El Govern de la Generalitat y Esquerra Republicana han cerrado un acuerdo por el que se concreta cómo será la nueva Autoritat Aeroportuària de Catalunya (AAC) y qué funciones tendrá. Socialistas y republicanos pactaron en el marco de la investidura de Salvador Illa la creación de este ente para que centralizara todas las competencias que Catalunya tiene en materia aeroportuaria y que pudiera influir en la gobernanza de dichas infraestructuras.
Su alumbramiento se vehicula a través de una enmienda a la ley de acompañamiento de presupuestos —por lo que no se hará una específica a tal efecto, como inicialmente se había previsto— y, a grandes rasgos, refuerza la coordinación con Aena y le da el papel de “interlocutor especializado” para participar en los procesos de planificación de los aeropuertos mediante los documentos de regulación —los planes estratégicos quinquenales denominados DORA— o los planes directores.
Tarifas que financian la ampliación de El Prat
Además de colaborar en la planificación de El Prat, Reus y Girona junto a Aena, el nuevo ente busca incidir en las tarifas aeroportuarias. Así, el texto pactado recoge que Catalunya “evaluará y efectuará propuestas en relación con el marco tarifario de los aeropuertos”. Las tasas que cobra Aena a las aerolíneas por usar la infraestructura es una cuestión altamente sensible que ha causado un fuerte enfrentamiento entre el gestor presidido por Maurici Lucena y las compañías, con Ryanair a la cabeza. Con ellas financia el mantenimiento de los aeropuertos y las ampliaciones previstas, entre ellas la de El Prat, presupuestada en 3.200 millones de euros.
Pero las aerolíneas rechazan la subida prevista por Aena, que consideran excesiva. Recientemente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado la razón a las compañías y recomienda bajadas del 0,5% anuales frente a las subidas del 3,8% planteadas por el gestor aeroportuario. Además, considera posible invertir los 9.991 millones que Aena plantea en la próxima década pese al descenso gracias al incremento estimado de pasajeros. En todo caso, la última palabra la tiene la cotizada. Ahora, Catalunya también supervisará las tasas que se aplican a El Prat y al resto de aeropuertos catalanes.
A la práctica, la creación de la Autoritat Aeroportuària no supone que Catalunya vaya más allá de las funciones y competencias que ya tiene atribuidas en esta cuestión, sino que este organismo persigue la voluntad de “ordenar para tener una visión integral” de lo que atañe a la Generalitat en lo relativo al desarrollo de las infraestructuras aeroportuarias. Sus recomendaciones o dictámenes no serán vinculantes en el caso de los aeropuertos titularidad de Aena, pero sí dispondrá de una interlocución directa y espacio para incidir.
El margen de maniobra de Catalunya en los aeropuertos de Aena ha centrado toda la negociación. Para la cotizada, es una línea roja que se ha respetado. Así lo recordó Lucena en la última Junta General de Accionistas, celebrada este abril. “Tengo la amarga impresión de que en algunos casos se ignora genuinamente, y en otros fingidamente, una realidad palmaria”, sostuvo entonces ante los accionistas. La cogestión de los aeropuertos es “imposible”, arguyó, pero sí se abrió a una mayor coordinación con los territorios.
Entre las tareas que asumirá la AAC, está la elaboración de un plan estratégico del sistema aeroportuario catalán. En esta línea, uno de los objetivos que se quiere incluir es la conexión ferroviaria entre los distintos aeródromos del territorio. También podrá “hacer seguimiento” del desarrollo de los planes directores, dentro del marco competencial vigente o poder representar a Catalunya ante Aena, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, la Agencia Europea de Seguridad Aérea y la Dirección General de Aviación Civil.
El órgano contará con un consejo de gobierno integrado por una presidencia —la persona titular de la conselleria de Territori—, una vicepresidencia —la persona al frente de la secretaría de empresa y competitividad de la Generalitat— y 13 vocalías. Estos 13 cargos corresponderán a responsables de departamentos competentes en materia de coordinación interdepartamental, transportes, seguridad, planificación territorial, medio ambiente, turismo, economía y hacienda, dos personas de las entidades municipalistas, una del Consell de Cambres de Catalunya, dos de las organizaciones económicas y sociales y otras dos del sector aéreo. Las personas que formen parte de las conselleries de la Generalitat implicadas tendrán que tener un rango mínimo de director general.
Esta estructura irá complementada con la figura de un director ejecutivo del ente y la posibilidad de crear un comité técnico por cada aeropuerto (El Prat, Girona, Reus, Lleida-Alguaire, Sabadell y Andorra-La Seu d’Urgell). Cada una de estas comisiones estaría compuesta por un coordinador y un mínimo de seis vocalías.
Así consta en el texto registrado este martes por el PSC, ERC y Comuns dentro del paquete de más de 150 enmiendas que los tres grupos han registrado a la ley de acompañamiento de los presupuestos. La semana que viene se reunirá la comisión de Economia i Finances para elaborar el dictamen que, si no hay ningún recurso al Consell de Garanties Estatutàries, se votará en el pleno el próximo 2 de julio.
Este instrumento comenzó a gestarse el pasado mes de enero, cuando el Ejecutivo catalán inició los trámites para ello con un comité técnico bajo la coordinación de Aeroports Públics de Catalunya que tenía la misión de elaborar la ley específica que diera lugar a la Autoritat Aeroportuària catalana. Finalmente, se articulará a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos.
Sus funciones se asemejan al acuerdo que el Estado y el País Vasco ya cerraron para una mejor coordinación con Aena. Aunque les da más participación, no supone una cogestión de la titularidad de los aeropuertos en ninguno de los casos, un aspecto que desde ERC aseguran que quieren seguir batallando.
Catalunya suma así un nuevo ente aeroportuario a los ya existentes. La Generalitat cuenta con la empresa pública Aeroports de Catalunya, que gestiona los tres aeropuertos de titularidad autonómica. El presupuesto del 2026 recoge una partida de 19 millones de euros para ésta sociedad pública, que ha sido deficitaria siempre. Lleida-Alguaire, Andorra-La Seu y Cerdanya cerraron 2024 —último ejercicio con las cuentas disponibles— con unos números rojos de 2,075 millones de euros, un 1,2% más que el año anterior. El roto asciende ya a 21 millones en una década. Además, se mantendrá el Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas, un organismo participado por la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, la Cambra de Comerç y Aena para captar rutas de largo radio.
La formación republicana ha celebrado el acuerdo porque es un “primer paso para reforzar el papel de la Generalitat en la gestión del sistema aeroportuario catalán”. El partido de Oriol Junqueras mantiene que ahora falta concretar la creación de un “órgano bilateral” entre Estado y Generalitat para “cogobernar” los aeropuertos.
