Pedro Sánchez debería abrir todos sus mítines de campaña con la frase “la economía, estúpido” (“ the economy, stupid ”), popularizada por Bill Clinton y clave en su victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 1992. En realidad, la idea fue de su asesor James Carville, a quien tuve ocasión de conocer en Little Rock durante un viaje profesional a Arkansas. Según me explicó, su propósito era centrar la atención en lo que de verdad preocupa a la gente: su dinero.
En España ocurre algo parecido, y eso ayuda a explicar los altos índices de popularidad del presidente del Gobierno pese al acoso por los casos de corrupción. La sociedad parece dispuesta a tolerar cierto grado de deshonestidad, siempre que no supere un límite, a cambio de que otros se ocupen de responsabilidades que también le corresponden como ciudadanos. La cuestión es si el PSOE ha traspasado ya ese límite con la condena a prisión de su secretario general Ábalos; la imputación de Santos Cerdán; y el caso de la fontanera Leire Díez, directamente vinculado a la investigación de los responsables de la SEPI. Aquello de “los cien años de honradez” pertenece ya a otro siglo y a otro partido.
La clave para que los ciudadanos toleren corruptelas es que la economía funcione
Pero el factor decisivo para que los ciudadanos toleren ciertas corruptelas es que la economía funcione, y la española atraviesa un buen momento. Según el cuadro macroeconómico presentado por el vicepresidente Carlos Cuerpo para los próximos tres años, hay motivos para el optimismo: el PIB crecería un 2,6% este año y un 2,2% hasta el 2027, lo que apunta a que la economía ha alcanzado su potencial y se ha estabilizado. Además, seguirá creándose empleo y el paro bajará de la barrera psicológica del 10%, aunque sea por una décima. Con todo, no conviene olvidar que España sigue registrando una de las tasas de paro más altas de la OCDE.
Claro que no todo lo que reluce es oro. Como me recuerda mi buen amigo Luis de Guindos, una cosa son los indicadores y otra la realidad. La mitad de ese crecimiento del PIB se explica por el aumento de la población. La regularización de más de un millón de inmigrantes sin papeles, sumada a las 600.000 personas –la mayoría en edad de trabajar– que llegan cada año a España, tiene un impacto notable en la economía. Sin ese factor, creceríamos más o menos al mismo ritmo que el resto de los países de la UE. Lo mismo pasa con el empleo, que la mayor parte de su creación es para los inmigrantes y con muy bajo valor añadido.
Esto explica que el crecimiento dependa casi por completo de la demanda interna: más población supone más consumo y más gasto social, lo que mantiene el déficit público en el 2,1% del PIB pese a estar en un ciclo expansivo que debería aprovecharse para reducir la elevada deuda pública. En cambio, la demanda externa – nuestras exportaciones– resta cuatro décimas al crecimiento. Algo similar ocurre con la inflación: una tasa interanual del 3,6% implica que la clase media trabajadora seguirá perdiendo poder adquisitivo.
