El Institut Català de Finances (ICF) intensificará su función dentro del plan de Salvador Illa para ampliar el parque de vivienda social con una nueva línea de negocio orientada a la reconversión de inmuebles. Así, el banco público financiará la adquisición de pisos en manos de grandes tenedores por parte de personas jurídicas siempre que el comprador acepte que éstos se conviertan en vivienda protegida de forma permanente.
Esta solución se habilitará con un crédito a precio de mercado, sin ayudas, según explicó Antoni Vallès, director de negocio del ICF, durante unas jornadas celebradas por las fundaciones de Cohabitac, los proveedores sociales de vivienda, ayer en Barcelona. “Existen grandes tenedores, con centenares de inmuebles, que quieren vender”, añadió Vallès.
El ICF ultima una primera operación, con una cartera de 500 viviendas de la que una persona jurídica quiere desprenderse. Estos activos serán adquiridos por otra empresa y deberán pasar a la bolsa de vivienda protegida para que el comprador acceda a la financiación del banco público catalán.
Con este mecanismo se intenta facilitar que tanto el sector privado como las fundaciones sumen pisos sociales a través de la compra, como ya está haciendo el Govern a través del derecho de adquisición preferente (tanteo y retracto). La Generalitat amplió esta figura el año pasado para incorporar vivienda pública a mayor velocidad. La última operación de este tipo trascendió esta misma semana: el departament de Territori, dirigido por Sílvia Paneque, ha acordado la compra de 127 viviendas de InmoCaixa en L’Hospitalet de Llobregat por 28,2 millones de euros. Además, tiene comprometida la adquisición de otras mil viviendas a esta entidad.
En total, la Generalitat cuenta con más de 10.000 inmuebles obtenidos mediante tanteo y retracto, precisó Miquel Bagudanch, director de la Agència de l’Habitatge de Catalunya, durante las mismas jornadas.
Los proveedores sociales de vivienda impulsan una propuesta legislativa para regular su actividad
El ICF juega un papel central dentro de la estrategia del Govern para alcanzar las 50.000 viviendas sociales para el año 2030, mayoritariamente de alquiler. La entidad cuenta con una línea de 500 millones anuales destinada a operadores públicos y privados y financia hasta el 20% de la compra de vivienda de segunda mano a personas de hasta 35 años, con una bonificación de dos puntos sobre los intereses. Los pisos que se adquieren con estas ayudas a la emancipación pasan a tener el precio topado, de forma que se convierten en una nueva modalidad de vivienda protegida.
Durante las jornadas de Cohabitat, la presidenta de la entidad, Carme Trilla, defendió la propuesta legislativa para regular los proveedores sociales de vivienda, que hace unas semanas fue presentada a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y que, en breve, se remitirá a los grupos parlamentarios del Congreso. Aunque las entidades miembros de Cohabitac ya son, de facto, proveedores sociales de vivienda, necesitan un marco regulatorio que las reconozca y establezca incentivos fiscales, tal y como sucede en otros países, reclamó Trilla. Forman parte de este modelo las entidades sin ánimo de lucro, las entidades públicas y las de lucro limitado que abastecen de vivienda social. “La promoción de vivienda debe tener un carácter estable, anticíclico, y de lucro limitado”, insistió Trilla.
