Uno de los principales temores de los consumidores es que el conflicto en Irán acabe impactando en el precio de los alimentos, como ocurrió en el 2022 tras el inicio de la guerra en Ucrania, cuando llegaron a registrarse aumentos de dos dígitos. En esta ocasión, el encarecimiento de la energía no ha tenido traslación a este tipo de productos, según sostiene la patronal de supermercados ASEDAS, que advierte sin embargo que toda la cadena alimentaria está sufriendo sobrecostes estructurales que estima en 70 millones de euros.
La asociación, que representa al 75% de la distribución alimentaria, explica que, pese al aumento de los costes energéticos y de transporte, “no hay evidencia de que se haya encarecido ningún producto alimentario debido a la crisis de Oriente Medio”. En este sentido, la variación anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en mayo en el 2,2%, un punto porcentual por debajo del de febrero, cuando comenzó el conflicto.
No obstante, la patronal calcula que el precio de la energía ha subido un 15% desde entonces, lo que podría suponer hasta el mes de junio un sobrecoste acumulado de 70 millones de euros. Es por ello que asevera que las empresas de supermercados y mayoristas de alimentación han actuado “como barreras de contención ante los incrementos de costes en toda la cadena alimentaria y de distribución” porque “no los están repercutiendo” en el consumidor final.
Asimismo, advierte que la situación “es muy preocupante” por la incertidumbre en la duración del conflicto, si bien en los últimos días se han producido avances en el acuerdo de paz. A esto se suma, según la asociación, que “su nivel de incidencia sobre los costes operativos es muy difícil de estimar” por los efectos de “segunda ronda” que pueda tener en aspectos como incrementos de intereses y alquileres. “O no se están produciendo o todavía no están teniendo repercusión”, matiza Ignacio García, director general de la asociación.
También avisa que la situación es “muy delicada” en los archipiélagos, sobre todo en las Canarias, ya que las islas son muy dependientes del transporte marítimo, en el que se ha incrementado el coste de combustible, fletes y servicios portuarios. García sostiene que la contención de precios va contra los márgenes de las empresas del sector, que están poniendo medidas de contención para compensar los sobrecostes. “Ya lo aprendimos hacer en el 2022. Las empresas a la vez que no tienen más remedio que repercutir unos costes tratan de reducir otros con logística, eficiencia y simplificación de surtidos, entre otras medidas”, comenta.
Por último, afirma que la evolución de los precios de los alimentos desde el inicio del conflicto “está demostrando que hay un comportamiento muy responsable por parte de todos los eslabones de la cadena, especialmente de la distribución”, en alusión a las críticas que recibió el sector en la crisis energética del 2022, que fue acusado de un aumento desmesurado de sus márgenes empresariales aprovechando la crisis inflacionaria.
Precisamente este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que las rebajas fiscales a la energía permitieron en mayo contener en más de un punto el aumento de los precios, que fue del 3,2%.
