Más allá de las implicaciones penales, la investigación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero está abriendo interrogantes estos días entre los profesionales que se mueven en la concurrida frontera entre los intereses públicos y privados. Una alta funcionaria con experiencia política se sorprendía de que se pida la comparecencia en el Congreso del gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, solo por constar en el auto del juez José Luis Calama una reunión con Zapatero, cuando este tipo de encuentros es habitual. Un exconsultor se preguntaba cuánto debe cobrar un expolítico por un informe o una labor de asesoramiento y recordaba que a comienzos de siglo un exvicepresidente del Gobierno estadounidense se llevó más de 150.000 dólares por hablar diez minutos en un foro con empresarios españoles. Son muestras de que la frontera es difusa. Y tiende a ensancharse porque el número de expolíticos con actividad empresarial va en aumento.
Según datos de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), en el 2024 se autorizó a 76 ex altos cargos del Gobierno a trabajar en la empresa privada antes de que transcurran dos años del fin de su mandato. En el 2025 fueron 71, y ambos ejercicios arrojan las mayores cifras hasta la fecha, salvo en el 2019. Contrastan con los apenas 41 expedientes del 2022 y el 2023. Los datos corresponden solo al Gobierno central y no incluyen comunidades autónomas ni ayuntamientos.
Los ‘lobbistas’ piden una ley que incluya un registro de profesionales y de cada reunión
Solo los ministros y secretarios de Estado tienen garantizada una indemnización económica de hasta dos años tras dejar el puesto, y eso obliga a muchos cargos que no son funcionarios a buscarse la vida, incluidos subsecretarios, delegados del Gobierno, directores generales, directivos de empresas estatales y cualquier persona nombrada por el Consejo de Ministros. La oficina tiene pocos medios y suele autorizar casi todas las peticiones, hasta el punto de que apenas funciona como un registro, indican fuentes del ámbito de las relaciones institucionales.
Las mismas fuentes explican que los repuntes en estas solicitudes suelen coincidir con cambios de gobierno o remodelaciones. El más reciente llega tras las elecciones del 2023, cuando se renovaron muchos cargos y Unidas Podemos quedó reemplazado por Sumar en la coalición. Las anteriores oleadas de autorizaciones fueron en el 2016, un ejercicio de mucho movimiento entre repeticiones electorales, y en los años 2018 y 2019, a partir de la moción de censura a Mariano Rajoy. El Gobierno tiene 22 ministerios, más que los anteriores, lo que contribuye a la reciente subida. A eso se suma que Pedro Sánchez ha roto en muchos casos la tradición de que los directores generales de los ministerios sean funcionarios.
Las consultoras que fichan políticos defienden sus códigos éticos para evitar abusos
No todos los expolíticos que piden autorización acaban trabajando en el mundo del lobby y la consultoría, pero sí son un perfil muy preciado para estas empresas. ¿Cómo evitar distorsiones indeseables? El presidente y fundador de la agencia de relaciones institucionales Rud Pedersen España, Alfonso López, se muestra partidario de regular su relación con la Administración a través de la ley de lobbies , que lleva cuatro años “atascada” en el Congreso, lo que se ha convertido ya en una “flaqueza democrática”. “La UE y la OCDE dicen que más lobby es más democracia y su actividad no tiene nada que ver con lo que estamos leyendo”, afirma. Rud Pedersen trabaja con dos expolíticos, con los que firma contratos de empleado y de los que valora su experiencia y su agenda de contactos. “Tenemos prohibido el cobro de comisiones a éxito porque abre la puerta a la corrupción y a la mala praxis”, asegura.
Pese a reconocer algunos pasos, el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa ha avisado a España de que no cumple las recomendaciones sobre la regulación de asesores políticos ni ha aprobado la ley de lobbies , que entre otras cosas incluye un registro de profesionales y publicidad a sus reuniones con la administración. Estas carencias generan confusiones que agravan el malestar cuando se conocen casos como el de Zapatero o, hace unos meses, el del exministro Cristóbal Montoro.
Solo los ministros y secretarios de Estado tienen indemnización de hasta dos años tras dejar el puesto
“La gran pregunta es si te pagan por el conocimiento o por tus relaciones”, aseguran desde la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI). El Código Penal recoge entre los artículos 428 y 430 el delito de tráfico de influencias, al tiempo que los particulares tienen derecho a acceder a los cargos públicos, según el artículo 23.2 de la Constitución. APRI ve necesario aprobar la ley de lobbies , que fija “una incompatibilidad de dos años en el ejercicio de la actividad de lobbista por parte del político”. No es la panacea frente a casos como el de Plus Ultra, pero garantizaría que la influencia se ejerciese de forma “democrática, transparente y trazable”, señalan.
La lista de expolíticos en asociaciones empresariales y consultoras es larga. Hay casos llamativos, como el de la consultora Acento, fundada en el 2019 por dos exministros, el popular Alfonso Alonso y el socialista José Blanco. El propio Zapatero trabajó durante un tiempo para Kreab. La CEOE, consultoras como KPMG o EY y asociaciones empresariales suelen apreciar estos perfiles.
El Gobierno de Sánchez tiene más ministerios y no tantos funcionarios en direcciones generales
Desde Kreab aseguran que la empresa aplica una “rigurosa política de cumplimento normativo” con un plan de prevención de delitos y un código ético que deben firma trabajadores, colaboradores y proveedores.
En LLYC también tienen códigos de conducta y piden que se regule la actividad de los lobbies , a la que consideran “necesaria” para que los políticos tomen decisiones informadas “en economías complejas e interdependientes”. “Cualquier cosa sobre la que no se pueda ser transparente, no la hacemos”, afirman.
