Ruanda, el nuevo rumbo en la política europea de deportaciones

Cinco países de la Unión Europea están a punto de arrancar un experimento para deportar a Ruanda a algunos de los migrantes que han agotado todas las vías para permanecer en su territorio, con el aval de la Comisión Europea y la observación de organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) o la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). El controvertido plan de Dinamarca, Alemania, Austria, Países Bajos y Grecia, presentado el pasado lunes en Viena, ha conmocionado a algunas organizaciones humanitarias, a la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos o a la Moncloa, pero no a la mayoría de capitales de la UE, donde hace tiempo que la brújula apunta hacia este nuevo rumbo en la política de deportaciones.

No será un caso aislado. Ya hay otros Estados miembros que han manifestado su interés por apuntarse a la iniciativa de Ruanda y que no descartan replicar la prueba piloto si se demuestra que puede salir adelante jurídicamente. Uno de los posibles candidatos a albergar otro centro de retornos es Uganda. Según dijo a Politico un miembro del departamento de Exteriores del país, están dispuestos a recibir a migrantes siempre y cuando sean de origen africano, sin antecedentes penales y que sean mayores de edad. Algunos países sondearon sumarse a los cinco Estados miembros que llevarán a cabo este primer centro de deportaciones fuera de las fronteras comunitarias, pero se consideró que no sería práctico ampliar el equipo a más interlocutores. Otro de los lugares que han sonado estos últimos meses como posible candidato, además de Uganda, es Uzbekistán, en Asia central.

Uganda pone tres condiciones: que sean migrantes africanos, sin antecedentes penales y mayores de edad

Esta es una prueba más del consenso alrededor de las llamadas “nuevas vías innovadoras” —como se prefieren llamar a las nuevas políticas migratorias comunitarias— en Europa. “Lo que se considera extraño, peculiar o humanizador ha cambiado en los últimos años. El mero hecho de que esto se vea no solo como algo factible, sino como la forma correcta de actuar para responder a este problema, es un enorme cambio de paradigma”, sostiene la profesora del College of Europe Hanne Beirens. “Hace unos años habría sido impensable que el gobierno holandés, por ejemplo, o el gobierno alemán propusieran una cosa así”, apunta Beirens, que también es exdirectora del think tank Migration Policy Institute Europe.

En el Parlamento Europeo, el avance de las fuerzas conservadoras y de ultraderecha en las elecciones del 2024 dibujó un hemiciclo claramente favorable a endurecer la política migratoria. En la Comisión Europea de Ursula von der Leyen también existe una mayoría de comisarios que ven con buenos ojos este tipo de prácticas. Una de las excepciones es la española Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de Competencia, y la socialdemócrata con más poder en el edificio Berlaymont, que esta semana se salió del guion para pedir que no se emulasen las formas de actuar de Donald Trump —que también ha deportado a terceros países africanos— o del salvadoreño Nayib Bukele, autor de detenciones masivas y megacárceles.

El canciller alemán, Friedrich Merz, saluda a su homóloga danesa, Mette Frederiksen, el jueves en Berlín
El canciller alemán, Friedrich Merz, saluda a su homóloga danesa, Mette Frederiksen, el jueves en BerlínTOBIAS SCHWARZ / AFP

Pero Ribera está en minoría, porque no solo la Comisión Europa ha participado en el proceso de asesorar a los cinco países para asegurarse de que la iniciativa corresponde con el derecho europeo. También está dispuesta a estudiar si los centros de deportaciones fuera de la UE se podrán llegar a financiar con fondos comunitarios. “Este enfoque innovador puede contribuir a hacer frente a la migración ilegal y a mejorar la eficacia de los retornos con pleno respeto del derecho de la UE e internacional”, dijo el lunes portavoz comunitario de Interior, Markus Lammert.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Escuchando las urgencias de los Estados miembros, el Ejecutivo comunitario presentó el año pasado un nuevo reglamento de retornos, después avalado tanto por la Eurocámara como por el Consejo de la UE, que crea el marco jurídico para que los países que así lo quieran, de forma individual o en pequeños grupos, pueda negociar con otros Estados miembros la creación de estos llamados centros de retorno. Según Bruselas, era necesario un reglamento para potenciar las repatriaciones, ya que, actualmente, solo tres de cada diez órdenes de retorno son efectuadas con éxito.

No son pocos los países abiertos a explorar esta vía. Antes de cada Consejo Europeo, las primeras ministras de Dinamarca, Mette Frederiksen, y de Italia, Giorgia Meloni, suelen acoger un desayuno junto al resto de partidarios de “nuevas vías innovadoras” para la inmigración donde coordinan sus posturas para abordar los debates migratorios en el Consejo Europeo, a la que asisten con regularidad una veintena de los líderes comunitarios, además de la misma presidenta de la Comisión Europea. En junio, Frederiksen y Meloni lideraron una carta para pedir que los centros de retornos se financiasen con fondos europeos que firmaron hasta 19 de los 27 jefes de Gobierno de la Unión Europea. En agosto, tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta, las dos mandatarias sumaron hasta 22 líderes europeos en una carta pidiendo mano dura. Francia y Portugal se quedaron fuera.

Una veintena de países piden que la UE financie los nuevos centros de retornos

“En el Consejo Europeo los progresistas estamos más en minoría que nunca”, reconoce el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, muy crítico con lo que él llama “campo de concentración” de Ruanda, que “hace pasar por retorno lo que en realidad son deportaciones completamente ajenas a ningún compromiso con los derechos humanos”. “Y, en ciertos asuntos, como en la respuesta ante el hecho migratorio, el gobierno de España está orgullosamente aislado”, subraya el eurodiputado.

A la espera de conocer los resultados de las elecciones españolas, a día de hoy hay solo otros dos líderes de la familia socialdemócrata que se sientan en el Consejo. Uno es Malta, que también ha firmado la carta favorable a los centros de retorno. Y el otro es Dinamarca. Frederiksen ha protagonizado choques con Pedro Sánchez por la regularización masiva española, y también esta semana ha sido criticada por evocar en un podcast la teoría conspirativa de la gran sustitución, promovida por la extrema derecha. López Aguilar, expresidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) indica que, aunque por el momento no se ha puesto encima de la mesa, los socialdemócratas en la Eurocámara tendrán que plantearse si adoptar medidas contra el partido de la premier danesa tal y como se hizo al expulsar a los socialistas eslovacos que apoyaron el giro prorruso del primer ministro, Robert Fico.

Anna Buj Cussó

Corresponsal en Bruselas. Antes, al frente de la corresponsalía en Italia y el Vaticano de La Vanguardia y RAC1 (2018-2024). Es autora de ‘Laboratori Itàlia’ (Pòrtic, 2024).

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