Guardiola, Azcón, Mañueco y Moreno lo tienen relativamente fácil. Han cerrado un acuerdo de gobierno por cuatro años por el cual se los dos socios, PP y Vox se comprometen a aprobar los cuatro presupuestos de la legislatura.
Aceptadas las cláusulas del acuerdo inicial, el mandato debería ser teóricamente más cómodo que para los líderes del PP a los que nos les queda otra que pactar con Vox porque sin sus diputados o concejales carecen de mayoría pero por lo que sea –hay circunstancias de todo tipo– no tienen cerrado un acuerdo de gobierno. Entonces hay que negociar caso por caso. Y es mucho más difícil todavía.
En Valencia ha impuesto sus criterios para dar prioridad sólo a los españoles a cambio de aprobar los presupuestos
Sin ir más lejos el presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca –un político de carácter liberal, centrado– pactó el viernes con los representantes de Vox en les Corts una modificación de la ley de servicios sociales para introducir una disposición final que prevé “la exclusión del acceso a las prestaciones y servicios sociales de carácter estructural de las personas que se encuentren en situación administrativa irregular”. Un acceso del que solo se exceptúan “los supuestos de urgencia vital que procedan conforme al ordenamiento jurídico”. La segregación por origen, que el propio Llorca había rechazado, pasa de este modo a formar parte del las reglas de juego del gobierno valenciano.
La aprobación de esta enmienda se producía 24 horas después de que esta misma semana PP y Vox han escenificado su fuerte alianza en la Comunidad Valenciana con la aprobación de los primeros presupuestos que contemplan por escrito el principio de prioridad nacional.
La negociación presupuestaria de estos días ha demostrado que la influencia de los de Abascal en el legislativo valenciano es mucho mayor ahora que cuando Vox formaba parte del Consell de Carlos Mazón. Lo dicho: en los acuerdos con Vox casi es mejor pactar antes que durante.
Otro caso: Marga Prohens logró formar un gobierno sin consellers de Vox en el Consell de Govern, pero la presencia de la extrema derecha ha terminado impregnando su desempeño. El pacto que firmaron los dos partidos era un dibujo de 130 puntos de las obsesiones de Vox: lengua, inmigración y memoria histórica. La legislatura ha transcurrido entre choques en estas materias entre las dos formaciones y acuerdos que el PP ha tenido que aceptar obligado por las circunstancias, con menor grado en las cuestiones lingüísticas, pero sin matices en todo lo relacionado con inmigración, donde la postura de Prohens y de Vox han terminado siendo indistinguibles.
Vox comenzó exigiendo a Prohens que hiciera pruebas dentales a los menores que llegan en patera a las islas para determinar su edad y poco más ha tenido que exigir. La presidenta ha ido endureciendo su política de inmigración apenas sin necesidad de que Vox empuje. Una de las últimas decisiones ha sido eliminar las ayudas que concede el Govern a las personas sin recursos que no acrediten residencia legal en Baleares. Hasta ahora, bastaba con presentar el certificado de empadronamiento para recibir la renta social garantizada; desde el año pasado, deben acreditarse un mínimo de tres años de residencia.
Prohens se ha negado a acoger menores migrantes procedentes de Canarias y ha llevado el asunto a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo. Alega que las islas están desbordadas por la llegada de migrantes, más de 7.000 el año pasado, pero también está litigando contra el proceso de regularización extraordinario aprobado por el Gobierno.
El sello de Vox se ha notado en otras materias añadidas: se han eliminado las ayudas a las ONG que colaboran con el “tráfico ilegal de personas”.
Si en inmigración apenas ha tenido que exigir nada Vox, no puede decirse lo mismo de las rebajas al catalán. Prohens no quiere repetir la experiencia de José Ramón Bauzá, un presidente que desplegó una cruzada contra el catalán y cuyo resultado fue 100.000 personas en la calle en la manifestación más multitudinaria que ha vivido Baleares y una estrepitosa derrota electoral en 2015. Prohens, no va a transigir ante Vox en esta cuestión.
La tercera pata de esas tres grandes exigencias de Vox, la de memoria, se sustanció hace unos meses con la derogación de la ley de memoria aprobada en la anterior legislatura.
El PP votó en contra en un primer intento, pero no le quedó más remedio que rendirse a Vox a cambio de la aprobación de los Presupuestos.
