Las empresas gasistas españolas contienen la respiración a la espera de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publique la regulación que va a marcar la cuantía que van a recibir por mantener sus infraestructuras entre el 2026 y el 2032. Esperan que esta sea “razonable con el carácter estratégico que las infraestructuras gasistas tienen para España”, tal y como traslada Joan Batalla, la voz del sector como presidente de la patronal Sedigas, en una entrevista con La Vanguardia .
Es decir, recibir una retribución por sus actividades reguladas superior a la que han estado recibiendo los últimos seis años y con menos riesgo. La resolución se espera que sea remitida en breve al Consejo de Estado, trámite previo a su aprobación, y desde el sector confían en que el organismo que todavía preside Cani Fernández (su mandato acaba este mismo mes) pueda compensar de alguna manera lo que ha pasado en el periodo que finaliza este año (los años de gas se cuentan del 1 de octubre al 30 de septiembre).
“El contexto actual ha puesto de manifiesto el carácter crítico de nuestras infraestructuras. Gracias a las inversiones históricas el precio del gas en España ha estado,de media un 6% por debajo de la referencia europea y casi un 12% por debajo de Italia. Eso ha supuesto un ahorro del orden de 10.000 millones de euros desde el 2022”, recuerda Batalla, sin olvidarse de insistir en el papel del sector en la “rápida recuperación del apagón” y “como garantía de suministro”.
En Sedigas están representadas todas las actividades del sector gasista, desde las liberalizadas –comercialización– hasta las reguladas, transporte, regasificación y distribución; son estas últimas las que esperan con ahínco la llegada del 1 de octubre para cerrar un sexenio “para olvidar”.
La CNMC debe fijar en un breve plazo lo que el sector ingresará en los próximos seis años
Cada seis años la CNMC hace una evaluación de cómo se han retribuido estas actividades y define el nuevo período regulatorio. En el 2019 en sus previsiones no se podía incluir todo lo que llegó después: una pandemia mundial, una guerra en Europa, Ucrania, y otra en Irán, acompañada del cierre del crítico estrecho de Ormuz.
La consecuencia ha sido que los ingresos por actividades reguladas a las gasistas españolas se han reducido un 15,9%, unos 2.000 millones de euros. “A ello hay que sumar el impacto en los costes que ha supuesto el incremento de la inflación del 23% en el periodo, que para los costes industriales ha llegado al 43%, lo que ha trastocado toda las previsiones posibles, como reconoce la propia CNMC al analizar el periodo anterior”, asegura Batalla.
Pasada página y dando por sentado que la CNMC no plantea ninguna compensación a posteriori, el sector se centra ahora en que las previsiones para el próximo periodo regulatorio, el que arranca en octubre del 2026 y se extiende hasta septiembre del 2032, se ajusten más a sus necesidades. “No solo tenemos que mantener la infraestructura para seguir ofreciendo un servicio cuya demanda anual es de 330 teravatios hora, frente a los 256 del sector eléctrico. También enfrentamos la digitalización y la creciente necesidad de ciberseguridad en estas infraestructuras vitales”.
La CNMC no es ajena a esta realidad. Sus técnicos llevan un año en conversaciones con el sector, mucho menos tensas que las mantenidas con las empresas eléctricas, que ya cerraron su remuneración. En estos contactos, la propuesta de circular abierta a alegaciones que recoge la remuneración para el próximo período incluye una actualización, aunque España queda como el país con peajes más bajos de la UE.
“La infraestructura de gas ha ahorrado a los españoles 10.000 millones en la factura desde el 2022”
“La tasa financiera se ha calculado con la misma metodología que para el sector eléctrico y a nosotros se nos queda en 6,46%. Pero lo que más nos preocupa es la incertidumbre que implica que algunos de los incentivos que ha marcado para impulsar el hidrógeno verde o el biometano dependen de elementos externos que no están bajo el control de las empresas y, por tanto, no está garantizada”, afirma Batalla. Es decir, que la remuneración final está ligada al desarrollo de proyectos que, además de inversión empresarial, dependen de autorizaciones administrativas y del apoyo de las comunidades locales.
Estos gases renovables son estratégicos para la descarbonización. “Su origen es natural o renovable, pero la composición de la molécula final es la misma que la del gas natural y pueden ser usados por los mismos conductos. Incluso los hogares pueden descarbonizar sus actuales calderas de gas sin necesidad de hacer nuevas inversiones. Por eso es tan estratégico avanzar en esta vía”. En cuanto al impacto de esa actualización en la factura final del consumidor, Batalla dice que sería limitada y añade que “los peajes en España están por debajo de la media de la UE, el peaje industrial español del gas en España está un 70% por debajo”.
