Maricarmen también es famosa en Portugal. Los principales medios portugueses realizaron una amplia cobertura en los últimos días del desahucio de la octogenaria madrileña, así como de los sucesivos episodios del caso y de las movilizaciones y las repercusiones políticas que suscitó, en la línea habitual de una atención por la actualidad española inversamente proporcional a la que hay por la portuguesa al otro lado de la frontera. La asimetría resultó todavía más acusada el miércoles por la noche cuando el Gobierno del conservador Luís Montenegro consiguió en el último momento que el Parlamento aprobase tramitar su ley para facilitar los desahucios en las viviendas en alquiler y reforzar la posición de los propietarios, los senhorios en lengua portuguesa, frente a los inquilinos. Lo logró gracias a la abstención de la ultraderecha de Chega, el partido de André Ventura, a cambio de un preacuerdo para suavizar el texto que ahora se discutirá en comisión.
Al pactar el decreto de los alquileres con los ultras y recibir el definitivo visto bueno socialista al presupuesto, Luís Montenegro afianza su peculiar geometría variable
Con sólo el insuficiente aval de los diputados de Iniciativa Liberal (IL) y con el rechazo asegurado del Partido Socialista (PS), dueño de una de las dos llaves de la gobernabilidad ante la situación de franca minoría parlamentaria del primer ministro Montenegro, éste estaba en manos del siempre imprevisible Chega de Ventura, que tras haber hablado en los días anteriores de la posibilidad de tumbar el decreto de alquileres, mantuvo una negociación con el gobernante PSD, después incluso de que se produjera el debate parlamentario y antes de la votación, en la que finalmente se abstuvo.
En paralelo, esta vez sin ninguna sorpresa, este miércoles el líder del PS, José Luís Carneiro, anunció formalmente la abstención de su partido en las votaciones del presupuesto del Estado portugués del próximo año, una vez que el Gobierno aceptó sus condiciones, entre las que destacaban la de no alterar el sistema de pensiones ni acometer una reforma constitucional sin el concurso de los socialistas, que ya no son uno de los pilares del bipartidismo, sino la tercera fuerza en número de escaños.
De esta manera, pese a su frágil posición, evidenciada en el inicio del curso político con la moción de censura de Chega por las investigaciones de las que es objeto el ministro del Interior, que obligó a Montenegro anunciar rebajas fiscales y una paga extra a los pensionistas, y por unas adversas encuestas que lo sitúan en tercera posición tras socialistas y ultras, el primer ministro muestra que sigue vigente su peculiar método de gobernar en minoría, con acuerdos bien con el centroizquierda bien con la extrema derecha. No obstante, mientras en la relación entre el Ejecutivo y el PS prima previsibilidad, con los ultras sucede todo lo contrario, por lo que está por ver qué sucede en los tres meses de plazo que ahora se inician para discutir y votar los cambios en el régimen de arrendamientos.
El Gobierno sostiene que las mayores garantías para los propietarios harán que el mercado funcione y baje los precios, para escándalo de la izquierda y los inquilinos
Frente a la crisis de la vivienda, que en Portugal alcanza una virulencia específica por una desconexión entre los precios y los salarios superior a la del conjunto del continente, el Gobierno sostiene que la fórmula para hacer bajar los precios de los alquileres consiste en que el mercado funcione, con mayores garantías para los propietarios que permitan arrendar las más de 250,000 viviendas ahora vacías por falta de seguridad jurídica según Reuters. Esta filosofía, considerada disparatada por las asociaciones de inquilinos y las fuerzas progresistas que auguran un mayor encarecimiento, se plasmó en el proyecto de ley aprobado en julio y que se votó el miércoles en el Parlamento, bajo el impacto del caso Maricarmen en España y de los datos conocidos esta semana del máximo histórico alcanzado por los alquileres en Portugal, con una media nacional por primera vez por encima de los diez euros por metro cuadrado.
El Gobierno pretende que se pueda tramitar el desahucio tras dos meses de impago, frente a los tres de la actualidad, así como también en el caso de ocho días de atraso en el abono de la renta tres veces seguidas durante doce meses o de cuatro en dieciocho meses. Además, en la práctica la duración mínima de los contratos bajaría de tres años a uno, se modificarían algunas salvaguardias para las rentas antiguas y se podría aumentar la fianza de dos mensualidades a tres, sin existir límites. Pero este es uno de los puntos cuya modificación el Chega exigió para abstenerse, así como el refuerzo del fondo para hacer frente a los casos de emergencia y la distinción entre los impagos por abuso y por incapacidad real de efectuarlo.
En plena guerra por el dominio de la derecha en las encuestas, en las que ahora mismo los ultras adelantan a los conservadores, estos dos partidos afrontarán hasta fin de año la negociación de una legislación en un terreno en el que el Chega se mueve, de forma errática, a la caza de la oportunidad, entre los postulados ideológicos en favor del libre mercado y su apuesta por presentarse como el partido de los desfavorecidos.
