La futura ampliación del aeropuerto de Barcelona entra en una fase decisiva en los pasillos de la Comisión Europea (CE). Bruselas ha de autorizar la extensión al afectar espacios protegidos de la red Natura 2000, pero para que dé luz verde al proyecto debe resolverse un paso previo imprescindible. Se trata de la renaturalización de un aparcamiento de autobuses, una parrilla de taxis y unos viales indebidamente construidos en el espacio protegido de Can Sabadell (Viladecans), en el delta del Llobregat, en terrenos cercanos a la T1 de El Prat.
Esta zona está catalogada como espacio protegido de la Red Natura 2000, igual que la laguna de La Ricarda, pero fue asfaltada durante la ampliación del aeropuerto del 2002. Una denuncia del grupo ecologista Depana a la CE dio lugar a un expediente de infracción contra España por incumplimiento de las directivas europeas de protección de la naturaleza. Ahora, el Gobierno, la Generalitat y Aena deben realizar una reparación ambiental en la zona del aeropuerto para archivar el expediente y así desbloquear la futura ampliación. Hasta que esta carpeta no esté cerrada, las autoridades comunitarias no examinarán el nuevo proyecto para El Prat. Su sello es indispensable para hacer realidad unas obras que tanto la Generalitat como el tejido empresarial catalán defienden, pero que generan un fuerte rechazo entre los grupos ecologistas y de protección del medio ambiente.
Se trata de un proceso exigente que la CE examina muy de cerca, ha destacado la vicepresidenta comunitaria Teresa Ribera este martes desde Bruselas. El expediente de infracción “no puede cerrarse en falso”, ha advertido durante un encuentro con periodistas. España se juega su credibilidad -ha proseguido Ribera- porque estas compensaciones ambientales llevan casi 25 años de retraso.
Fuentes comunitarias explican que, en una reunión celebrada en junio de este año, la CE recordó que España debe aplicar plenamente las medidas necesarias para poner fin al procedimiento de infracción. “Esto es necesario para establecer la base de referencia a partir de la cual se pueda evaluar el impacto de cualquier nuevo proyecto”, añaden las mismas fuentes en relación a la futura ampliación del aeropuerto.

Bruselas está examinando en estos momento información adicional presentada por España en julio relacionada con las actuaciones que está llevando acabo para cerrar al fin la infracción. Entre ellas, destaca la renaturalización mencionada, por la que Aena debe devolver los suelos a su estado original. Los trabajos ya han empezado y durarán alrededor de un año.
Con ellos se eliminarán superficies pavimentadas que fueron levantadas para el estacionamiento de autobuses, zona de taxis y diversos viales, así como otras infraestructuras aeroportuarias fuera de uso, entre ellas el antiguo sistema de señalización. En total se plantea renaturalizar una superficie nueva de unos 51.000 metros cuadrados, el equivalente a cuatro islas del Eixample, que se suman a los 25.000 metros cuadrados ya restaurados.
En paralelo, la Generalitat y Aena trabajan en las nuevas compensaciones que serán necesarias para el proyecto de ampliación de la tercera pista (la de despegues, que está junto al mar). El gestor aeroportuario plantea la compra de unas 270 hectáreas para renaturalizarlas y contrarrestar así la afectación sobre la laguna de La Ricarda que conllevará la extensión de la tercera pista.
Si consigue cerrar el expediente actual y Bruselas aprueba la nueva ampliación, Aena podrá desarrollar el proyecto, con una inversión prevista de 3.200 millones de euros. La mayoría de la partida se programaría para el periodo regulatorio 2032-2036 (DORA IV). Antes, en el periodo 2027-2031 se han programado 192 millones de euros para preparar trabajos que no requieren la autorización comunitaria. Con este calendario, la ampliación de El Prat sería una realidad antes del año 2036.
De esta manera, la infraestructura ganaría capacidad, sobre todo para los vuelos de largo radio. El aeropuerto está ahora muy tensionado y este año probablemente volverá a superar su límite técnico de pasajeros, fijado en 55 millones anuales. La partida de 3.200 millones incluye también una renovación de la T1 y la T2, independiente de la extensión de la pista y la terminal satélite.

