El largo culebrón del real decreto ley (RDL) sobre vivienda, cuyo rechazo en el Congreso el pasado día 2 desencadenó la convocatoria de elecciones generales, escribió sus primeros episodios bastantes meses antes. Primero, cuando el Parlamento tumbó en abril uno impulsado por Sumar y presentado por el Gobierno. El Ejecutivo de Pedro Sánchez no renunció y volvió a intentarlo. Como en tantas otras ocasiones, necesitaba el voto de Junts, el partido presidido por Carles Puigdemont, que desde octubre había decidido no negociar nada con el Gobierno y que en abril le exigió elecciones anticipadas.
Conseguir el apoyo de Junts fue el primer objetivo. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, insistió y organizó, a principios de mayo en Barcelona, una reunión con la portavoz parlamentaria de los independentistas, Miriam Nogueras. La reunión se desarrolló “en un clima de cordialidad, pero también de claridad”, según varias fuentes consultadas. Es decir, franqueza pero sin avances: la dirigentes de Junts ratificó que “si el Gobierno vuelve a presentar el mismo decreto que en abril, volveremos a votar en contra”. No se abrió, pues, ninguna negociación, pese a la buena sintonía personal entre la ministra y la portavoz de Junts.
Para intentar superar las reticencias de Junts, el Gobierno ensayó una vía complementaria y picó en otra puerta. Buscó la complicidad del presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, a quien desde Moncloa atribuyen influencia decisiva en Junts y una estrecha relación en forma de pacto político con Puigdemont; algo que el dirigente empresarial relativiza. La petición venía después de las divergencias entre la patronal y los socialistas sobre el pacto de financiación autonómica.
Con el desahucio en Madrid, la titular de Vivienda negoció a la vez con Nogueras y con el Sindicato de Inquilinas
Rodríguez descolgó el teléfono. Y con la cobertura de la visita del Papa a Barcelona para bendecir una torre de la Sagrada Família, el 11 de junio se mantuvo, con extrema reserva, una comida entre la ministra y el líder patronal, que acudió acompañado de Xavier Vilajoana, el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), uno de los sectores más afectados por la regulación de la vivienda. Lugar inopinado: la sede de Foment, al lado de la catedral de Barcelona.
Rodríguez explicó que antes de aprobar el RDL quería conocer el punto de vista de los empresarios, recoger sus aspiraciones y avanzar hacia el consenso con Junts. Vilajoana expuso sus propuestas. Aunque el encuentro fue cordial, no se formalizó ningún acuerdo; tampoco era el objetivo en aquel momento.
Como Vilajoana mantenía una relación fluida con el ministerio, se acordó seguir hablando. Y lo hicieron a través de conversaciones telefónicas y mensajes. En uno de ellos, el presidente de APCE marcó, a petición del ministerio, sus líneas rojas: los seis temas que consideraba claves, de los que clasificó tres como irrenunciables para apoyar un futuro decreto: reforma del artículo 55 de la ley del Suelo; IVA reducido para las viviendas de protección oficial (VPO) y el uso del suelo terciario de los ayuntamientos para VPO. También transmitió sus ideas al equipo de Junts. Mientras para los constructores la reforma de la ley del Suelo era básica, la formación de Nogueras no insistió en este punto, a diferencia del PNV, que sí presionó para conseguirla.
La ministra se reunió primero en mayo con Junts y tras el bloqueo buscó la mediación de Sánchez Llibre
Finalmente, todo desembocó en un fallido borrador de RDL de 69 páginas que la APCE recibió el 21 de julio. Para los sectores económicos implicados era inasumible y lo consideraron fruto de la negociación del Gobierno con Sumar y el resto de formaciones de izquierda que le dan sus votos en el Parlamento, como Podemos. A partir de ese momento empezó a cuajar un frente de rechazo empresarial que se mantendría en los meses siguientes y que se redoblaría en los críticos días que mediaron entre la aprobación del RDL final del martes 29 de septiembre y su derrota en el Congreso el viernes 2 de octubre.
En julio, la oposición de Junts obligó al Gobierno a no aprobar el borrador que había enviado y dejar el asunto para la vuelta de las vacaciones. En agosto, el ministerio envió borradores a la formación independentista.
