Bancos y usuarios recrudecen la batalla en los tribunales por las estafas

En junio de este año, una mujer de más de 70 años, Consuelo ­–nombre ficticio–, recibe un watsap de su hija desde otro móvil: “Ya te he guardado mamá. Soy Lucía”. Al reconocer el nombre de la hija, le da credibilidad. Lucía dice escribir desde otro número porque el suyo ha quedado inservible. “Lo he puesto en arroz. Voy a ver si dejándolo hasta mañana funciona”. Un mensaje normal. Sin embargo, pasado un rato, los watsaps de Lucía se vuelven más angustiosos. Con urgencia, le asegura a su madre que necesita 5.990 euros porque ha pedido un crédito y se expone a “una penalización y muchísimos intereses”. Consuelo se asusta, llama al móvil, que comunica, y pica el anzuelo. “El gestor nos ayuda”, le dice la persona que se hace pasar por Lucía. Al rato, este supuesto gestor se pone en contacto con Consuelo y le explica cómo transferir el dinero a una cuenta de Cetelem. Consuelo acude a una sucursal de Cajamar a hacer la operación sin que ningún empleado del banco advirtiese el posible fraude, según la denuncia. La madre acaba de caer en la estafa del “hijo en apuros”, una modalidad de las muchas existentes. Comienza el calvario de reclamaciones primero y litigios después.

Los abogados que trabajan en estos casos avisan de la elevada cantidad de pleitos y comparan el momento de los fraudes bancarios con las cláusulas suelo o las hipotecas multidivisas. Grandes focos de litigación en los que, a falta de normativa o jurisprudencia, los juzgados van haciéndose un criterio a golpe de sentencia. Los nuevos engaños son ahora la gran batalla judicial entre bancos y usuarios, en la que miles de consumidores estafados reclaman una solución mientras las entidades apuntan a otros responsables y los delincuentes se evaporan.

El BCE calcula que el importe de las estafas en la zona euro ronda los 4.200 millones de euros, mientras que el Banco de España ya sitúa los fraudes como principal motivo de reclamación en el 2025, con tasas en torno al 30% del total.

Jorge Azagra, socio de Uría Menéndez, explica que los tribunales trabajan “caso a caso”, entre otras cosas porque “no hay dos fraudes iguales”. Sin embargo, hay un elemento que va ganando relevancia y puede inclinar la balanza, que es el de la “negligencia grave”: se debe analizar la forma en que han sido estafados los usuarios y que no han cometido descuidos evidentes.

A mediados de octubre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) publicó una sentencia que obliga a los bancos a restituir el dinero en caso de pagos no autorizados, momento a partir del cual deberán demostrar la negligencia del cliente para recuperarlo. Es una decisión que traslada la carga de la prueba a los bancos.

Los abogados de uno y otro lado dicen que los jueces aún fallan caso a caso, sin un criterio firme

“Es una sentencia bastante importante”, afirma Francisco Jiménez, director de Zaballos Abogados, despacho que trabaja con casos de este tipo. “Estamos haciendo reclamaciones a las entidades con base a esta sentencia”, explica. El despacho está actuando en dos vías. La primera: pidiendo que se abra una pieza de responsabilidad civil contra la entidad bancaria aparte de la vía penal contra los estafadores. La segunda: enviando a las propias entidades reclamaciones extrajudiciales para que se devuelvan las cantidades. “Por ahora hay silencio”, indica.

Jiménez avisa de la cantidad de casos que llegan cada semana al despacho relacionados con el phising , la técnica de ingeniería social en el que los atacantes se hacen pasar por una entidad o persona de confianza para engañar a las víctimas y robarles las claves o inducirles a hacer operaciones. “Los tribunales no están siendo nada ágiles”, entre otras cosas porque no es fácil localizar al delincuente, pero ahora “se abre una vía contra las entidades bancarias que da esperanza” al afectado, indica.

Fuentes bancarias recalcan que la sentencia europea se refiere a pagos no autorizados, cada vez más excepcionales. Incluyen por ejemplo el robo de los datos de las tarjetas, el uso de webs espejo o la sustracción de las claves. Sostienen que no hay demasiada novedad porque se ratifica una directiva europea en vigor. Además, una sentencia del Tribunal Supremo del año pasado ya obliga a los bancos a asumir la responsabilidad por operaciones no autorizadas derivadas de suplantación de identidad.

Desde las entidades indican que el mayor problema está ahora en las operaciones autorizadas, sobre las que el TJUE no les obliga a restituir el dinero. Son casos como las llamadas estafas del amor, el hijo en apuros o los SMS en los que se pide un importe para recibir un paquete de Correos u obtener devoluciones anticipadas de la Renta.

Desde los bancos reconocen que “la casuística es múltiple” y “la jurisprudencia está completamente fragmentada”. “No hay sentencias que agrupen al conjunto”, añaden para describir la situación. Los bancos insisten en que es necesario implicar a empresas tecnológicas, operadores de telecomunicaciones y redes sociales.

La reciente sentencia europea afecta solo a pagos no autorizados, pero la diferencia es “difusa”, dice Asufin

Fuentes de la asociación de consumidores de banca Asufin hablan de un “momento de consolidación de jurisprudencia” y sostienen que, aunque la sentencia europea se refiere a pagos no autorizados, debe tenerse en cuenta el “contexto de engaño” en el que actúan las víctimas en los que sí se autorizan. Hay una “barrera difusa”, explican. Tras la sentencia europea, Asufin va a hacer requerimientos a los bancos sobre 70 casos de fraude, por unos 300.000 euros. Explica además que “la sentencia se aplica tanto a los nuevos casos como a los que están vivos”. Solo quedan excluidos los que tienen sentencia.

Iñaki De las Heras

Redactor de la sección de Economía y Empresas de La Vanguardia. Licenciado en Periodismo (UCM) y en Psicología (UNED). Ha trabajado en Europa Press y en Expansión

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