La proposición de ley para limitar la compra de vivienda en Catalunya que ha empezado a debatir el Parlament ha encontrado el rechazo tanto del sector promotor y empresarial como de los inquilinos, aunque por motivos diametralmente opuestos. Mientras los primeros consideran que restringir el uso de los pisos podría ser “inconstitucional”, los segundos lamentan que la ley se queda corta y piden medidas aún más contundentes.
La Cámara catalana aprobó este miércoles tramitar la iniciativa impulsada por los Comuns por la vía exprés y ahora se abre un periodo de enmiendas, a lo que habrá que añadir el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. El texto que se acabe votando finalmente puede, pues, cambiar, pero las espadas ya están en alto.
La asociación de promotores APCE reaccionó de forma inmediata. Según su presidente, Xavier Vilajoana, las medidas que recoge la ley desincentivarían la oferta y agravarían las dificultades para acceder a una casa. La proposición fija que las viviendas que se adquieran en las zonas de mercado tensionado solo puedan destinarse a vivienda permanente del comprador o a alquiler habitual con los precios topados, también los pisos heredados. Además, fija que los compradores solo podrán tener una segunda residencia. Serían los ayuntamientos los encargados de decidir si aplican estas medidas en sus municipios a través de los ordenamientos urbanísticos.
La patronal Pimec pide aumentar la oferta de vivienda
Para Vilajoana, estos puntos van en contra del principio de propiedad privada. Por ello, los promotores empujarán para que se lleve al Tribunal Constitucional si el Parlament la acaba aprobando. En la misma línea se pronunció la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona. Su gerente, Òscar Gorgues, subrayó que la iniciativa añade “inseguridad jurídica” al mercado de la vivienda y ahuyenta al capital, “necesario para dar respuesta a las necesidades de vivienda”.
Desde Pimec subrayaron asimismo que las políticas de vivienda en Catalunya deberían centrarse más en aumentar la oferta. La patronal advirtió que muchos propietarios son familias que invierten sus ahorros en una segunda o tercera vivienda para completar la jubilación o como patrimonio, y alertó que medidas que generen inseguridad jurídica pueden desincentivar el alquiler. Por ello, propone incentivos fiscales para el alquiler estable, más protección frente a la ocupación ilegal y la morosidad, agilizar la construcción de nuevas viviendas o reforzar la colaboración público-privada.
La adquisición de pisos para invertir ha caído a mínimos de cinco años, según Tecnocasa y la UPF
El Sindicat de Llogateras señaló en cambio que la ley “está llena de agujeros” y será poco efectiva a la hora de prohibir determinadas operaciones inmobiliarias al dejar su aplicación en manos de los ayuntamientos y ligada a la declaración de zona tensionada. “Hay que aplicar la prohibición en todos los lugares donde estas prácticas especulativas han dificultado el acceso a la vivienda”, añadió su portavoz, Enric Aragonès.
El sector, sin embargo, apuntó que la participación de los inversores en el mercado inmobiliario se ha reducido en los últimos años. El último análisis del mercado de la vivienda de la Cátedra Tecnocasa-UPF indica que la compra de pisos para invertir ha pasado del 30% en el 2023 al 9,9% en el 2025, según sus datos internos –Tecnocasa trabaja principalmente con compradores particulares–. En todo caso, se trata del menor porcentaje desde el año 2013. En cambio, prosigue el estudio, aumentan los propietarios que venden los pisos que tenían en alquiler.
