El Gobierno ha defendido este jueves, con un extenso documento, el préstamo de 53 millones de euros concedido el 9 de marzo del 2021 a la aerolínea Plus Ultra. Una ayuda económica, con cargo al fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas tras la crisis de la pandemia del coronavirus, ahora en el ojo del huracán jurídico, político y mediático tras la imputación del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de corrupción que tendrían su origen en este rescate del Ejecutivo.
Plus Ultra, como compañía aérea, “formaba parte de un sector estratégico, como así lo marcaba la normativa, y cumplía los requisitos en una empresa de este sector”. “Las ayudas responden a un procedimiento administrativo”, alega el Gobierno.
Y argumenta que las compañías aéreas que lo necesitaron por el impacto de la pandemia, “y cumplían los requisitos”, recibieron los préstamos de este fondo gubernamental. En concreto, un total de 890 millones de euros para Air Europa, Volotea 200, Air Nostrum, Plus Ultra, Wamos Air y Evelop Airlines, como beneficiaria de la ayuda de Avoris.
“La adjudicación de los préstamos se basa en un marco reglado, donde no cabe la discrecionalidad, ni la arbitrariedad, ni la discriminación. La normativa exige el estricto cumplimiento de los requisitos establecidos”, justifica el Ejecutivo. En el procedimiento administrativo, añade, participan los servicios técnicos de la Sepi, asesores externos y la propia compañía beneficiaria.
El Gobierno resalta así que “la resolución favorable del expediente por parte del consejo gestor se tomó en base a media docena de informes técnicos”. “Todos ellos avalaron y confirmaban el cumplimiento por parte de Plus Ultra de los requisitos establecidos. Con posterioridad, el Consejo de Ministros autoriza la propuesta del consejo gestor”, señala.
“Estos préstamos tienen un exhaustivo control por parte de la Administración, con un procedimiento administrativo y garantista”, subraya el Gobierno. Y, respecto al expediente concreto de Plus Ultra, dentro del fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, asegura que “fue tramitado y avalado por los servicios técnicos de la Sepi, contó con el asesoramiento de sendos asesores financiero y jurídico externos, fue revisado infructuosamente por el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, por la Fiscalía, por numerosas acusaciones populares, y también por un perito judicial, y analizado por la Comisión Europea, “que no halló ninguna irregularidad en el régimen de ayudas de Estado”.
Además, el Ejecutivo indica que dicho expediente está incluido en la auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado, fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, “concluyendo la legalidad de la ayuda”, y fue objeto de “puntual seguimiento” por la Comisión Europea. Y concluye que también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló el régimen de ayudas.
