Las ocho empresas identificadas por el juez José Luis Calama por servir para canalizar pagos hacia el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero apenas funcionan como cascarones sin actividad ni empleados en los que entra y sale el dinero a través de escasos apuntes contables, según se aprecia en sus cuentas depositadas en el Registro Mercantil.
Todas ellas suman apenas un empleado, el de Inteligencia Prospectiva SL, y en el último año en el que cada una depositó sus cuentas las pérdidas conjuntas fueron de 463.365 euros. El patrón es parecido en casi todas: con escaso patrimonio, acreditan ingresos que en conjunto ascienden a 270.344 euros, mientras que la partida de “otros gastos de explotación” recoge importes que acaban provocando los números rojos. El último ejercicio no es coincidente porque algunas han venido presentando cuentas hasta el 2024 y otras no lo hacen desde antes.
Análisis Relevante, la sociedad de Julio Martínez Martínez, con domicilio en la calle Diego de León de Madrid, aparece en el centro de la trama por pagar 490.780 euros entre el 2020 y el 2025 a Zapatero por labores de consultoría y otros 239.755 euros a la empresa de sus hijas Whathefav.
En cambio, no tiene empleados y en su último ejercicio fiscal del que ha informado al Registro Mercantil, el 2023, perdió 39.551 euros después de ingresar 125.875 euros. Es, dice el juez en el auto, “una pieza instrumental dentro de una estructura financiera diseñada para canalizar fondos procedentes de varias sociedades”.
Otra sociedad bien identificada en la investigación es Inteligencia Prospectiva SL, con domicilio social en el Paseo de La Habana de Madrid y creada en el 2020. Es una consultora con dos administradores solidarios, los hermanos y empresarios venezolanos Guillermo Alfredo y Domingo Arnaldo Amaro Chacón.
Es la única de todas que acredita un empleado. En sus últimas cuentas también recoge escasa actividad y unos resultados consistentes en ingresos de 34.936 euros y pérdidas de 316.867 euros. En la trama, dice el juez, es un punto de entrada de fondos extranjeros simulados con ampliaciones de capital, que luego se distribuyen hacia otras sociedades, incluida Whathefav, mediante contratos ficticios.
Otra empresa es Softgestor, que fue registrada el martes junto a la de las hijas de Zapatero e Inteligencia Prospectiva. Domiciliada en la calle Marde Kara de Madrid, su último año en el que ha registrado las cuentas fue el 2019, en el que perdió 87.499 euros después de ingresar 59.462 euros.
Tiene como administrador único al abogado Carlos Alberto Parra Delgado, apoderado de empresarios venezolanos en España, y dice que se dedica a servicios administrativos. El juez considera que funciona como un vehículo de canalización de fondos, “justificando pagos mediante contratos de asesoría internacional intercambiables y carentes de contenido real”.
Operaciones “carentes de causa económica”
También aparece Caletón Consultores, controlada por Santiago Fernández Lena, que es según el juez una sociedad instrumental usada para canalizar fondos de Plus Ultra hacia el entorno de Julio Martínez. Esta sociedad aparece en el registro mercantil, pero nunca ha entregado un informe contable.
También está Iot Domotic Europe, que recibe fondos y formaliza operaciones “carentes de causa económica, desdibujando el origen de los fondos procedentes de Plus Ultra”, dice el juez. Es la única que publica un beneficio en sus cuentas, de 11.950 euros, después de ingresar 22.799 euros.
Voli Analítica sirve para recibir y redistribuir fondos, todo ello según el auto. Pierde algo más de 31.000 euros después de ingresar 27.272 euros. Idella Consulenza Strategica, representada por Julio Martínez, sirvió para ocultar pagos pactadas con Plus Ultra hacia cuentas bancarias en el extranjero, con unas pérdidas de 393 euros y sin información sobre ingresos. Hay una última, llamada Afitta, que da soporte documental.