El 3 de septiembre, Nogueras entregó a Pedro Sánchez una carpeta con temas a negociar, entre los que se incluía su propuesta de RDL. Vinieron unos días de calma hasta que la irrupción del caso Maricarmen Abascal, que acabaría siendo desahuciada en Madrid el 23 de septiembre, aceleraría el proceso. 24 horas antes de la salida de Maricarmen de su casa en silla de ruedas, el día 22, y mientras el Sindicato de Inquilinas organiza una acampada en la puerta del inmueble donde residía la anciana, Isabel Rodríguez llamó a Miriam Nogueras y le propuso reunirse ese mismo día para reabrir la negociación. Así fue, y ambas articularon sendos equipos de trabajo para negociar.
La negociación estaba condenada entre las posiciones contrarias de los diferentes socios de la investidura
Al tiempo, ese día, Rodríguez habló también, por videoconferencia, con los dirigentes del Sindicato de Inquilinas. Y su secretaria de Estado, Leire Iglesias, recibió en las dependencias ministeriales a una nutrida delegación de esa organización que formuló propuestas antagónicas con las de los nacionalistas catalanes. Una nueva evidencia del dilema gubernamental y el estrecho margen político en el que se desarrollaron las negociaciones.
Pese a ello, los contactos con Junts siguieron. Los independentistas incluso formularon propuestas sorprendentes como la prohibición temporal de compra a los fondos, que el Gobierno asumió en su RDL, aunque limitó a los casos en que se realizaran a un precio bajo.
Sin embargo, el sábado 26 de septiembre se detuvo todo. “El optimismo y el entusiasmo desaparecieron”, aseguran fuentes próximas a Junts. Sin embargo el lunes 28 a media mañana aún circula una propuesta que se considera negociable, según reconocen fuentes de ambas partes; se discute apartado a apartado. Al final del día, las divergencias se enconan. Junts cuestiona la reforma de 34 artículos de la ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que ya tenía su propia vía de reforma y negociación en una comisión del Congreso; las garantías explícitas de que la Administración asumirá de forma efectiva el pago al propietario de las familias vulnerables que no puedan hacer frente al alquiler, y la reforma de la ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).
El mundo empresarial y financiero se movilizó contra la norma: lluvia de llamadas a Puigdemont y Junts
En la mañana del martes, el día que el Consejo de Ministros aprobará dos RDL, Nogueras declara a Catalunya Radio: “Algo pasa el lunes por la tarde, entiendo que por las ruedas de prensa que hicieron al mediodía algunos de sus socios [del Gobierno]. Y por la tarde el RDL que nos llega vuelve a poner la carga de la vulnerabilidad en lugar de en la administración pública en el pequeño propietario”. No da por muertas las conversaciones, pero el panorama ya es de fracaso. Cuando se conoce el RDL, está claro que Junts se orienta hacia el no.
Desde que el Gobierno aprueba su propuesta, y pese a que la decisión de Junts parece tomada, el mundo económico se tensa, tal vez temiendo que la presión social y política pueda acabar torciendo la voluntad de los de Puigdemont. Las llamadas a este y a otros dirigentes de Junts se suceden como una lluvia torrencial. Desde conocidas firmas inmobiliarias y de alquiler, directamente afectadas, hasta responsables de grandes empresas familiares (sus family offices son inversores principales), y la banca, implicada en la larga cadena de financiación del sector. Del Santander al Sabadell. El presidente de este último, Josep Olíu, tiene hilo directo con la cúpula independentista. Y no solo desde la OPA del BBVA. Desde antes. Igual esos días.
Con Foment, que representa a muchas de las grandes empresas españolas y que, como ya se ha comentado, tiene una relación cotidiana con Junts y su presidente. Movimientos reconocidos por muchos de los protagonistas, siempre en condiciones de estricto anonimato. Del mismo modo, los receptores de esas llamadas aseguran que estaban centrados en defender los intereses de las clases medias y los pequeños propietarios catalanes. Una buena fotografía de lo que sucedía en esas horas tensas, la cena anual de Pimec, miércoles 30 de septiembre, transformada en aquelarre contra el decreto. El mundo empresarial en ebullición.
Antes de anunciar su decisión, en la votación de su ejecutiva vespertina del jueves 1 de octubre, los independentistas también mantienen su propio debate interno. Pero según aseguran miembros relevantes de la cúpula del partido, la oposición al no fue testimonial: un solitario Antoni Comín, eurodiputado electo de Junts.
