Quedan lejos los tiempos de impunidad para las empresas occidentales implicadas en corruptelas en países lejanos. La justicia francesa ha dictado este lunes una severa sentencia, de carácter ejemplar, contra exaltos cargos de la cementera Lafarge -luego absorbida por el grupo suizo Holcim- por haber pagado sobornos millonarios a grupos yihadistas en Siria, entre ellos el Estado Islámico (EI), para poder seguir trabajando en el territorio que controlaban durante los años 2013 y 2014.
El tribunal correccional de París condenó a siete exejecutivos de Lafarge a penas de entre los 18 meses y siete años de cárcel por financiar a organizaciones terroristas, entre ellas las que cometieron los graves atentados de París como el que sufrió la sala de fiestas Bataclan. Entre los condenados están el entonces director general de la empresa, Bruno Lafont, de 69 años, y su número dos, Christian Herrault. Su entrada en prisión fue inmediata, lo que obligó a su defensa a presentar de inmediato un recurso de apelación y otro para su puesta en libertad antes de que se celebre el siguiente juicio. Lafont afronta seis años de privación de libertad -cinco de ellos efectivos- y Herrault cinco.
Además de las penas de prisión, el tribunal impuso la multa máxima a la empresa en estos casos, de 1.125.000 euros, así como otra sanción de carácter aduanero de 4,57 millones de euros. Cuatro exejecutivos también fueron condenados a multas de 225.000 euros.
El tribunal declaró probado que Lafarge, a través de su filial en Siria, LCS, entregó ilegalmente un total de 5,5 millones de euros al EI y a otros dos grupos yihadistas, Jabhat al-Nosra y Ahrar al-Cham.
La defensa de los acusados argumentó durante el juicio, como excusa para los sobornos y la permanencia en Siria, que los servicios de inteligencia franceses presionaban a Lafarge para que mantuvieran la actividad en el país árabe lo máximo posible para utilizarlos como valiosa fuente de información sobre el califato. El tribunal desestimó este argumento supuestamente patriótico. El exdirector de seguridad de la compañía, Jean-Claude Veillard, confirmó haber informado a los servicios de inteligencia, pero de motu propio y no por indicación de la empresa.
Durante el proceso, para contextualizar el impacto de la conducta de Lafarge, declararon víctimas de los atentados terroristas de París, entre ellas una mujer herida en el ataque a la sala Bataclan, el 13 de noviembre del 2015, el mismo día en que los terroristas dispararon también contra varias terrazas de bares y restaurantes, además de matar a un chófer en el exterior del Stade de France, donde se disputaba un partido de fútbol entre las selecciones francesa y alemana.
Los dos representantes de la Fiscalía Nacional Antiterrorista pronunciaron un duro alegato de siete horas, durante el cual desmontaron el relato de los acusados y recordaron que “LCS no era un sustituto de asociación humanitaria ni un nido de espías, sino un animal comercial que voluntariamente alimentó a la bestia yihadista”.
Lafarge tenía muy cuesta arriba el juicio de París porque, por el mismo asunto, aceptó un acuerdo judicial en Estados Unidos, en el 2022, que supuso pagar una multa de 778 millones de dólares.
