Bureau Veritas desembarcó en España hace más de un siglo y medio. El grupo francés no eligió ni Madrid ni Barcelona, sino que se instaló en Cádiz. Era 1854 y allí se concentraba la industria naval a la que podía vender sus servicios de certificación e inspección de buques.
Han transcurrido más de 170 años y aquella actividad hoy apenas supone una pequeña porción de su negocio. “Trabajamos para grandes compañías de sectores como la energía, automoción, defensa, comercio, construcción, renovables, alimentación…”, comenta Teresa Rodón, consejera delegada y vicepresidenta en España y Portugal.
La empresa aterrizó en España en 1854 para trabajar para la industria naval de Cádiz
A pesar de haber desembarcado en Cádiz, la sede central de Bureau Veritas en la Península se encuentra desde hace tiempo en Sant Cugat. El centro catalán se consolidó a raíz de la adquisición en 2007 de la empresa de certificaciones ECA. Desde entonces, es el punto de referencia de un mercado en el que factura 246 millones al año y emplea a un total de 2.980 trabajadores entre ambos países.
Cotizada en el CAC 40 (el índice francés de referencia), la multinacional está en manos de varias firmas de inversión, entre las cuales destaca con el 21% la sociedad francesa Wendel, controlada por la familia De Wendel.
“Este año esperamos crecer en torno al 8% porque estamos apostando por sectores de alto crecimiento, como la ciberseguridad, las energías renovables o las infraestructuras críticas”, comenta la directiva barcelonesa, que asumió el cargo hace tres años. A nivel geográfico, comenta, es difícil crecer porque la firma ya cuenta con delegaciones en cada capital de provincia.
En la misma línea, el grupo reconoce que es difícil crecer a doble dígito en sectores tradicionales donde ya está asentado desde hace décadas. De hecho, Bureau Veritas es uno de los líderes en lo suyo. En el ámbito de las certificaciones, asegura tener una cuota de mercado del 25%, mientras que en el sector de las inspecciones y los ensayos de laboratorio la cuota de mercado varía en función de cada región española.
El grupo también contempla crecer vía adquisiciones. Tiene presupuesto de sobras para hacerlo. En el 2025, ingresó 6.466 millones de euros, un 6,5% más, y registró un beneficio neto de 588 millones, un 3% más. “Cuando surgen oportunidades, solicitamos a la matriz el capital necesario. Siempre estamos estudiando el mercado”, comenta. El único requisito, añade, es que los negocios adquiridos tengan como mínimo 30 millones de ingresos al año.
En España, las últimas operaciones relevantes han tenido lugar en Madrid –con la adquisición el año 2025 de la empresa Sólida, que emplea a 150 personas y está vinculada con las certificaciones en el mundo de las renovables– y en Sabadell, con la compra el año 2024 del grupo IDP, que emplea a 600 trabajadores y está especializado en el ámbito de los residuos industriales.
Otra de las vías de crecimiento se encuentra en la administración pública. Esta división representa algo más del 5% del negocio pero el grupo considera que podría ser mucho mayor. “Las empresas del sector nos hemos movilizado conjuntamente para reclamar a la administración que sea necesaria la figura de un tercer experto independiente que certifique el cumplimiento de lo acordado en los contratos públicos”, señala. En este sentido, Rodón lamenta que ahora las certificaciones o inspecciones en los contratos públicos sean realizadas por empresas contratadas por la parte interesada y eso, denuncia Rodón, puede reducir la imparcialidad del resultado.
