El comisionista Víctor de Aldama ha negado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que ni Francina Armengol, actual presidenta del Congreso de los Diputados, en su época de presidenta de Baleares, ni nadie de su gobierno pidiera ni recibiera comisiones por el contrato que fue concendido a su empresa, Soluciones de Gestión, para la adquisición de material sanitario durante la pandemia.
Según fuentes presentes en el interrogatorio, en su declaración como investigado ante el instructor ha sostenido que el contacto con Armengol era Koldo García, asesor del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos.
Aldama, al igual que García y Ábalos, están pendientes de la sentencia que debe dictar el Tribunal Supremo por las comisiones pagadas por el empresario al exministro y su mano derecha. Sin embargo, en la Audiencia Nacional se investigan varias piezas por otras irregularidades.
En una de ellas se investigan los contratos a Soluciones de Gestión por parte del Gobierno balear y por el Gobierno canario cuando lo presidía Víctor Ángel Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.
Aldama ha explicado que la situación de Armengol y de Torres es distinta. “Así como vengo insistiendo que Torres pedía dinero y mordidas no le consta que nadie de la administración balear pidiera dinero”, ha indicado.
Durante el último año, este empresario ha venido reconiciendo el pago de mordidas a Koldo García y a Ábalos, al igual que a otros altos cargos, a cambio de contratos. Hoy ha vuelto a insistir en que pagaba al asesor 10.000 euros para que le facilitara contratos y le abriera puertas a otras administraciones.
La declaración de Aldama se produce después de que la unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civil entregase un informe al juzgado en el que afirmaba que los contratos de material sanitario “constituirán parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Víctor de Aldama venía pagando a Koldo”, una relación que le permitía al empresario, según los investigadores, “tener acceso” al exministro.
Además, el atestado recogía que esta “relación económica” se mantuvo hasta ocho meses más tarde de que Ábalos y Koldo García fueran cesados del Ministerio de Transportes en julio de 2021, por lo que “este patrón” de pagos de Aldama no se ceñiría “a actuaciones concretas” sino “al aseguramiento de su capacidad de influencia” para obtener “un lucro económico”.
