Los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana y Junts per Catalunya han registrado preguntas por escrito en el Congreso dirigidas al Gobierno tras la denuncia de Plataforma per la Llengua según la cual se han dado más de 20 casos en los que se ha castellanizado un apellido catalán o se ha negado la catalanización de nombres por parte de los solicitantes en el Registro Civil. Ambas formaciones tachan este suceso de “catalanofobia” y de una “grave vulneración de los derechos lingüísticos”. Ante ello, reclaman al Gobierno que dé explicaciones y que aclare si prevé adoptar medidas al respecto para proteger la “pluralidad lingüística” del Estado.
En esta línea, exponen que -pese a existir un marco jurídico “claro y aplicable”, hay funcionarios del Registro Civil que hacen una “interpretación restrictiva de la normativa, que dificultan o que retrasan estos procedimientos” de solicitudes de catalanización de apellidos o de nombres. Desde ERC añaden que se han dado casos en los que se han demandado incluso “requisitos no previstos legalmente”.
Para los posconvergentes, dichos casos generan “dudas desde el punto de vista de la seguridad jurídica, la uniformidad de criterios administrativos y el respeto a los derechos lingüísticos y a la identidad personal y familiar de los catalanes”. Los republicanos destacan en su escrito que “el hecho de que haya personas que quieren adecuar su nombre o apellido a su lengua se encuentren con obstáculos administrativos es inconcebible en un Estado respetuoso con su diversidad lingüística”.
Por ello, ERC plantea nueve preguntas al Gobierno, en las que le insta a aclarar si tiene conocimiento de estos casos, qué criterios se aplican, cuáles son las instrucciones que tienen los funcionarios del Registro Civil para que no haya “interpretaciones restrictivas” o qué medidas y mecanismos piensa adoptar ante estas “prácticas discriminatorias”. Si no hay una actuación, la formación republicana afirma que “solo se puede interpretar como tolerancia ante estas prácticas”.
En cuanto a Junts -que también ha hecho un registro de preguntas en el Parlament-, han presentado 13 preguntas que también versan sobre medidas que se aplican para “garantizar” el marco jurídico vigente, las indicaciones que se dan , si contemplan abrir expedientes disciplinarios a los funcionarios que hacen estas “interpretaciones restrictivas” o si es una situación que también se da en otros registros civiles de fuera de Catalunya y respecto a otras lenguas del Estado.
