La Generalitat ingresará este 2025 unos 3.000 millones de euros en impuestos ligados a la actividad inmobiliaria, lo que supone un récord desde los años de la burbuja. Y es que la recaudación de los dos principales tributos que gestiona la administración catalana y que gravan la compraventa de vivienda ha crecido a doble dígito, tal y como muestra el último informe de ejecución del presupuesto, publicado este mes.
Así, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) ha aportado 2.207,1 millones de euros entre enero y noviembre, un 17,7% más que en el mismo periodo del año pasado. En cuanto al impuesto de actos jurídicos documentados (AJD), la recaudación crece un 22,4%, hasta los 756 millones. A ello se añade el Impuesto de Operaciones Societarias, con el que la Generalitat ha recaudado 11,5 millones de euros. En total, los tres suman 2.974,6 millones a falta de contabilizar el mes de diciembre, cuya información aún no está disponible. De esta manera, Catalunya superará muy probablemente los 3.000 millones de euros en impuestos sobre la vivienda en el conjunto del año, cuando en el 2024 alcanzó los 2.772,5 millones.
El informe de ejecución del presupuesto atribuye el fuerte aumento de la recaudación al alza en el número de compraventas de pisos. “El incremento de precios de la vivienda no se ha reflejado en las bases imponibles del impuesto de manera directa porque en una parte importante de las transacciones se tiene en cuenta el valor de referencia, que ha crecido menos que los precios”, sostiene.
La bajada de tipos y la fuerte demanda de vivienda ha disparado las operaciones a máximos de casi dos décadas. Solo entre enero y octubre se han vendido en Catalunya 95.6510 viviendas, el 80,6%, usadas. El ITP se aplica sobre estos inmuebles de segunda mano y representa el segundo impuesto por recaudación más relevante para la financiación de las comunidades autónomas.
En el caso de Catalunya, el Govern reformó este tributo este año, fruto de un acuerdo con el grupo de los Comunes para penalizar la compra de vivienda por parte de inversores. El cambio fiscal introduce una escala de gravamen progresiva por tramos de valor del inmueble, con un tipo mínimo del 10% para viviendas de hasta 600.000 euros y un máximo del 13% para las de más de 1,5 millones. Los porcentajes no se aplican de forma global a todo el precio, sino de manera escalonada por tramos, si bien existen excepciones por situación personal y renta. Además, el Govern aprobó un tipo especial del 20% para grandes tenedores, las personas físicas o jurídicas con cinco o más viviendas en zonas declaradas como tensionadas (prácticamente toda Catalunya) o con diez viviendas en el resto del territorio. De esta manera, Catalunya se ha convertido en una de las comunidades con el tipo impositivo más alto en el ITP.
El departament d’Economia no cuenta la vivienda de uso habitual para considerar a alguien gran tenedor, aunque este inmueble sí computa a la hora de aplicar el tope a los alquileres.
Por su parte, el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, conocido como impuesto de las hipotecas, tiene un tipo del 1,5% en Catalunya.
La reforma del ITP y la subida para los grandes tenedores puede no ser la única reforma tributaria ligada a la vivienda que acometa el Govern de Salvador Illa. La consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, explicó en una reciente entrevista con la ACN que estudiarán retocar de nuevo la fiscalidad para desincentivar la compra de vivienda para invertir, lo que denominan “compra especulativa”. De nuevo, para cumplir un pacto con los Comunes, que piden directamente prohibir este tipo de operaciones.
