En la recta final de las elecciones, el Gobierno busca encadenar anuncios positivos para los ciudadanos y electores. Lo hará con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que llevará a cabo con un proceso acelerado para anunciar el acuerdo lo antes posible; con la revalorización de las pensiones, que tienen un calendario que permite un primer anuncio el 27 de noviembre, a solo dos días de los comicios; y lo intentará con el nuevo registro horario, aunque en este terreno no está claro si finalmente Economía cederá su resistencia y permitirá que se implante.
En el salario mínimo, el primer paso ya se dio al conceder un plazo de solo tres semanas a los expertos para que elaboren su propuesta. Es el punto de partida de siempre, con la diferencia de que esta vez los tiempos se han acortado, y la comisión de expertos tiene margen solo hasta el 31 de octubre. Con la propuesta encima de la mesa, empezarán las negociaciones con patronal y sindicatos, ya con la campaña electoral a la vuelta de la esquina. Sin embargo, hay que reconocer que en el SMI el Gobierno tiene todo el margen que quiera. La legislación solo le indica que consulte a los agentes sociales, aunque la práctica en todos los ejercicios anteriores ha sido una negociación tan intensa como poco fructífera por el lado de la patronal, que solo en una ocasión se sumó al consenso, y ya hace tiempo; fue en 2019.
No hay duda de que el Ministerio de Trabajo tiene todo el interés en hacer lo antes posible el anuncio de la subida que afecta de manera directa a más de 1,6 millones de asalariados, y que será contundente vistos los datos de inflación. Consideran, con razón, el SMI como una historia de éxito. Ha pasado de los 736 euros del 2018 a los 1.221 euros actuales, un aumento del 67 %, y no ha provocado ninguna de las plagas de Egipto que habían vaticinado diferentes actores económicos. Incluso ha creado empleo si se tienen en cuenta los efectos indirectos, como el aumento de renta de los hogares y el consumo, según apuntó la Airef.
El Gobierno quiere aprobar antes de los comicios un aumento del salario mínimo superior al 3,3%
El problema con los salarios es que, si bien el SMI ha conseguido aumentar de forma significativa las remuneraciones de los más vulnerables con impacto también en la reducción de la brecha de género, en cambio, este empuje ha tenido un efecto arrastre muy limitado sobre el conjunto de los sueldos, de manera que profesionales calificados pueden quedar atrapados en una remuneración destinada a trabajadores sin preparación o experiencia. Este atasco en la zona media se detecta al constatar que el salario más frecuente en España está en el entorno del SMI. Los trabajadores con bases de cotización del SMI ya eran el 7,4% en 2023 y, si ampliamos al 125% del SMI, ya suponen el 22,8%.
Volviendo al aumento para el próximo año, tenemos, por un lado, un Gobierno decidido a cerrarlo antes de las elecciones y, por otro, que visto el actual nivel de inflación, todo lleva a una subida claramente por encima del 3,3%. Lo indican tanto la petición insistente de Yolanda Díaz a los expertos de que no haya pérdida de poder adquisitivo como los últimos datos del IPC, que van del 3,3% de media en lo que llevamos de año al 4,9% en septiembre, y además, con perspectivas de que la presión inflacionista seguirá. El Banco de España ha avisado de un futuro de precios altos, este año en el 3,9%, y también en el 2027, con un 3,7%.
Si en el SMI estamos pendientes del comité de expertos, en la revalorización de pensiones lo que cuenta es el dato de inflación de noviembre, que, en su formato adelantado, se conocerá el 27 de ese mes. Es decir, que el Gobierno podrá anunciar a 9,5 millones de pensionistas el aumento de sus pagas el próximo año dos días antes de que los ciudadanos vayan a votar. Y en todo caso, aunque no lo anuncie oficialmente, todos lo calcularemos. Con los datos ya disponibles y la previsión de octubre y noviembre, ya se puede calcular que la subida estará en el entorno del 3,5%.
La última reforma diseñada para evitar pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, convertidos en este terreno en unos privilegiados en España, establece un sistema automático de cálculo de la revalorización. En este ejercicio se aplica la media de aumento de la inflación desde diciembre del 2025 hasta noviembre de este año, por lo que el dato adelantado del IPC del 27 de noviembre permite realizar el cálculo. Posteriormente, toca esperar a la confirmación del dato definitivo del INE el 15 de diciembre.
Es decir, se conocerá la subida, pero quedará pendiente el procedimiento para aplicarla. Si un Gobierno, que en ese momento ya estará en funciones, aprueba un real decreto ley alegando razones de urgencia para que entre en vigor el uno de enero del 2026; o bien si lo deja para que lo acuerde más tarde el Ejecutivo que salga de las urnas y que se aplique de forma retroactiva.
Los 9,5 millones de pensionistas conocerán cuánto les aumenta la paga dos días antes de las elecciones
Un tercer elemento sobre el que hay dudas de que se adopte es el nuevo registro horario. Se han incumplido todas las promesas sobre su aprobación. Tenía que ser a principios de año; luego llegó un ultimátum de los sindicatos para que fuera antes del verano; después una prórroga hasta septiembre; y ahora ya nadie se atreve a lanzar pronósticos. La resistencia del vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a la norma, trasladada al duro dictamen que emitió el Consejo de Estado, ha mantenido congelada la aspiración de Yolanda Díaz.
La ministra de Trabajo vio fracasar su gran medida de la legislatura, la reducción de la jornada a 37,5 horas, y ahora peligra su plan B, un registro horario eficaz que debía reducir los horarios por la vía práctica, es decir, por un control de la jornada más estricto que reduzca la cantidad de horas extraordinarias que se realizan sin cobrarlas. Un registro que va tan tarde que puede perder el tren de la legislatura.
