Lucha contra la temporalidad en la función pública. El Gobierno de Sánchez ha pedido a la Comisión Europea ampliar el plazo para reducir la temporalidad hasta marzo de 2027, con el objetivo de impulsar las reformas necesarias que eliminen el abuso en la contratación de temporales en el sector público, ha informado el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública.
El departamento dirigido por Óscar López señala en su petición a Bruselas que durante los últimos meses se han dictado sentencias, como la del pasado 11 de mayo del Tribunal Supremo, que han introducido elementos nuevos sobre el enfoque de la indemnización que es “necesario” analizar. Además, pretenden conocer exactamente cuántos trabajadores temporales están en situación de abuso en todas las administraciones públicas.
Son las administraciones autonómicas las que concentran el problema de la alta temporalidad, con una tasa del 40%, frente al 4,7% que se registra en la Administración General del Estado. Más en detalle, la temporalidad en los sectores de Educación y Sanidad, de competencia autonómica, asciende al 40% y 43%, respectivamente.
El pasado 29 de marzo, la Comisión Europea dio tres meses a España (que se acaban de cumplir este 29 de junio) para aplicar correctamente la normativa comunitaria sobre temporalidad en el sector público y corregir las deficiencias detectadas en dos expedientes, relativos a la discriminación de trabajadores temporales y al uso abusivo de estos contratos.
El ministerio argumenta que necesita saber exactamente cuántos son los trabajadores afectados
El Gobierno ha pedido más tiempo a la Comisión, alegando, entre otros motivos, la sentencia del Supremo conocida el pasado mayo en la que se descartaba convertir en fijos de forma directa a todos los empleados en abuso de temporalidad, sino sólo a los que hubieran superado un proceso selectivo sin obtener plaza, y en la que se establecía un sistema de indemnizaciones para los trabajadores que hubieran sufrido abuso de temporalidad.
En ese fallo, el Supremo señala que, cuando se extinga una relación laboral abusiva, el trabajador tiene derecho a dos indemnizaciones distintas, independientes y compatibles entre sí: la extintiva (una cuantía “no exigua” en el caso de relaciones laborales anormalmente largas) y una compensatoria por el abuso de temporalidad, que debe tener en cuenta daños morales y materiales (ventajas económicas que el interesado habría podido reclamar si no hubiera existido el abuso).
En el caso de los daños morales y de cara a futuros pleitos que surjan al respecto, el Alto Tribunal fija una indemnización mínima, en base los criterios de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS) para la vulneración de los contratos temporales, que establece multas desde un mínimo de 1.000 euros hasta un máximo de 10.000 euros.
El Ministerio encargado de Función Pública ha emplazado a las comunidades autónomas y a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) a una reunión de coordinación el próximo 8 de julio en Santander, a fin de debatir posibles medidas y propuestas para reducir la temporalidad en el sector público.
CSIF recuerda que la Ley de Estabilización limita al 8% la tasa de temporalidad
Por su lado, el sindicato más representativo en las administraciones públicas (CSIF) ha afirmado este martes que se deben establecer sanciones ejemplares, claras, concretas y aplicables para los responsables de las administraciones que sigan abusando de la contratación temporal.
CSIF pide que este tipo de sanciones vayan más allá de la mera responsabilidad administrativa y que recaigan sobre los máximos responsables de aquellas administraciones que incumplan. Y recuerda que la Ley de Estabilización limita al 8% la tasa de temporalidad.
Además del endurecimiento de las sanciones, la convocatoria de todas las plazas estructurales y la reducción de los plazos de ejecución de los procesos selectivos, CSIF propone que el Gobierno elimine la tasa de reposición en la próxima oferta de empleo público, para que las administraciones puedan realizar ofertas en función de sus necesidades sin contratar interinos.
