Una nueva sentencia conocida este martes anula la retirada del teletrabajo para los subdirectores de la Administración de la Generalitat decidida en el 2025. Ayer mismo se conoció un fallo en sentido contrario, avalando la decisión. Ante la disparidad de criterios será el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) quien deba dirimir la cuestión, ya que el Govern recurrirá el nuevo fallo a este organismo, escalando el conflicto para que “unifique criterios”.
Las decisiones parten del mismo organismo, el juzgado de lo contencioso-administrativo de Barcelona. En esta nueva sentencia, firmada por el juez Benjamín Górriz Gómez, se considera que la instrucción del 2025 con la que se dio fin al teletrabajo modificó un decreto del 2020 introduciendo excepciones “no previstas”, y no lo podía hacer porque el decreto era una norma de rango superior. Para el juez, al contrario de la sentencia anterior, la instrucción modifica “claramente” la regulación del teletrabajo, “innova el ordenamiento jurídico” y elimina “de manera absoluta” el trabajo a distancia. Por tanto, la ve nula, así como las órdenes que impulsaron los departamentos luego para trasladarla.
Los trabajadores valoran solicitar una aplicación parcial
Benet Salellas, abogado defensor de los trabajadores, explica que, ante las discordancias, la sentencia no se ejecutará hasta que sea firme, aunque “como se hace una declaración de nulidad, nos podemos plantear una ejecución provisional, que es algo que tenemos que acabar de valorar”. Entonces, el juez decidiría si hay ejecución provisional, “si no, toca esperar al TSJC”, sigue.
Por el carácter normativo de la instrucción, el juez abre la puerta a plantear una cuestión de ilegalidad, que deberá resolver el TSJC. Fuentes del Govern aseguran que recurrirán la sentencia ante ese organismo, escalando el conflicto, ya que creen que “no entra en el fondo del debate, el de que los subdirectores, por su trabajo, no pueden teletrabajar”. Es la postura que se sigue defendiendo desde la Generalitat. En su día, el Executiu argumentó que, por sus funciones directivas, de coordinación y de apoyo institucional, se les podía exigir presencia física continuada.
En la nueva sentencia se trata el caso de trabajadores del departament d’Empresa i Treball, y la anterior versaba sobre los de Economia i Finances. La sentencia conocida este lunes rechazaba que la instrucción fuera un reglamento o anulara decretos previos al ser una “simple directriz de actuación”.
Las sentencias tienen un impacto potencial sobre unos 450 trabajadores con estos cargos o que tienen reconocido este nivel, pero solo unos 300 habían pedido y ejercido el teletrabajo. En todo caso, desde inicios del 2025 ya no estaban teletrabajando.
Benet Salellas, abogado defensor de los trabajadores en esta segunda sentencia, apunta que “la última palabra la tendrá el TSJC” pero que se ha conseguido abrir “una primera brecha en la decisión adoptada sin tener en cuenta a los trabajadores y trabajadoras”.
