Apenas habían transcurrido 24 horas desde el accidente ferroviario de Urda (Toledo) cuando la filtración de las conversaciones entre los maquinistas de los trenes siniestrados y el centro de control de Adif en Atocha abrió una nueva polémica.
La difusión de estos audios desató la indignación de los maquinistas, el rechazo de los sindicatos ferroviarios y una nueva batalla política en torno a unas grabaciones que, al menos por unas horas, desplazaron el foco hacia los trabajadores ferroviarios antes de que se conozcan las primeras conclusiones de la investigación.
Según las grabaciones a las que tuvo acceso La Vanguardia la noche del miércoles, la maquinista del convoy de Iryo comunicó al centro de control que no podía reanudar la marcha por un problema con el sistema de señalización LZB. Y en una comunicación posterior, se escucha cómo desde Atocha se autorizó al tren de Renfe a retomar la circulación mientras el de Iryo seguía detenido. La secuencia, reconstruida a partir de varios cortes de audio independientes, pone bajo escrutinio las instrucciones dadas por los operadores el centro de control.
La marejada en el sector fue inevitable. La difusión de las grabaciones provocó una sacudida unánime en los sindicatos ferroviarios, que intentaron erigir un cortafuegos para proteger al colectivo y advirtieron contra el riesgo de señalar a los trabajadores antes de esclarecer las causas del accidente.
El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) censuró la publicación de unas conversaciones que “en teoría tenían que estar custodiadas”.
Su secretario general, Diego Martín, reclamó una investigación independiente y rigurosa y pidió no formular hipótesis a partir de fragmentos de las comunicaciones que calificó de “sesgadas”. “Las culpas no evitan los accidentes, las causas sí”, insistió.
UGT también anunció que investigaría quién facilitó las grabaciones. “No es de recibo que pase esto”, señaló la secretaria general del sector ferroviario del sindicato, Raquel González, que expresó su “total repulsa” por lo sucedido.
Comisiones Obreras (CCOO) y la Confederación General del Trabajo (CGT) coincidieron en rechazar que se “culpabilice al eslabón más débil de la cadena” sin examinar el conjunto de las condiciones de seguridad.
Los sindicatos denuncian el señalamiento de los maquinistas antes de esclarecer las causas
El sector ferroviario de CCOO reclamó el cese “inmediato” del ministro Óscar Puente por el señalamiento público a un trabajador del centro de control y exigió una investigación “rigurosa y transparente”.
El sindicato pidió que se examinen todas las circunstancias del accidente, incluidas las “condiciones de trabajo”, las “cargas laborales” y los “sistemas de protección”.
CGT, por su parte, reclamó investigar la formación de las plantillas y los medios disponibles en situaciones de circulación degradada.
La polémica saltó también al terreno político. El PP acusó al Gobierno de utilizar la difusión de las conversaciones para desviar la atención de sus responsabilidades. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, personalizó la “indignación” de los populares por ver al Ejecutivo más preocupado por la filtración de los audios que por atender a las víctimas. “El error no es humano, el error es político”, sostuvo, antes de reclamar medidas inmediatas para garantizar la seguridad ferroviaria.
Las críticas también llegaron desde la izquierda. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, consideró que la gravedad del accidente exige asumir responsabilidades y no recurrir a filtraciones para trasladarlas. “Los nombres y apellidos de esta tragedia son los recortes del PP y la liberalización salvaje del mercado del PSOE”, sostuvo. Y la candidata de Podemos, Irene Montero, cuestionó asimismo que el foco se pusiera en un posible error humano mientras, a su juicio, el sistema ferroviario muestra “fallos estructurales”.
Desde Compromís, Alberto Ibáñez calificó la filtración de “despreciable” y recordó que el respeto a las víctimas y a los equipos de emergencia debía estar por encima de disputas políticas.
También desde Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez se preguntó en las redes sociales si el Gobierno había difundido los audios para desplazar el foco hacia el “factor humano”.
Vox elevó el tono de las acusaciones contra el Ejecutivo acusándolo de “negligencia” y “abandono” de los servicios públicos. El candidato del partido en Barcelona, Juanjo Aizcorbe, atribuyó al Gobierno la filtración malintencionada y, aún siendo el único partido que no ha suspendido su agenda de precampaña pese al luto declarado, negó que su formación estuviera instrumentalizando el duelo.
Las grabaciones sitúan bajo escrutinio las instrucciones dadas desde el centro de control de Atocha
Ante la presión política, el Gobierno se parapetó en su desconocimiento de las grabaciones asegurando que no tuvo noticia de ellas hasta que fueron publicadas por los medios.
El propio Pedro Sánchez evitó entrar en el contenido de las grabaciones y prefirió mantener el foco en el esclarecimiento técnico del siniestro. Sin embargo, el origen de una filtración ha encendido al resto de grupos promete alargar la tormenta política sobre Transportes mientras las pesquisas tratan de arrojar luz sobre las causas reales del accidente.
