La Empresa Común EuroHPC (EuroHPC JU) ha lanzado una convocatoria de licitación para seleccionar consorcios que construirán y operarán futuras gigafábricas de IA (AIGF) en la Unión Europea. Una decisión que en Móra La Nova, la localidad en la que está previsto que se localice la candidatura que va a presentar España esperaban con mucho interés. “Es la hora de la verdad”, ha asegurado Jesús Álvarez, alcalde de la localidad, que ha reconocido afrontar esta nueva etapa “con nervios”.
La iniciativa, que llega casi un año después de lo esperado, confirma que movilizará más de 30.000 millones de euros en inversión pública y privada para dotar al bloque de las infraestructuras necesarias para desarrollar modelos avanzados de esta tecnología.El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el 12 de noviembre y la Comisión prevé adoptar las decisiones de adjudicación a principios de 2027 para iniciar ese mismo año la construcción de las primeras gigafactorías.
Bruselas calcula aportar hasta 10.000 millones de euros de financiación europea y nacional con el objetivo de atraer al menos otros 20.000 millones de inversión privada y sostiene que las futuras instalaciones estarán al servicio de empresas, pymes, ‘startups’, centros de investigación, universidades y administraciones públicas para desarrollar, entrenar y ejecutar este tipo de sistemas.
Con ese objetivo, podrán concurrir a la convocatoria consorcios integrados por compañías, entidades públicas e inversores, entre otros socios, con proyectos que podrán ubicarse en un único Estado miembro o repartirse entre varios países y que serán evaluados mediante un procedimiento “competitivo”, según recoge el Ejecutivo comunitario.
La financiación se canalizará a través de la Empresa Común Europea de Computación de Alto Rendimiento (EuroHPC JU), que junto a 18 Estados miembros –entre ellos España– comprará de forma conjunta el acceso a la potencia de cálculo de las gigafactorías que resulten seleccionadas.
La convocatoria prevé dos modalidades de ayudas para respaldar hasta siete proyectos, con financiación europea de hasta 500 millones de euros por instalación en una primera modalidad y de hasta 1.000 millones en otra, distribuidas entre las dos fases de desarrollo. España concurre en el segundo grupo, con una propuesta de sede compartida entre Móra la Nova y San Fernando de Henares (Madrid) y con un proyecto que cumple con el criterio de los de mayor capacidad que marca la UE, los que deben superar los 100.000 procesadores. Alemania, Grecia o Italia son otros de los países que han mostrado su disposición a concurrir a esta misma categoría y, por tanto, con los que tendrá que competir la española liderada por empresas como Telefónica, Banco Santander, ACS y Multiverse Computing además del organismo público SETT (Sociedad Española para la Transformación Tecnológica).
Además, Bruselas ha informado de la firma de cartas de intenciones con las compañías estadounidenses AMD, NVIDIA y Qualcomm para facilitar a los futuros consorcios el acceso al hardware necesario para desarrollar estas instalaciones, una medida que enmarca en el acuerdo comercial alcanzado recientemente entre la UE y Estados Unidos.
