Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Austria, Finlandia y Suecia, los países conocidos como frugales por su énfasis en la austeridad del gasto público, han sostenido que la propuesta de presupuesto de la Comisión Europea para el período 2028-2034, cercana a dos billones de euros, debe reducirse “de manera equilibrada” en todas las rúbricas.
En una declaración conjunta emitida tras una reunión en Berlín de sus jefes de Gobierno, han reclamado un recorte de “varios cientos de miles de millones” de euros de la propuesta de la Comisión para el próximo presupuesto a largo plazo de la UE.
“En un momento en que prácticamente todos los Estados miembro están llevando a cabo dolorosas consolidaciones fiscales, el presupuesto de la UE no puede ser una excepción. La Unión Europea debe tomar decisiones claras y reordenar las prioridades dentro del presupuesto, tal como hacemos en nuestros propios países”, han indicado en su misiva.
Más concretamente, han señalado que el presupuesto debe crecer para abordar las prioridades estratégicas de la UE, sin embargo, solo a un ritmo moderado, de forma que la propuesta de la Comisión tenga que reducirse en varios cientos de miles de millones de euros con mesura.
En la junta se encontraban los cancilleres de Alemania, Friedrich Merz; de Austria, Christian Stocker; los primeros ministros de Dinamarca y de Finlandia, Mette Frederiksen y Petteri Orpo, a los que se sumaron por videoconferencia sus homólogos de Suecia y Países Bajos, Ulf Kristersson y Rob Jetten.
Los seis países han reclamado además una “evaluación holística” de los flujos de pago en el marco de las negociaciones, dado el nivel de compromisos de pago pendientes en el actual marco financiero que han denominado excepcionalmente elevado, junto a los mecanismos de transferencia adicionales que operan fuera de este.
Han exigido además que las instituciones comunitarias organicen su carga de trabajo dentro de los niveles de personal existentes, y reclamado corregir los desequilibrios netos excesivos entre Estados miembro.
Los firmantes, que van desde el conservador Merz hasta la socialista Frederiksen, defienden que el nuevo presupuesto debe ir respaldado por un marco legislativo y regulatorio “eficiente, socialmente responsable y favorable a las empresas” que priorice de forma sistemática una transformación “exitosa, rápida y verde” de las economías europeas, acelerando los procedimientos de planificación y concesión de permisos.
Merz subrayó ante los medios el peso de los seis países dentro de la UE, al afirmar que, juntos, financian alrededor del 40% del presupuesto comunitario.
Por último, tras destacar que los valores comunes y el Estado de derecho deben ser una condición fundamental para acceder a cualquier financiación europea, han rechazado una nueva emisión de deuda común de la UE como respuesta a los retos presupuestarios del bloque, al considerar que “no es la solución” y que “no constituye una alternativa a las reformas estructurales”.
