Carlos Cuerpo (Badajoz, 1980) lleva más de tres años como ministro de Economía y desde marzo ocupa además la vicepresidencia primera del Gobierno, un periodo en el que ha ido ganado peso político en el Ejecutivo. Sigue de independiente y no se presenta como candidato a las próximas elecciones, pero defiende a fondo la tarea realizada por el Gobierno e incide especialmente en la sostenibilidad de las pensiones y en que los jubilados tienen garantizado mantener el poder adquisitivo gracias a una ley a la que el PP votó en contra. En esta entrevista con La Vanguardia apunta también a la subida del SMI lo antes posible y confía en que la nueva cuenta de inversión “va a volar”.
PP y Vox
Parece claro que abogan por un modelo de pensiones distinto del actual”
¿Los nueve millones y medio de pensionistas tienen garantizado que el año que viene no van a perder poder adquisitivo?
Sí, rotundamente sí, lo tienen garantizado porque está en la ley, una ley que trajimos nosotros y que aprobamos en el año 2021. Se aprobó, yo creo que es justo decirlo, con el voto en contra de Vox y del Partido Popular. Es una ley que garantiza que las pensiones se actualizan con la inflación para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. Esto está garantizado.
¿Cuándo van a aprobar la revalorización?
También está incluido en la ley que para saber cuánto se van a actualizar se necesita conocer el dato de la inflación de los 12 meses anteriores, y el último de ellos es el del mes de noviembre. Y ese dato se conoce el día 27 de noviembre, justo el viernes anterior a las elecciones, en este caso. Por lo tanto, lo que vamos a hacer nosotros es garantizar que la decisión de actualización se dé dentro del año 2026, en cuanto podamos. En este caso, creemos que hay espacio para aprobar ese real decreto-ley estando en funciones.
¿Aunque se formara un gobierno de PP y Vox, las pensiones se revalorizarían en el 2027 en función del IPC?
No depende de la voluntad de un potencial gobierno de PP y Vox, porque hemos garantizado, como he dicho antes, que está en la ley. Es una reforma del año 2021 y esto, afortunadamente, a estas alturas y en este tipo de circunstancias, sirve para dar ese mensaje de confianza y tranquilidad a los pensionistas.
Habiendo escuchado las últimas declaraciones contradictorias del PP, ¿cuál cree que es su modelo de pensiones?
Es difícil de saber. Lo que parece quedar cada vez más claro es que ellos abogan por un modelo distinto al actual. No acaban de decir qué es lo que cambiarían. Nosotros lo que estamos defendiendo es un modelo público de pensiones que, gracias a las reformas que hemos llevado a cabo, no solo garantiza la actualización de las pensiones con el IPC, es decir, que nuestros pensionistas no pierdan poder adquisitivo, sino que se garantiza también, gracias a estas reformas, la sostenibilidad del sistema hacia delante. Por lo tanto, dos elementos clave en las reformas que introdujimos en el 2021 y en el 2023, y vuelvo a repetir, a pesar del voto en contra, en este caso, de Vox y Partido Popular.
¿El modelo que tiene en mente el PP es un modelo distinto, un modelo mixto, pensiones públicas y privadas?
No sabemos exactamente qué es lo que hay detrás de ese cambio que proponen. Si es en parte un cambio a un modelo de pensiones más privatizadas, entre comillas, donde el riesgo no corra a cargo de un Estado que sea el asegurador en última instancia, sino que corra a cargo de cada uno de los trabajadores, o si es que están pensando en algún cambio en las pensiones, en la edad de jubilación. En realidad, no lo sabemos porque no lo están diciendo.
¿El sistema de pensiones es sostenible?
Yo defiendo que las pensiones son sostenibles, que las reformas que hemos introducido están garantizando la sostenibilidad de las pensiones, y además los datos lo están confirmando. Por un lado, tenemos un informe de la Airef de que no son necesarias medidas adicionales. Lo que la Airef también señala es que hay que mirar a la sostenibilidad en su conjunto, porque parte de las fuentes de financiación de las pensiones viene también de transferencias del Estado. Y nosotros tenemos en este caso además una doble garantía de sostenibilidad: la primera, a través de esta regla de gasto de las pensiones, que se está cumpliendo, y la segunda, a través de cumplir con las reglas fiscales también a nivel europeo, lo que garantiza la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas.
Lo que sí que hay que mantener son las transferencias del Estado a la Seguridad Social para pagar estas pensiones.
Este es un elemento que se introdujo en las discusiones dentro del Pacto de Toledo con respecto a que ciertos gastos de la Seguridad Social se financiarían a través de transferencias.
