El Ayuntamiento de Santa Coloma (Barcelonès Nord) ha acordado suspender durante un año el otorgamiento de licencias y comunicaciones previas para abrir o ampliar nueve tipos de actividades comerciales en la ciudad. La moratoria afecta al conjunto de lo que técnicamente se define como Trama Urbana Consolidada (TUC) y tiene como objetivo dar tiempo al consistorio para estudiar si la normativa actual es adecuada frente a las nuevas dinámicas comerciales que se han detectado en los últimos años.
La medida afecta a los establecimientos de venta de fruta y verdura, los comercios de productos outlet y de segunda mano, los autoservicios de alimentación, los establecimientos de alimentación con apertura las 24 horas, las tiendas especializadas en telefonía móvil y accesorios, los servicios trasteros. La suspensión no se limita las nuevas aberturas. También afecta a las obras de reforma de los locales destinados a estas actividades y ampliaciones de negocios ya existentes
Para la alcaldesa de Santa Coloma, Mireia González, la suspensión de licencias “nos permite abrir una reflexión y un proceso de modificación de la normativa para lograr un objetivo fundamental para la ciudad: garantizar que el futuro del comercio colomense esté ordenado a fin de proteger el comercio local y tradicional”.
La moratoria nos permite abrir una reflexión para garantizar el futuro del comercio local y tradicional
El gobierno municipal justifica la decisión por el aumento de peticiones de licencias y consultas para abrir nuevas actividades de este tipo. Según el documento, el Ayuntamiento ha detectado situaciones que hacen necesario analizar si el Plan de Mejora Urbana para la regulación de los ejes comerciales y usos de Santa Coloma de Gramanet (PMURECU) sigue siendo el adecuado para regular la realidad comercial actual.
La moratoria se enmarca además en la redacción del Plan Estratégico de Comercio de Santa Coloma 2026-2030. Este documento se dirige a orientar la evolución de la oferta comercial, favorecer una equilibrio y corregir vacíos comerciales y concentraciones excesivas de actividades.
El Ayuntamiento, durante este año analizará una a una las nueve categorías afectadas y determinará si es preciso modificar las condiciones de implantación. El mismo decreto plantea que, en función del resultado de los estudios, pueda tramitarse una revisión o modificación del PMURECU.
La suspensión entrará en vigor durante un año a partir de la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona. El gobierno encargará durante este período los estudios a los departamentos de Planeamiento Urbanístico y de Comercio, Ferias y Disciplina de Mercado, con la posibilidad de elaborar posteriormente una nueva propuesta de revisión de la normativa.
