La Comisión Europea abrió este miércoles un triple frente judicial a España por varias directivas comunitarias pendientes de transponer. Bruselas anunció que lleva al país ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por el incumplimiento de plazos, lo que abre la puerta a sanciones y multas.
La primera tarea pendiente apunta solo a España. La Comisión la lleva a la justicia para obligarla a transponer una directiva que cambia requisitos mínimos de fondos propios y pasivos admisibles que deben cumplir los bancos y otras entidades. En ella se amplía el alcance y se cambian criterios para tratar entidades que vayan a ser liquidadas. España tenía hasta noviembre del 2024 para transponerla. “Hasta la fecha, todos los Estados miembros de la UE han declarado haber completado la transposición del acto, salvo España”, se señaló en un comunicado. Esto genera una situación de trato diferente en las entidades, con “condiciones de competencia desiguales” que pueden encarecer su financiación. “La Comisión Europea considera que los esfuerzos realizados por este Estado miembro son insuficientes y, por consiguiente, ha decidido llevarlo ante el Tribunal de Justicia y solicitar que se le impongan sanciones financieras”, se apuntó a continuación.
Otro frente está ligado a la ciberseguridad. Bruselas censura la falta de transposición de la directiva sobre la seguridad de las redes y los sistemas de información, algo que se tendría que haber hecho en el 2024. Esta directiva tiene como objetivo reforzar la ciberseguridad de la UE, con normas más estrictas para entidades que operan en sectores críticos como la salud, la energía, el transporte y el sector público. “Su plena aplicación es esencial para mejorar la resiliencia de la UE y las capacidades de respuesta en caso de incidentes”, se argumentó. España, Irlanda, Francia y Países Bajos, tenían hasta el 17 de octubre del 2024 para transponer la directiva. Ahora con el envío de la cuestión al TJUE se plantea la imposición de sanciones con una cantidad a tanto alzado y multas diarias hasta que se notifique la transposición completa. La directiva que España aún no ha transpuesto exige a los países miembro “que refuercen sus capacidades de ciberseguridad e introduzcan medidas de gestión de riesgos y obligaciones de notificación de incidentes” en ciertos sectores.
El último y tercer punto de disputa se da en el terreno laboral, por falta de transposición de una directiva sobre las certificaciones profesionales. Bruselas lleva a España en solitario a la justicia por no reconocer el título de traductores e intérpretes jurado de otros países de la UE. Este caso se remonta al 2019. En particular, hace referencia al reconocimiento de los traductores e intérpretes jurados que desean establecerse permanentemente en España o prestar servicios temporales transfronterizos.
Al margen de la vía judicial, se reprendió a España por los permisos para la directiva de pagos, la protección de los trabajadores del amianto, el uso de agua o los objetivos de reciclaje, entre otros ámbitos. En el lado contrario, se cierran tres procesos abiertos, uno de los cuales hace referencia a una directiva sobre alimentación o derechos de pacientes.