Hay opiniones que apuntan que parte de este dinero estaría mejor empleado en otras partidas, como educación.
Nos hemos dado un marco para discutir el impacto a largo plazo de la evolución de todo lo que tiene que ver con pensiones, que es el Pacto de Toledo, donde se acuerdan este tipo de cuestiones. En cuanto a usos alternativos, pues aquí podemos, efectivamente, comparar modelos con respecto a qué tiene que dedicarse la recaudación pública, y conocemos otros modelos, por ejemplo, otros partidos que están diciendo que España debería dedicar el 5% de su producto interior bruto a gasto en defensa. Es decir, tres puntos más de lo que estamos gastando hoy en día. Eso son en torno a 48.000-50.000 millones. 48.000-50.000 millones. Las transferencias del Estado a la Seguridad Social están ligeramente por encima de los 22.000 o 23.000 millones, para que nos hagamos una idea de órdenes de magnitud. Por lo tanto, nosotros lo tenemos muy claro, que la prioridad en este caso, a través del refuerzo del Estado del bienestar, será el gasto social.
¿Aprobarán la subida del salario mínimo antes de las elecciones?
Hemos empezado ya los primeros pasos de la aprobación de la nueva actualización del salario mínimo, que es encargarle a la comisión de expertos que elabore un informe, que actualicen cuál creen que tiene que ser la referencia para el año 2027 de incremento. Esperamos en las próximas semanas el resultado para intentar que en el diálogo social se llegue a un acuerdo que podamos llevar cuanto antes al Consejo de Ministros y, si es posible, claro, por supuesto que sí, antes de las elecciones, ¿por qué no?
Entonces, tienen intención de aprobar la subida del SMI y de anunciar la subida de las pensiones antes de las elecciones. ¿Estas dos iniciativas no son electoralista?
El calendario, por ejemplo asociado a la actualización de las pensiones, es el que es. Necesitamos conocer el dato de noviembre y vamos a ir cumpliendo lo que dice la normativa e intentando actualizar a tiempo para la llegada del 2027, para que los pensionistas no tengan ningún tipo de incertidumbre.
¿Reconocerá que les va bien dar estas noticias antes de las elecciones?
Pero es que estas noticias, las dos en concreto que estamos hablando, las llevamos dando año tras año desde los últimos ocho años. ¿Por qué? Porque son políticas inherentes a nuestro modelo. En materia de pensiones y también en materia laboral. Por lo tanto, yo creo que no sorprende a nadie que el Gobierno vaya otra vez a actualizar las pensiones con el IPC y que el Gobierno vaya otra vez a incrementar el salario mínimo en un porcentaje significativo.
Uno de los graves problemas actuales es la inflación, que está disparada y que pagan especialmente los más vulnerables. Han aprobado tres paquetes de medidas, pero el impacto sigue.
Efectivamente, este viernes acabamos de convalidar el tercer paquete de medidas para amortiguar el impacto de la guerra de Irán. Un paquete de 12.000 millones de euros para proteger de nuevo a los hogares, pero también a empresas y sectores particularmente afectados. Nosotros estimamos que el impacto en cuanto a la amortiguación del shock de inflación está en torno al 40%-50% de ese shock amortiguado para hogares y para empresas, que es una cuantía significativa. En cualquier caso, efectivamente, la incertidumbre persiste.
¿Un gobierno en funciones tendría la capacidad de alargar estas medidas?
Este tipo de medidas urgentes y de necesidad y de interés general entran dentro de las medidas que se pueden implementar también con un gobierno en funciones, medidas que se tendrían que convalidar de nuevo por parte del Congreso en la formación que fuera.
Con los decretos de vivienda que han aprobado, ¿no hay peligro de enfrentar a propietarios con inquilinos?
Al contrario, estas medidas están tomadas para que no haya una confrontación entre pequeños propietarios e inquilinos. Lo que hacemos son deducciones para los inquilinos y a la vez ahorro fiscal para los propietarios. ¿Quién la paga? El Estado. El Estado está pagando que, por ejemplo, un propietario que le baja el 5% el precio a un inquilino acabe ganando más que si le subiera el precio. El Estado está pagando esas deducciones al alquiler a un inquilino que tiene, por ejemplo, 22.000 euros de renta y que está pagando 950 euros al mes, pues se va a poder deducir hasta 1.100 o 1.100 y poco, es decir, más de una mensualidad. Y no es a costa del propietario, no estamos enfrentando a nadie, al contrario. Por eso digo que alquilar bien salga a cuenta, tanto para los inquilinos como para los pequeños propietarios. Tenemos muchos pequeños propietarios que están haciendo ese esfuerzo de no actualizar las rentas o dar un alivio a sus inquilinos. Pues en este caso, ese tipo de actitudes ahora las incentivamos a través de estos beneficios fiscales.
