El ejército de Pakistán ha vuelto a asestar un duro golpe a la naturaleza federal del Estado con la suspensión de la autonomía de Jaiber-Pajtunjua. Esta ha recibido un segundo mazazo este lunes con la detención del jefe de gobierno pastún destituido, Sohail Afridi. Cerca de trescientos responsables y militantes de su misma formación habrían corrido la misma suerte. Mientras la capital, Peshawar, y otras ciudades de la misma provincia se despertaban sin internet, ni escuelas abiertas, ni transporte público y con muchas calles cortadas y bajo rigurosa vigilancia.
Ayer domingo fue el presidente Asif Ali Zardari quien firmó la propuesta de suspensión presentada por el primer ministro Shehbaz Sharif. Pero nadie duda de que una decisión de este calibre, relativa a una provincia fronteriza azotada por la insurgencia, solo puede partir de la cúpula de las Fuerzas Armadas. Más concretamente, del mariscal Asim Munir.
Aunque la inseguridad es el motivo esgrimido en la decisión, esta parece tener mucho más que ver con la voluntad de segar la hierba bajo los pies del PTI del exprimer ministro Imran Jan. Jaiber-Pajtunjua es la única de las cuatro provincias pakistaníes gobernadas por el PTI, con una holgada mayoría absoluta. Además, Sohail Afridi, llevaba una semana encabezando una marcha cuyo destino final, esta semana, era Islamabad. Su objetivo, pedir la excarcelación de Imran Jan y la convocatoria de elecciones anticipadas, en igualdad de condiciones (en las últimas el PTI no pudo concurrir con sus siglas).
Nada más alejado de la voluntad de los dos partidos (PML-N y PPP) que se han repartido el poder con el beneplácito de Asim Munir. Este último tiene cuentas pendientes con Imran Jan, que le destituyó a los ocho meses de ser nombrado jefe de inteligencia (ISI). Tres años después, el excapitán de cricket era defenestrado en una moción de censura en la que mucho dinero cambió de manos. Al cabo de poco más de un año, Munir era el jefe del ejército y Jan ingresaba en prisión, al igual que su esposa, por apropiarse de regalos de Estado -concretamente, un collar y otras joyas obsequio del rey saudí- sin pagar el 50% preceptivo de su valor real (muy superior al declarado).
El estado de emergencia -invocado en la provincia pastún por primera vez desde 1999- autoriza al ejército a intervenir para sofocar cualquier protesta. Cosa que corta de raíz los planes pastunes de poner en jaque a la capital del Estado, como hicieron hace dos años, pagando un precio en sangre por ello.
El estado de excepción coloca al gobernador de la provincia, Faisal Karim Kundi, como primera autoridad. Este tiene a sus órdenes un gobierno provincial alternativo, designado desde Islamabad. Varios diputados del PTI -que fueron elegidos como independientes por la ilegalización de sus siglas- han sido detenidos en los últimos días por “alteración del orden público” al hilo de la marcha. Esta estuvo a punto de ser suspendida cuando la esposa de Jan, Bushra Bibi, salió de la cárcel bajo fianza el último día de septiembre. Finalmente siguió adelante, pero sin lograr desbordar las barreras policiales y otras dificultades logísticas, ni mucho menos llegar a Islamabad.
Fuentes del gobierno defienden el estado de excepción, amparándose en que los fondos federales enviados para la lucha antiterrorista no han sido empleados para la instalación de cámaras de vigilancia o el establecimiento de laboratorios forenses, por ejemplo. Es cierto que los atentados se han multiplicado en Pakistán tras la peculiar salida del poder de Imran Jan, bajo el cual llegaron al mínimo histórico del siglo (“solo” 365 muertos en 2019). Este año se han superado ya los 4.000. Aunque la lucha armada beluchi se ha recrudecido, la mayor parte de las víctimas proceden de los talibanes pakistaníes, todos ellos pastunes, que según Islamabad se refugian en las provincias vecinas del Emirato Islámico de Afganistán (igualmente pastunes). Los talibanes afganos lo niegan.
El coordinador del primer ministro para asuntos provinciales, Ikhtiar Wali Khan, advirtió este lunes de que el estado de excepción podría prolongarse hasta las próximas elecciones, para las cuales todavía no hay fecha. Este limbo podría ser aprovechado por el gobierno central para forzar su proyecto de remodelación territorial, que podría llevar a la bifurcación de Jaiber Pajtunjua en dos entidades, una de mayoría pastún, con capital en Peshawar, y otra de mayoría lingüística hindko, con capital en Abbotabad, ese destino vacacional de alta montaña, favorito de los oficiales pakistaníes, en que Osama bin Laden estuvo escondido en sus últimos años.
A la vista de los sucesos en Nueva Delhi el pasado fin de semana, el gobierno pakistaní, como el indio, no parece dispuesto a correr ningún riesgo de que una protesta azuzada en las redes pueda poner en jaque a su capital nacional, como ocurrió en Colombo, Dacca y Katmandú, con consecuencias revolucionarias.
Un estado de excepción no tan excepcional
Según la Constitución de la federación de Pakistán, el presidente puede imponer el artículo 232, invocado ayer, en caso de amenaza de guerra, agresión externa o disturbios internos que superen las capacidades del gobierno provincial. En lo que va de siglo solo ha ocurrido dos veces, en el Punyab en 2009 y en Beluchistán en 2013. La antigua provincia de la Frontera Noroeste -rebautizada comoJaiber-Pajtunjua en 2010- lo había eludido desde 1999. Algo más complicado desde que, en 2018, absorbió las convulsas áreas tribales que hasta entonces comían aparte.
