Los siete diputados de Junts tumbarán el primer decreto de vivienda que aprobó el Gobierno, el que incluye el veto a los desahucios cuando no hay alternativa habitacional y la prórroga de los contratos de alquiler por un periodo de hasta dos años; impedirán que sea convalidado hoy en la votación del Congreso. La formación votará en contra en la sesión extraordinaria que se celebrará y privará al Ejecutivo de Pedro Sánchez de una victoria parlamentaria en el ámbito social que le hubiera dado oxígeno y una bandera en un momento en que hay protestas en las calles por la crisis de acceso a la vivienda.
Tras varios días de especulaciones, la decisión la adoptó la dirección del partido por unanimidad a última hora de este jueves, en una reunión telemática que se convocó para abordar un asunto que suscitaba debate al haber incluido el Ministerio de Vivienda algunas de las demandas de Junts en ese texto. Teniendo en cuenta las protestas en las calles, había criterios dispares, pero el sector de la vivienda y las patronales habían mostrado también su oposición.
Con este escenario, Junts exigió al Ejecutivo que retire el redactado actual para negociar uno nuevo cuanto antes. “Una norma que pretendía proteger el acceso a la vivienda acabará haciendo más difícil encontrar un piso, más difícil pagarlo y más difícil acceder para las familias de la clase media y trabajadora”, resume el comunicado de la organización de Carles Puigdemont y Jordi Turull.
Anoche mismo, sin embargo, el Gobierno decidió mantener el pulso y anunció que no retirará ninguno de los dos decretos. “Ha llegado la hora de que PP, Vox y Junts se retraten y demuestren si, en materia de vivienda, están con la ciudadanía o con los especuladores. Con las clases medias y trabajadoras o con las élites”, señalaron fuentes del Ejecutivo.
Por su parte, y en X, Sánchez ha insistido en que “este Gobierno no va a dar un paso atrás en su lucha por el derecho a la vivienda”. “Los decretos que hemos presentado sirven para frenar la especulación, facilitar el acceso a la primera vivienda, fomentar los alquileres asequibles y frenar los desahucios, como hemos visto hoy (este jueves) con el caso de Macarena en Barcelona”, ha escrito el presidente del Gobierno.
La respuesta del Gobierno
“Ha llegado la hora de que PP, Vox y Junts se retraten y demuestren si están con la ciudadanía o con los especuladores”
Junts se escuda en que las medidas incluidas provocarían el efecto contrario de lo que pretenden. “Reducirán la oferta de viviendas de alquiler, incrementarán los precios y dificultarán todavía más el acceso a la vivienda de las personas con menos capacidad económica”, señalan los posconvergentes, que apuntan, además, que no se frena a los fondos buitre. “Estas entidades podrán seguir adquiriendo viviendas y promoviendo desahucios de inquilinos vulnerables”, objetan. Además, consideran que no hay garantías de que la Administración cubra los impagos de los colectivos vulnerables.
El sí del PNV, anunciado a primera hora de la tarde, junto con el respaldado de Podemos y Coalición Canaria, provocó que todo el peso recayera sobre los posconvergentes ante el primer decreto. Con el segundo, el que obliga a indemnizar a los inquilinos cuando no hay prórroga del contrato, no había dudas, puesto que el PNV ya había anticipado su voto en contra, igual que Junts… y en el propio PSOE reconocían que su voluntad no era que se apruebe.
Sea como fuere en las horas previas, con la reunión de la dirección ya convocada, diversos dirigentes de los posconvergentes se inclinaban por tumbar los dos decretos y reconocían llamadas de sectores económicos y de las patronales para posicionarse en contra como contrapeso a la presión social que ha concitado el asunto de la vivienda en los últimos días.
Había incluso quien señalaba que el PSOE les había “engañado” y que lo que salió publicado en el decreto el miércoles no era lo negociado en los días previos, por lo que señalaban que lo ideal sería rehacer el texto la semana que viene con los compromisos que –según afirman en JxCat– se habían adquirido. “Además, el texto es una chapuza que se ha hecho a prisa y corriendo sin escuchar a los expertos, se podría haber tramitado en ponencia en menos de tres meses”, añadía otra fuente consultada, contraria a la aprobación de los textos, pese a que en la rumorología y en el terreno de las especulaciones entraba también un posible adelanto electoral como respuesta del Ejecutivo.
Argumentos
Los de Puigdemont opinan que el texto actual reducirá el mercado del alquiler y encarecerá precios
Más allá de prohibir los desahucios cuando no hay alternativa, en ese decreto se prorrogaban los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre del 2028 hasta dos años. También se incluían algunas medidas que la formación de Carles Puigdemont y Jordi Turull había solicitado en la negociación con el Gobierno, como deducciones fiscales para los inquilinos, que se recuperen las cuentas de ahorro para la compra de la primera vivienda o que se bonifique en el IRPF a las personas mayores de 65 años que venden su piso para ir a una residencia. Este era uno de los principales motivos para dudar en la cúpula de JxCat, que es consciente de que el acceso a la vivienda es un problema real, aunque no comparta las fórmulas de la izquierda para ponerle solución.
Lo que no se había incorporado a los decretos es la recuperación de las desgravaciones fiscales para los hipotecados, que solo operan para los que firmaron su préstamo antes del 2013, o bien las garantías que JxCat pedía para el pequeño propietario, al que han reivindicado en todo momento y que han pedido diferenciar de los fondos buitre y los grandes operadores inmobiliarios.
El escenario
El voto afirmativo de PNV, Podemos y Coalición Canaria dirigía toda la presión a los posconvergentes
La decisión final de Junts deja lecturas muy diferentes para PNV, Podemos y Coalición Canaria, los otros aliados de la investidura que también habían dejado para última hora su posición. La formación vasca y los canarios se decidieron por apoyar únicamente el primero de los decretos, mientras que la morada anunció el respaldo a ambos.
En el caso del PNV, el resultado tiene algo de paradoja. Con su decisión, a pesar de sus críticas al redactado, los jeltzales han vuelto a marcar distancias con Junts en una materia en la que no quieren aparecer “en la misma foto”. Con ello, además, han mantenido la línea de apoyo al Gobierno que han seguido durante buena parte de la legislatura, salvo en la votación de diciembre, cuando el Ejecutivo “ligó la vivienda a la revalorización de las pensiones”.
A su vez, Podemos, que tachó de insuficientes los textos, esquivaba la foto junto a PP y Vox en un asunto social que ha reactivado las protestas en la calle, donde nació el partido y donde quiere volver a coger vigor.