¿La falta de mayorías en el Parlamento es la que ha impedido tomar más medidas en la vivienda?
Ha habido bastantes medidas que hemos llevado adelante. Ha habido otras que, efectivamente, la división o la falta de mayoría en el Parlamento han impedido llevar adelante, pese a que muchas veces incluso se decía que estas medidas eran necesarias, como es, por ejemplo, el caso de la ley del Suelo, o como ha sido el último real decreto ley que finalmente acabó no convalidándose.
La vivienda es el tema central de la convocatoria de la huelga general, ¿usted la ve justificada?
Nosotros respetamos la decisión de los sindicatos, ellos la justifican efectivamente en base a la situación de la vivienda y el impacto que esta vivienda tiene, las condiciones laborales y las condiciones de vida y salariales de los trabajadores.
¿La cuenta para inversión que se ha aprobado necesita algún desarrollo reglamentario para que los bancos la puedan ofrecer?
Ahora estamos ya en el siguiente paso, y es que efectivamente este producto pueda ser ofrecido a través de los bancos, y esperemos poder hacerlo lo antes posible. Ya las principales condiciones están establecidas, falta el último paso ya de detalle reglamentario, y estamos ya con esos últimos pasos para ser capaces cuanto antes. Es simplemente acabar de aterrizar con las entidades financieras el lanzamiento del producto, y lo haremos cuanto antes.
¿Confía en este producto?
Este producto va a volar. No sé si usted tendría interés o no en este tipo de producto de ahorro, ahora me lo dice, pero me está llegando mucho interés y mucha curiosidad porque es algo que ha faltado. Aquí estamos hablando de que para el pequeño ahorrador, porque lo hacemos así, de 0 a 150.000 euros de ahorro, pues para ese pequeño ahorrador que tenga unos ahorros de 15.000, 10.000, 20.000 euros, y que los mantenga en esta cuenta durante cinco años, las ganancias no van a tributar. Y esto, de nuevo, puede suponer una diferencia. Muchas veces, ¿qué es lo que solemos hacer con nuestros ahorros en España? Dejarlo en nuestra cuenta corriente, donde pierde dinero, o intentar buscar alternativas como pueda ser el ahorro en vivienda.
¿Tiene posibilidades Pablo Hernández de Cos de convertirse en el presidente del BCE?
Creemos que sí, por eso estamos empujando por su candidatura. Es la primera vez que España opta a la presidencia de una de las entidades más importantes de toda la Unión Europea. España no ha tenido nunca un presidente o presidenta. Creemos que es el momento adecuado. Tenemos un candidato que creemos también que es el adecuado. Estamos haciendo evidentemente un proceso de conversación, de diálogo con nuestros pares, con el resto de los estados miembros, para ser capaces de poner esta candidatura como una candidatura vencedora, que creemos que es lo que tiene que ser.
¿La crisis de inmigración de Ceuta daña las expectativas electorales del PSOE?
La crisis de Ceuta tenemos que enfocarla mucho más allá de lo que supone un impacto o un rédito electoral. Y si desde el PP lo están enfocando así, es un enfoque erróneo. Para el Gobierno, Ceuta es ahora mismo un esfuerzo y una prioridad en materia de gestión, en materia de gestión de la situación de la ciudadanía de Ceuta. La semana que viene estaré en Ceuta, entre otras cosas, para firmar un convenio con la Cámara de Comercio para las ayudas que también pusimos en el real decreto ley de Ayudas Económicas a Ceuta. De nuevo, pasos para seguir recuperando esa normalidad, gestión y trabajo para ello es lo importante.
Usted no es militante del PSOE, pero lleva ya unos años de ministro y meses de vicepresidente primero. ¿Por qué no va en las listas?
Llevo ya muchos años de compromiso con un proyecto en el que creo y que creo que merece la pena y que creo que debería de continuar para seguir consiguiendo, en este caso, derechos y ganancias para los españoles. A partir de ahí voy a aportar en todo lo que pueda, por supuesto, tanto en esta precampaña como durante la campaña ayudando a que este modelo en el que creo pueda convencer a todos los españoles que podamos para ser mayoritario. No necesito presentarme para aportar en ese sentido y ser o estar igual de comprometido que lo estaba desde el primer día.
