequeñas y medianas empresas privadas, de hasta 100 trabajadores, fueron autorizadas de nuevo en la isla en 2021, después de haber estado prohibidas durante casi seis décadas en favor de las empresas estatales.
Ante las dificultades del gobierno para obtener divisas en un contexto de crisis sin precedentes —debida al refuerzo del embargo estadounidense, la caída del turismo, el fracaso de una reforma monetaria y las debilidades estructurales de las empresas estatales—, el sector privado ha ganado terreno en el tejido económico en los últimos años.
En 2025, las casi 10.000 empresas privadas del país representaron el 15% del PIB y empleaban a más del 30% de la población activa. Ese mismo año, las ventas minoristas del sector privado superaron por primera vez a la oferta estatal, representando el 55% de este comercio.
En este contexto, Washington, que impone un bloqueo energético de facto a La Habana y no ha ocultado su intención de ver un cambio de régimen en Cuba, autorizó la venta de combustible a empresas privadas de la isla, con la condición de que las transacciones no beneficien al poder cubano.
