La Fiscalía ha salido en defensa de Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para pedir su absolución en su escrito de conclusiones de cara al juicio con jurado popular al que le quiere llevar el juez Juan Carlos Peinado y para acusar al mismoi instructor de crear una “confabulación” en su argumentario para quitarle el pasaporte como medida cautelar.
Por un lado, el Ministerio Público ha presentado un recurso de apelación en el que tilda las medidas cautelares impuestas por el juez( retirada del pasaporte, prohibición de viajar al extranjero y comparecencias cada 15 días ante el juzgado) de “desproporcionadas, innecesarias y contrarias a los fines propios de la ley” dado que, a su juicio, no existe un riesgo real de fuga.
Según el fiscal, tanto Gómez como su asesora, Cristina Álvarez, a quien el juez también ha impuesto medidas cautelares, poseen un fuerte “arraigo familiar y profesional en España”, lo que contradice la justificación del juez para limitar su libertad de movimiento. Además, la Fiscalía sostiene que la instrucción carece de “un análisis individualizado suficiente” y tacha de “especulativas” las sospechas sobre posibles apoyos externos para evadir la justicia.
El núcleo del recurso de la Fiscalía reside en la falta de pruebas sobre un posible intento de las investigadas de eludir la justicia. Para el ministerio Público, Peinado se ha basado únicamente en un “hipotético riesgo de fuga” derivado de la gravedad de las penas, que podrían alcanzar los 24 años de prisión, por delitos de tráfico de influencias, malversación y corrupción en los negocios, pero sin analizar las “circunstancias personales de las acusadas”.
Para el fiscal, ambas mujeres presentan un “indudable arraigo en territorio nacional”, subrayando que son españolas, tienen a sus familias en España y desempeñan aquí su actividad profesional. Además, recalca que “carecen de nexos con el extranjero” y no poseen bienes fuera del país que faciliten una huida.
Uno de los puntos más polémicos del auto de Peinado era la sugerencia de que los agentes de seguridad que custodian a Begoña Gómez podrían, por orden superior o iniciativa propia, facilitar su huida. La Fiscalía tacha este argumento de carente de lógica: “No es fácilmente asumible esa visión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en un Estado de Derecho como el nuestro”, señala el escrito, calificando la tesis del juez como una “confabulación” sin justificación.
El Ministerio Público también critica la orden de retirar “cuantos pasaportes pudiera disponer” de cualquier nacionalidad, calificándola de “llamativa”. El fiscal asegura que la mención a una supuesta nacionalidad de la República Dominicana es un “dato irreal sistemáticamente propagado en ciertos medios” al que el juzgado parece estar dando validez de “forma indebida”.
Respecto a las comparecencias en el juzgado dos veces al mes, la Fiscalía es tajante: no tienen sentido si no hay riesgo de fuga y parecen buscar más una “suerte de penalidad adicional anticipada y exposición pública” que una finalidad procesal real”.
Finalmente, el recurso destaca la especial “inconsistencia” de las medidas contra Cristina Álvarez, asistente de Gómez. El fiscal afirma que la resolución judicial la equipara con la principal investigada basándose en una “premisa incierta” y que, en su caso, la decisión es “sencillamente injusta” dada la debilidad de la imputación en su contra.
Con este recurso, la Fiscalía espera que la Audiencia Provincial revoque el auto y mantenga a ambas investigadas en situación de “libertad provisional” sin restricciones adicionales.
Además, la Fiscalía ha presentado su escrito de conclusiones en el que pide la libre absolución de Gómez tras concluir que las actividades investigadas “no presentan irregularidades penales”. El Ministerio Público afirma que “los hechos narrados no son constitutivos de infracción penal”.
Esta petición de sobreseimiento se hace extensiva al empresario Juan Carlos Barrabés y a la asesora Cristina Álvarez, al considerar que no existen pruebas de tráfico de influencias ni de corrupción en sus actuaciones.
Respecto a su labor en la Universidad Complutense, el informe detalla que Gómez codirigió una cátedra y diversos másteres cumpliendo con la normativa vigente y sin percibir remuneración por la cátedra, por la que percibió “cero euros”.
La Fiscalía aclara además que el software desarrollado en ese marco es de titularidad universitaria y que “no consta que ninguno de los acusados haya realizado una explotación mercantil del referido programa”.
Además, destaca que el registro de dominios y marcas se hizo inicialmente a nombre de la universidad y que nunca hubo intención de apropiación indebida.
Sobre los contratos públicos adjudicados a las empresas de Juan Carlos Barrabés, la Fiscalía sostiene que Begoña Gómez es totalmente “ajena a la entidad pública empresarial estatal red.es” y a los demás organismos adjudicadores.
El fiscal precisa que las cartas de apoyo firmadas por Gómez eran una práctica “común”, formando parte de un grupo de ”35 empresas y entidades sociales” que respaldaron el proyecto, y subraya que no hay constancia de “lazos personales, familiares, amistad o cualquier relación” que influyera en las adjudicaciones.
Por último, el Ministerio Público defiende la legalidad del papel de Cristina Álvarez como directora de programas para asistir a la esposa del Presidente, un puesto de confianza habitual en “todos los gobiernos de la etapa democrática en España desde 1978”. Y concluye que no ha existido ningún menoscabo para el patrimonio público y que, por tanto, “procede la libre absolución de los acusados”.
