El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha aprobado esta mañana prorrogar la actividad de la central nuclear de Almaraz tres años más, hasta el 2030. Es lo que habían solicitado las propietarias de la central, Iberdrola, Endesa y Naturgy. Este posicionamiento del Consejo de Seguridad Nuclear era preceptivo, pero no supone todavía el último paso para que la central extienda su vida operativa. A partir de ahora, es el Gobierno quien tiene que tomar la última decisión.
La decisión se ha tomado por cuatro votos a favor, los del presidente Juan Carlos Lentijo, la vicepresidenta Pilar Lucio y los vocales Javier Dies y Silvia Calzón; y una abstención, la del vocal Francisco Castejón, nombrado a propuesta de Podemos.
El informe de los técnicos sobre el cierre de la central estaba terminado a mitad de junio, según ya publicó “La Vanguardia”, y el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear tenía previsto tratarlo el 24 de ese mes, pero desde entonces se han producido distintos aplazamientos derivados de las reticencias de algunos de los miembros al frente del órgano que rige la institución, que han preguntado hasta la saciedad por los riesgos que pudieran derivarse de esa ampliación y que han provocado que la decisión final se cayera del orden del día de las reuniones posteriores hasta que finalmente, hoy se ha tomado la decisión.
Se trata de una autorización que establece una nueva condición, como es que se aseguren dotaciones de personal con funciones relacionadas para la seguridad para el periodo de la prórroga, es decir, 2028-2030. Para tomar la decisión, el informe se ha basado en 29 documentos que contemplan el estado de envejecimiento de las estructuras, el plan de gestión de vida y la calificación ambiental de los equipos.
De esta manera, los cinco miembros del pleno del CSN han contado con la información técnica suficiente para adoptar una decisión que es trascendente para España. Porque el hecho de ampliar o no la central nuclear de Almaraz va más allá de esta infraestructura en concreto. Según las empresas propietarias de Almaraz, el futuro de esta infraestructura afecta al resto de las plantas nucleares del país. Esta decisión del CSN y la posterior del Gobierno, que será la definitiva, marcarán si España abandona o no la energía nuclear en un momento crítico desde el punto de vista de estabilidad del sistema, garantía de suministro y soberanía energética.
Lo que ha hecho el CSN es determinar si la instalación dispone de las condiciones de seguridad adecuadas para seguir funcionando. Para establecer su dictamen, ha recopilado información de la dirección de la central sobre cómo gestionará el envejecimiento de las instalaciones en estos tres años más de vida de la central.
Lo cierto es que, desde que inició este proceso, con la solicitud de prórroga, en el sector se contaba con una opinión favorable del CSN. Tanto por considerar que reunía las condiciones de seguridad, como por la comparativa con una central gemela de Almaraz, situada en Virginia (EE.UU.) que recientemente consiguió una autorización para seguir funcionando.
El Ministerio para la Transición Ecológica está a la espera de recibir este informe para renovar la autorización de la central hasta el 8 de junio del 2030. “Siguiendo el procedimiento establecido, el ministerio estudiará el informe del CSN y toda la información que forma parte del expediente, antes de adoptar una decisión sobre la autorización de explotación de la central”, indican fuentes del ministerio.
