Después de su “estamos firmes” con el que acompañó el par de fotografía que envío desde la cárcel de Nueva York el pasado domingo, en un intento de demostrar a los suyos que desafía a Estados Unidos, el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, persevera en la ilegalidad del caso montado contra él tras ser detenido en la cama de su casa de Caracas, junto a su esposa Cilia Flores, durante la operación militar de los Navy Seal, el pasado 3 de enero.
La defensa de Maduro, liderada por el abogado Barry Pollack, pidió que se desestime la causa penal con el argumento de la inmunidad soberana, según documentos judiciales. “Ningún tribunal estadounidense ha presidido jamás el juicio penal de un líder extranjero que fuera reconocido por su propio país como jefe de Estado en funciones en el momento en que se presentaron los cargos”, recalcó en su reclamo.
“Eso no es una casualidad de la historia. Refleja una norma más antigua que el common law (derecho anglosajón). Los jefes de Estado están exentos del proceso penal de cualquier tribunal nacional que no sea el suyo”, agregó.
El juicio por varios cargos de narcotráfico, lavado de dinero y corrupción está previsto para junio del 2027. Previamente, el próximo 17 de noviembre, se celebrará una audiencia para revisar si, como remarca la defensa, el expresidente chavista goza de inmunidad por esa calidad de jefe de Estado, lo que impugnaría todo el proceso.
Este miércoles expiraba el plazo concedido por el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, para que el defensor entregara sus consideraciones. El Departamento de Justicia dispone ahora hasta el 2 de octubre para responder a estas peticiones, si bien ya han dejado más que claro que todo eso carece de valor una vez que se hizo la declaración de banda terrorista al supuesto grupo de narcos liderado por Maduro, a partir de su versión.
Así que Pollack entregó dos mociones al tribunal. En una de ellas solicitó que el caso sea anulado en base a esa inmunidad, como ya pidió en la audiencia celebrada el pasado marzo. Pero, como alternativa y en el supuesto más que probable de que esa petición no sea atendida, planteó que se elimine el cargo de conspiración por narcoterrorismo.
En la primera moción subrayó que un tribunal de EE.UU. no tiene jurisdicción para procesar a Maduro porque “es jefe de Estado de facto” y la conducta en la que se basan los cargos “consiste en actos atribuibles a los cargos oficiales” y a las “facultades del Estado”, insistió
“El Tribunal carecería de jurisdicción sobre Maduro si este tuviera derecho o bien a la inmunidad soberana basada en su condición de jefe de Estado o bien a la inmunidad soberana basada en la conducta. Tiene derecho a ambas”, se recalcó en el documento.
La defensa reiteró que los hechos descritos en la acusación se derivan del ejercicio de funciones oficiales de Maduro, entre ellas atribuciones diplomáticas, militares y de seguridad, y que, por tanto, tampoco puede ser juzgado por un tribunal estadounidense.
Por si acaso, Pollack señaló en su otro documento la urgencia de retirar el cargo de narcoterrorismo argumentando que el tribunal tampoco tiene jurisdicción y que no está formulado adecuadamente según la ley estadounidense.
La imputación pretende acusar a un ciudadano extranjero por una “conducta exclusivamente extranjera sin alegar adecuadamente el elemento jurisdiccional”. Además, no establece su “intención de causar perjuicio a Estados Unidos, sus ciudadanos o sus intereses”, y “no está dentro de la autoridad del Congreso para regular”, sostuvo el letrado.
Tras la detención el 3 de enero, hubo una primera comparecencia de Maduro y su esposa ante el juez Hellerstein. Entonces, el depuesto presidente de Venezuela afirmó que era “un prisionero de guerra” y proclamó: “Soy un hombre inocente y sigo siendo el presidente de mi país”.
Maduro y su esposa se hallan en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC ), pero no pueden comunicarse. Flores denunció el pasado marzo que no recibía atención médica por una dolencia cardiaca.
