El PSPV revela una segunda condena del TSJ al conseller de Sanidad por ocultar información

El síndic del PSPV-PSOE de las Corts Valencianes, Jose Muñoz, ha revelado que el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha sido condenado por segunda vez por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por ocultar información al Parlamento sobre los pagos a las empresas de la sanidad privada.

Según ha informado en un comunicado, la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV ha dictado una sentencia en la que resuelve que la respuesta del conseller a la solicitud de documentación de la portavoz socialista de Sanidad, Yaissel Sánchez, con omisión de datos sobre los pagos a la privada, “es contraria al ordenamiento jurídico y se anula en lo relativo a no haberse facilitado la información solicitada”.

Como consecuencia de ello, advierte la sentencia, “se ha vulnerado el derecho fundamental de la actora -Yaissel Sánchez- recogido en el artículo 23.2 de la Constitución Española”.

La condena, según el comunicado, “reconoce el derecho de la demandante a obtener de la Conselleria de Sanidad la información solicitada” y al conseller el plazo de un mes para remitirla a Les Corts.

El grupo socialista reclamó el detalle del gasto total de la conselleria en contrataciones y derivaciones a empresas privadas en 16 departamentos de salud durante los ejercicios de 2024, 2025 y 2026 a la fecha de respuesta, y el porcentaje que estos pagos –que incluyen la voluminosa cifra de externalización a la sanidad privada– supusieron sobre el gasto total en los departamentos de salud en 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026 a la fecha de respuesta.

La sentencia “reconoce el derecho de la demandante a obtener de la Conselleria de Sanidad la información solicitada”

El conseller respondió a los socialistas con datos del bienio 2024-2025, sin separar cada ejercicio, y añadiendo la comparación con el bienio 2022-2023, que no se había solicitado, alegando que el cambio de sistema contable le impedía desglosar las cifras por años.

Igualmente aportó el porcentaje que supusieron las externalizaciones sobre el total del gasto en el quinquenio 2022-2026, sin desglosar ejercicios, argumentando además que la solicitud era confusa.

En el primer caso, tampoco dio información sobre los conceptos o servicios e importes abonados a empresas privadas y, en el segundo, nada sobre el número y tipo de pruebas diagnósticas y servicios sanitarios derivados a la privada, por especialidades, así como el importe abonado.

Es la segunda condena de Marciano Gómez por negar información al grupo socialista sobre los pagos a las empresas de la sanidad privada, tras la dictada a finales de septiembre, cuando el TSJ condenó al conseller por vulneración de derechos fundamentales de la misma diputada socialista, al negarle información sobre las cantidades económicas abonadas a cada uno de los centros sanitarios privados por la derivación de intervenciones quirúrgicas, la realización de pruebas diagnósticas y las lecturas e informes vinculados a pruebas en los ejercicios de 2024 y de 2025.

José Muñoz ha censurado las “maniobras inadmisibles” del conseller de Sanidad “para ocultar al Parlamento y a todos los valencianos cómo está hinchando los bolsillos de los empresarios de la privada mientras los valencianos sufren la degradación de la sanidad pública”.

“Esta es la transparencia del PP y de Feijóo, la de contarnos que no puede dar datos por ejercicios, cuando toda la información económico-presupuestaria de la Generalitat se realiza obviamente por anualidades, incluidas las Memorias de Gestión de la propia conselleria que dirige Marciano Gómez.

Sanidad reitera su compromiso con la transparencia y el respeto al derecho de información

Consultada por Efe sobre esta sentencia revelada por el PSPV, la Conselleria de Sanidad reitera su compromiso con la transparencia y el respeto al derecho de información de los representantes parlamentarios y sostiene que no ha dejado de responder “ni una sola solicitud de información desde el inicio de la legislatura”.

Sobre la sentencia, señala que la Conselleria sí facilitó información sobre el gasto sanitario solicitado, si bien el tribunal considera que debía haberse aportado con un mayor nivel de desglose y que la propia sentencia “reconoce la existencia de serias dudas jurídicas en la controversia, motivo por el que no impone las costas procesales a la Administración”.

La Conselleria estudiará el alcance de la resolución, que no es firme, y continuará trabajando para garantizar que la información parlamentaria se facilite con el rigor técnico y las garantías jurídicas necesarias.

“No hay condena en costas, algo que contrasta con los cerca de 70.000 euros abonados por las condenas en costas por 97 solicitudes de información sin respuesta entre 2020 y 2023”, incide y contrasta que desde julio de 2023 los tribunales solo han estimado dos recursos del grupo parlamentario socialista y en ambos casos se reconoce que se ha facilitado información aunque se requería mayor desglose. 

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