Nada provoca tanta desafección en los ciudadanos como la percepción de que el Gobierno es incapaz de garantizar su seguridad. Hablamos de seguridad física, de la certeza de que, tanto en la prevención como ante una emergencia, sus vidas están protegidas. Confían en que los gestores de este Estado compuesto hayan adoptado todas las medidas necesarias, con los recursos que proporcionan la tecnología, la experiencia y la profesionalidad, para evitar, por ejemplo, accidentes ferroviarios, muertes por inundaciones o la propagación de un virus. Pero cuando ese mismo Estado no ofrece la protección exigible, se resquebraja el contrato social y aflora un malestar que casi siempre desemboca en ira contra quienes lo gestionan.
Hemos sufrido dos accidentes con un centenar de muertos en menos de un año en la línea del AVE que recorre Andalucía. El Estado es responsable directo de la prevención, la vigilancia, el mantenimiento y los sistemas de gestión. Pretender concentrar toda la responsabilidad en una sola persona es, cuanto menos, injusto, por mucho que esa persona hubiera cometido un error “inexplicable”, en palabras del ministro Óscar Puente. Un accidente de estas dimensiones, en una infraestructura teóricamente dotada de la tecnología más avanzada, no puede atribuirse exclusivamente al error humano. Ya ocurrió con el accidente del metro de València del 6 de julio del 2006, cuando se demostró que una baliza de seguridad habría salvado 43 vidas, y también se esgrimió el mismo argumento tras el siniestro de Angrois.
Un Estado fuerte debe asumir el papel de garantizar la protección pública
Un Estado fuerte sabe asumir sus responsabilidades, que van siempre más allá de las investigaciones judiciales, porque los ciudadanos entienden que el sistema ha fallado. Asumirlas es también una forma democrática de renovar ese contrato social. Eludirlas proyecta una imagen de irresponsabilidad ante una opinión pública decepcionada y asustada que observa con preocupación la determinación con la que el Gobierno despliega todos sus recursos, incluidas las filtraciones interesadas, para esquivar sus obligaciones. Cuando sucedió la dana valenciana, de la que ahora se cumplen dos años, con 233 muertos, todas las administraciones trataron de justificarse, sin éxito, ante la evidencia de que el Estado estuvo ausente durante días. Tragedias de estas dimensiones siembran dudas razonables sobre la capacidad de quienes deben proteger y socorrer a los ciudadanos, en especial, ante situaciones extraordinarias o de emergencia.
Más que señalar culpables, la ciudadanía necesita comprobar que el Estado responde. Si no ha sido capaz de prevenir, como evidencian los dos accidentes señalados, debe al menos asumir que en esta tragedia ha fallado tanto en lo humano como en lo técnico. Ya tardan en dar una respuesta.
