Más allá de los triunfalismos de ambas partes, el acuerdo está lleno de incógnitas. Primero, legales. La Constitución de Venezuela establece que “los yacimientos de hidrocarburos son bienes del dominio público, inalienables e imprescriptibles; pertenecen a la República y no pueden cederse ni transferirse en propiedad”. Sin embargo, una ley aprobada este año por Caracas contempla la posibilidad de empresas mixtas con mayoría estatal o privadas domiciliadas en Venezuela, por lo que cabría encontrar una fórmula que encaje. Para Ricardo Hausmann, economista de la Universidad de Harvard, “EE.UU. optó por pactar el expolio de activos, un acuerdo inconstitucional con un gobierno ilegítimo, en lugar de restablecer primero el Estado de derecho”.
Segundo, hay objeciones económicas. Delcy Rodríguez habla de más de 200.000 millones de dólares de ingresos fiscales para Venezuela. Esto son tres dólares por barril, una miseria. Pero también para las empresas estadounidenses, Venezuela, más que la gallina de los huevos de oro, es un rompecabezas. Las instalaciones están deterioradas y el crudo es muy pesado, con lo que muchas de las reservas no son explotables. La última vez que sacaron tres millones de barriles diarios, el triple de lo actual, fue hace 25 años. Se estiman inversiones de hasta 100.000 millones en diez años.
Para el economista venezolano Ángel García, de la consultora Econométrica, “el acuerdo va en la dirección correcta, permite superar la gestión ineficiente de los funcionarios venezolanos y evita que el país esté a la merced de la volatilidad de la cotización del barril”. Sin embargo, el problema es la seguridad jurídica. “Las multinacionales estadounidenses pueden refinar y distribuir, pero si tienen que actuar en el terreno, con inversiones de capital fijo, no querrán exponerse a riesgos de orden público”, explica. Y las relaciones entre las firmas extranjeras y el ala dura del régimen, comandada por Diosdado Cabello, no son buenas. Para García, “las compañías de EE.UU. no tienen reparo en invertir en países no democráticos, pero quieren estabilidad”. Por Cabello, acusado de conspiración y narcoterrorismo, EE.UU. ofrece una recompensa de 25 millones. ¿Está esto en el acuerdo?
