La nueva redacción del real decreto que regula los centros de datos en España que ayer remitió el Gobierno al Consejo de Estado ha revolucionado al sector. Lejos de considerar que rebaja las exigencias de la primera redacción, fuentes del sector lo consideran “indignante” y muestran su “rechazo absoluto” a la norma.
“En el sector nadie comparte que las medidas se hayan suavizado. Es el peor de los escenarios que nos podíamos encontrar”, transmiten esas fuentes. Su única esperanza ahora es que el Consejo de Estado escuche sus argumentos y frene una legislación que, según apuntan, pone en riesgo los 67.000 millones de euros que ya han anunciado inversiones en España. “Desde la redacción del primer borrador ya hay 9.000 millones que han buscado otros destinos ante la inseguridad jurídica española”, apuntan.
La posibilidad de ser desconectados de la red es inasumible
Entre las medidas que más han soliviantado a los empresarios está la que implica que se haya ligado la rebaja del plazo de adaptación al requisito de que estas infraestructuras tengan que aportar un 80% de la energía que utilizan cada hora a su participación en el Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP) y dejar al albur de la decisión de Red Eléctrica su desconexión a la red. “Si quieren que seamos tan verdes, no tiene sentido que nos avoquen a quemar diésel con los grupos de respaldo. Porque lo que está clarísimo es que un centro de datos tiene que funcionar las 24 horas, no se puede parar”, recalcan.
En esta línea, el presidente de la patronal del sector SpainDC asegura que el real decreto “mantiene unas condiciones energéticas que consideramos extraordinariamente difíciles de cumplir y, como alternativa, se nos ofrece aceptar el riesgo de un apagón. Para una industria cuya principal obligación frente a sus clientes es garantizar continuidad y disponibilidad, esto cambia el riesgo del proyecto, afecta a su financiación y acaba formando parte de la decisión sobre dónde se realiza una inversión”, ha señalado Emilio Díaz, presidente de SpainDC, la patronal del sector.
Este cambio se considera tan relevante que consideran que sería una justificación suficiente para que el texto volviera a ser revisado por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC). En cualquier caso, los empresarios consideran que el Gobierno ni siquiera ha interpretado bien las indicaciones que el regulador ha dado al primer borrador.
Entre ellas apelan a las penalizaciones que impone la norma. Estas no han sido modificadas respecto a la primera redacción y se mantiene la posibilidad de que, en caso de incumplimiento reiterado, pueda llevar incluso a la pérdida de la conexión eléctrica. “La inseguridad jurídica que crea esto es muy alarmante”, apuntan.
Tampoco ha gustado nada al mundo empresarial que la nueva redacción haya excluido a la gigafactoría de Móra la Nova quede excluida de cumplir los requisitos marcados por la ley. “La demostración más clara de que el propio Gobierno sabe que esta regulación es inviable en los términos en los que la plantea es que se autoexcluye cuando le toca aplicarla a los proyectos que él mismo quiere impulsar. Para sus proyectos introduce flexibilidad y un régimen específico; para el resto del mercado mantiene unas exigencias que considera asumibles”, comenta Begoña Villacis, directora ejecutiva de SpainDC.
La indignación es de tal calibre que incluso se están planteando acudir a los tribunales. Pero antes confían en que el Consejo de Estado sea permeable a sus argumentos. Este órgano se había comprometido a dar audiencia a las patronales del sector en el momento en que les tocara valorar la norma. A él llegarán en los próximos días, seis si hay trámite de urgencia o 15 si se tramita de forma ordinaria, para trasladarle primero que la urgencia que quiere imponer el Gobierno no es tal; además, consideran que el texto está impregnado de falta de proporcionalidad en muchas de las medidas planteadas, que invade competencias de las comunidades autónomas y que, dadas las reformas que plantea, es preceptivo que el texto sea elevado a Bruselas para evitar que rompa con el mercado único, que es lo que ellos consideran que hacen.
“Queremos que nos escuche de verdad, porque así nos irá mejor a todos. Esta normativa es la muerte del sector antes de nacer. Supone perder una ventana de oportunidad que apenas es de dos o tres años. No es el momento de hacerlo mal”, apuntan.
