El pleno del Parlament ha dado luz verde este miércoles a tramitar por lectura única, con un procedimiento abreviado que acorta los plazos y esquiva algunos pasos, la proposición de ley de los comunes que tiene por objeto limitar la compraventa de vivienda en zonas tensionadas si no es para residir, para un familiar o para ponerla en alquiler residencial.
Se trata de una medida acordada por el grupo de los comunes y el Ejecutivo de Salvador Illa a cambio del apoyo a los presupuestos de la Generalitat. Que se tramite por la vía rápida ha salido adelante con el apoyo de los grupos que sustentan al Govern –PSC, Esquerra Republicana y los comunes– y de la CUP, que también registró una medida similar que, de momento, no ha llegado al pleno. En contra han votado Junts, PP, Vox y Aliança Catalana.
Las fuerzas de la oposición han sido muy críticas con el hecho de que se quiera aprobar una medida de este calado sin tener en cuenta la opinión de los expertos en el trámite legislativo y del mundo local, que será quien tenga la última palabra para aplicar la ley si finalmente se aprueba. El plazo para presentar enmiendas vence el 20 de julio.
De todos modos, pese al optimismo de los comunes, que consideraban ayer que la norma se puede aprobar este mismo mes, lo más probable es que no se vote hasta después del parón vacacional, puesto que tanto Junts como el PP prevén llevarla al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), el órgano consultivo catalán que dictamina sobre la constitucionalidad de las leyes. El hecho de presentar ese recurso paralizará la tramitación parlamentaria y está previsto que la solicitud se curse en el último instante.
En cualquier caso, el informe del CGE no será vinculante y aunque dictaminase que la ley contraviene la Carta Magna y el marco legal, el pleno de la Cámara catalana puede desoír al órgano consultivo y sacar adelante la ley en los términos previstos. El PP catalán, más allá de tratar de paralizar la tramitación, también anunció en febrero, cuando se pactó la iniciativa por parte del Govern y los comunes, que la impugnaría en el Tribunal Constitucional, un paso que se puede dar una vez la ley haya sido refrendada por el Parlament.
Junts, principal grupo de la oposición, denuncia que esta normativa afecta a un derecho fundamental como es el de la propiedad y que invade competencias de los ayuntamientos. Asimismo, considera que afecta a las herencias, a donaciones y sucesiones, y que contraviene la directiva europea de servicios y la normativa de libertad de empresa comunitaria. Estos son los argumentos que esgrimirán desde JxCat ante el órgano consultivo catalán.
El texto impulsado por los comunes persigue reducir la participación en el mercado inmobiliario de los inversores y promover la adquisición de pisos por parte de particulares. Así, las viviendas que se adquieran solo se podrían destinar o a residencia permanente del comprador o de un familiar, o bien a alquiler habitual. Quedarían excluidos otros usos, como el alquiler de temporada, el alquiler turístico o los negocios. Un piso no podría comprarse o arrendarse para instalar un despacho de abogados o una consultoría, por ejemplo. Y solo se permite tener una segunda residencia en zonas tensionadas siempre y cuando no se tenga en esa misma ciudad la vivienda habitual.
En el debate parlamentario, los comunes, ante las críticas que han vertido los grupos y algunas asociaciones en los días previos, han defendido la legalidad de su proyecto y que es “sólido jurídicamente” y que cuenta con informes favorables. Esquerra, que también ha votado a favor, ha concedido que el plazo de enmiendas es muy breve en este caso y ha apuntado que una de las soluciones para el problema de la vivienda pasa por bajar la fiscalidad a la compra del primer inmueble y subir los impuestos a los que tengan voluntad de acumular ladrillo.
JxCat, en su intervención, ha reprochado al Govern que haya modificado en lo que va de legislatura cinco veces la regulación que tiene que ver con la vivienda, sin que eso haya solucionado el problema de acceso a la vivienda, y que creen “inseguridad jurídica”. Además, ha apuntado que hay que acabar con las ocupaciones conflictivas y delincuenciales y ha cifrado el déficit de pisos en 125.000 y ha lamentado que con la medida de los comunes se puede dar la circunstancia de que Barcelona aplique la restricción y Badalona y Sant Cugat del Vallès no lo hagan.
El PP, por su parte, ha remarcado que “no se puede aprobar por lectura única una proposición de ley que afecta a derechos fundamentales”. Vox ha atribuido la escasez de vivienda al crecimiento demográfico y al “intervencionismo” que, a su juicio, ha convertido la vivienda en un bien escaso que empuja a los propietarios a vender y que permite comprar a los extranjeros y los fondos de inversión, que son los que tienen más recursos. Aliança Catalana también ha atribuido la falta de vivienda a la inmigración, igual que Vox.
La CUP ha señalado en su turno que esta ley no basta porque “permite a los ayuntamientos decidir si aplica la ley y permite comprar bloques enteros y subir precios”. La formación ha calificado la iniciativa de “socialdemocracia banda” ante las críticas de PP y Vox que han tachado la ley de “comunista”. Ha cerrado el debate el PSC, que ha admitido que con esta normativa no basta para solventar el problema, si bien ha destacado que la iniciativa ”busca preservar la función social de la vivienda”.
Sea como fuere, tanto en ERC como en el PSC hay quien no ve con buenos ojos esta iniciativa.
